Madrid.- Amnistía Internacional ha comprobado que niños y niñas, en algunos casos de sólo 9 años, y sin estar acompañados por una persona adulta, pueden comprar sin ninguna dificultad videojuegos para adultos, tanto en grandes superficies como en establecimientos especializados. Ésta es la primera conclusión del Informe sobre videojuegos “Acceder a violaciones de derechos humanos virtuales: un juego de niños” presentado hoy por la organización.
La prueba se ha realizado en seis ciudades de cinco Comunidades Autónomas, de las cuales cuatro tienen una legislación que prohíbe específicamente el acceso de menores a videojuegos no recomendados para su edad. En todos los casos, las y los dependientes a los que Amnistía Internacional consultó señalaron que nunca han recibido indicaciones sobre la prohibición de vender o alquilar videojuegos para adultos a menores. Esta respuesta se obtuvo incluso en las Comunidades Autónomas en las que la legislación recoge esta prohibición. En los establecimientos visitados en catorce ciudades de nueve Comunidades Autónomas, activistas de Amnistía Internacional comprobaron también que no existe una exposición de los videojuegos claramente separada en función de las edades a las que van dirigidos.
Dejación de responsabilidad del Gobierno: la autorregulación no funciona Los videojuegos son la oferta de ocio preferida por la población española, especialmente entre adolescentes, y el Estado español no asume la responsabilidad de garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad. “A pesar de la obligación derivada de las normas internacionales de derechos humanos y derechos de la infancia y adolescencia, el Gobierno español sigue apostando por la autorregulación voluntaria de las empresas, sin establecer normas de ámbito estatal que impidan el acceso de los menores a videojuegos clasificados para adultos o que directamente banalizan las violaciones de derechos humanos”, asegura Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España.
Para la organización, continúan las deficiencias del sistema de clasificación PEGI; un sistema basado en la autovaloración de las propias empresas de software de entretenimiento, cuya prioridad es la venta y distribución de los videojuegos, y que se adscriben voluntariamente a él. Los iconos descriptores que se incorporan a los videojuegos no aportan una información suficiente ni clara acerca del contenido ni de su clasificación por edad, ni por lo general las personas encargadas de la venta de videojuegos cuentan con la información adecuada para saber interpretar estos iconos.
En al menos dos casos, los dependientes consultados interpretaron el icono referido a contenidos con comportamientos sexuales o desnudos como un indicativo de que el juego está diseñado tanto para niños como para niñas; en otros dos, interpretaron que la clasificación por edad se refería al nivel de dificultad que tenían los juegos.
Un año después del compromiso del Gobierno, continúa la desprotección de los menores El Gobierno demuestra un escaso compromiso con la protección de la infancia y adolescencia en este ámbito, lo que se manifiesta en la falta de medidas significativas para controlar el acceso de menores a los videojuegos, y la falta de seguimiento de las medidas ya tomadas.
La comisión de seguimiento del sector y de la aplicación del código PEGI anunciada por el Ministerio de Sanidad y Consumo el 20 diciembre de 2006 aún no ha sido constituida, ni ninguna de las organizaciones que en los últimos años han mostrado preocupación por el acceso de los menores a videojuegos inadecuados ha sido invitada a participar en ella. Tampoco la campaña informativa presentada en aquella misma ocasión parece haber llegado a los establecimientos comerciales, según ha comprobado Amnistía Internacional en los establecimientos visitados en catorce ciudades de nueve Comunidades Autónomas.
Sobre el Plan Estratégico de Infancia, el Gobierno español no ha impulsado ninguna iniciativa significativa con relación al acceso de menores a videojuegos y tampoco se ha hecho pública aún ninguna conclusión del grupo de trabajo interministerial creado en abril de 2005 sobre esta cuestión.
En cuanto a la participación de España en las iniciativas de ámbito europeo, AI lamenta la pobre colaboración del Gobierno español con el estudio llevado a cabo por el Consejo Informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea durante el primer trimestre del año, para conocer cómo se aborda en los diferentes estados miembros la protección de los menores frente a videojuegos “que ensalzan la violencia”.
Recomendaciones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional pide al Gobierno que establezca un marco legal que regule la venta, alquiler y difusión por cualquier otro medio de videojuegos con contenidos nocivos para el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. El Gobierno español debe establecer un marco legal que regule la protección de menores frente a la venta, alquiler y difusión por cualquier otro medio frente a videojuegos clasificados para adultos o que banalizan violaciones de derechos humanos. Esta legislación debe contemplar medidas de control y penalización a quiénes la incumplan; y debe dotar a los padres, madres y menores de mecanismos efectivos de reclamación. Esta iniciativa no es incompatible con las medidas para mejorar el procedimiento de clasificación de videojuegos y de identificación de contenidos del código PEGI.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, deben incorporar en su legislación, si no lo han hecho ya, la prohibición de la venta, alquiler y difusión de videojuegos con contenidos que atentan contra los Derechos Humanos y, sobre todo, establecer medidas efectivas para el cumplimiento de esta prohibición.
