
CC by Patrick Breitenbac, vía Flickr

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Esta semana destacamos las siguientes noticias: Un tribunal israelí ordena prolongar la detención de dos activistas de la flotilla arrestados en aguas internacionales. En la República Democrática del Congo denunciaremos los generalizados de las Fuerzas Democráticas Aliadas contra civiles. En Canada, los discursos racistas y xenófobos impulsan en Internet el odio contra las mujeres y personas LGBTQI+ racializadas. Y terminaremos en Irán, donde, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha (…)
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Este es otro ejemplo de cómo se utiliza el sistema judicial de Israel para legitimar la detención arbitraria en lugar de frenarla. Su encarcelamiento continuado es ilegal y de represalia. Su detención sigue un patrón largamente documentado en el que Israel criminaliza el activismo pacífico y utiliza acusaciones de “seguridad” infundadas para silenciar la disidencia.
El español-palestino Abukeshek Saif y el brasileño Thiago Ávila fueron arrestados junto a otros 170 activistas de la flotilla. Los gobiernos de España y de Brasil tienen la obligación de proteger a sus nacionales de la detención arbitraria y los abusos. Deben exigir un acceso constante y asegurar la liberación inmediata de sus ciudadanos.
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Las violaciones cometidas por el grupo vinculado al Estado Islámico constituyen crímenes de lesa humanidad. Un informe de Amnistía Internacional documenta secuestros y trabajos forzados, reclutamiento y uso de menores, y abusos y crímenes adicionales contra mujeres y niñas como matrimonios forzados, embarazos forzados y otras formas de violencia sexual.
La violencia de este grupo está contribuyendo a una intensificación de la crisis humanitaria. Los combatientes de han asaltado comunidades y fincas, han atacado centros médicos, y saqueado e incendiado viviendas. Sus ataques han aumentado el desplazamiento e interrumpido servicios básicos como el acceso a alimentos, atención médica y educación.
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Amnistía Internacional denuncia la propagación de odio en el entorno digital concebida para intimidar, deshumanizar y atacar a las mujeres y personas LGBTQI+ migrantes y racializadas. Se enfrentan así a un cóctel de odio racista, xenófobo y misógino que está impregnado de las ideas de supremacía blanca.
Tras analizar miles de publicaciones y comentarios en redes sociales, la organización denuncia insultos y el uso de un lenguaje racista equiparándolas con animales o enfermedades. Además, los discursos que las presentan como “cargas” económicas y candidatas a la exclusión, la expulsión del país y la violencia.
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Esta semana perdió el conocimiento dos veces y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. No es la primera vez que Narges sufre una crisis cardíaca. En marzo sufrió un infarto, que trataron los funcionarios de la prisión. Las autoridades no permitieron entonces su traslado a un hospital.
Narges lleva años entrando y saliendo de la cárcel por su trabajo en favor de los derechos humanos. Actualmente cumple una condena de 12 años, 11 meses y 154 latigazos -entre otras sanciones- tras juicios en los que, en ocasiones, ni siquiera ha podido contar con su abogado.
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