Siempre suele decirse que una de las principales víctimas de todo conflicto armado es la verdad. Es una de esas afirmaciones que ha trascendido tanto a lo largo de los siglos que ya resulta tremendamente difícil atribuirle una autoría.
El genocidio israelí contra la población palestina de Gaza no es una excepción. A sus constantes, flagrantes y graves vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se le suma toda una campaña contra la realidad de los acontecimientos que tiene lugar en diferentes frentes: en redes sociales, a través de la desinformación y acusaciones de antisemitismo y/o de apoyo a Hamás ante cualquier crítica a las acciones israelíes; en foros internacionales, construyendo narrativas en las que se presenta a Israel como víctima de un orden jurídico internacional con tintes antisemitas... y en el propio terreno, atacando directamente, deteniendo y provocando la muerte de numerosos periodistas, incluso en casos en los que éstos se identifique claramente, por ejemplo con chalecos o distintivos de prensa.
No es algo nuevo, por desgracia. Una vez podría ser casualidad, dos veces podría ser una trágica coincidencia. Tres veces ya hacen pensar en una acción deliberada: los distintos ataques de Israel contra la libertad de prensa han sido una constante en estos casi 80 años de apartheid israelí contra la población palestina.
Un casco con la inscripción "Prensa" ha sido colocado sobre la tumba de Hamza Dahdouh, un periodista palestino que trabajaba para Al Jazeera y que fue asesinado en un bombardeo israelí sobre Rafah. © picture alliance/dpa | Mohammed Talatene
La región más peligrosa del mundo para el periodismo
Según Reporteros Sin Fronteras, desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el Territorio Palestino Ocupado se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para las y los periodistas. Durante los seis primeros meses de genocidio israelí en Gaza, más de 100 periodistas han perdido la vida a causa de los ataques israelíes indiscriminados. De ellos, al menos 22 murieron mientras ejercían su labor.
Unos datos muy similares a los que ofrece el Comité para la Protección de Periodistas, que reconoce que al menos 157 periodistas y otro personal de medios de comunicación han sido víctimas de homicidio desde el 7 de octubre de 2023 en Israel y el Territorio Palestino Ocupado, por lo que éste ha sido el periodo más mortífero para el periodismo desde que el Comité comenzó a recopilar datos en 1992.
Antes del 7 de octubre, la Franja de Gaza era definida como “el infierno en la Tierra” o “la cárcel a cielo abierto más grande del mundo”. El periodismo en la Franja ya representaba entonces un riesgo extraordinario, enfrentándose a detenciones, violencia, destrucción material, procesos judiciales y negación de acreditaciones. Desde entonces, y con el inicio del genocidio israelí, el Estado israelí ha negado la entrada de medios y periodistas extranjeros, de tal manera que el derecho a la información veraz ha tenido que estar garantizado por las y los periodistas atrapados en el interior. Israel solo permite el acceso a Gaza a aquellos periodistas que están acompañados por las fuerzas armadas, sometidos a supervisión militar.
Desde un enclave completamente asediado y bloqueado, y a través de las redes sociales y la colaboración con medios locales e internacionales, estos periodistas ejercen su labor enfrentándose, además de los riesgos mencionados, a la falta de refugio, de agua y comida, y tanto a los constantes ataques indiscriminados y deliberados de las fuerzas militares de Israel, a desapariciones forzadas, acusaciones israelíes de vinculación con grupos armados, a campañas de difamación y amenazas (incluyendo peticiones de sanción por parte de políticos israelíes), como a presiones de Hamás y la Yihad Islámica.
Los bombardeos indiscriminados y deliberados de Israel han destruido casi toda la infraestructura mediática y comunicativa de la Franja. La inmensa mayoría de la población se encuentra forzosamente desplazada y viviendo en tiendas de campaña. Ello incluye a cientos de periodistas que, con unas pobres condiciones humanitarias y económicas, están completamente expuestos a los ataques israelíes.
Wael Dahdouh, jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza, llora durante el funeral de su hijo Hamza, quien también trabajaba como periodista para Al Jazeera y murió en un bombardeo israelí sobre Rafah. © picture alliance/dpa | Mohammed Talatene
Uno de los últimos y más terribles ejemplos de ello tuvo lugar la madrugada del 7 de abril de 2025. Israel atacó con un dron una tienda que albergaba periodistas ubicada, junto con otras decenas de ellas, en el hospital Al Nasser de Jan Yunis, donde los reporteros realizaban su trabajo y descansaban. El ataque, perpetrado mediante un dron, mató a dos informadores (un periodista y un ayudante de cámara) e hirió a otros nueve.
En dicha zona hay más de 45 tiendas de periodistas que trabajan para medios internacionales, árabes y locales. El misil atacó directamente la tienda donde trabajaba un equipo de la Agencia de Noticias Palestina, provocando una gran explosión y el incendio de la tienda. Además de los dos periodistas mencionados, otra persona murió cerca por la metralla del bombardeo, que dañó otras siete tiendas de periodistas.
Además, las mujeres periodistas sufren discriminación de género, como el acceso limitado a ciertas áreas. Nada de ello impide, no obstante, que el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza sea sea uno de los contextos de graves vulneraciones de derechos humanos más documentados.
En Cisjordania, las y los periodistas ya sufrían una constante represión tanto por parte de la Autoridad Nacional Palestina como por parte de las fuerzas militares israelíes y de los colonos de los asentamientos israelíes ilegales. Desde los ataques del 7 de octubre, la presión se ha intensificado con detenciones y obstáculos a la libertad de prensa.
El acoso por parte de los colonos y las fuerzas israelíes ha ido en aumento, y la impunidad ante estos abusos es la tónica generalizada. Pero la información también se ha convertido en un objeto de deseo para las autoridades palestinas. De hecho, según afirma Reporteros Sin Fronteras, aunque la ley fundamental de la Autoridad Nacional Palestina garantiza la libertad de opinión y prensa, en la práctica dichas libertades se ven limitadas por los intereses del propio gobierno palestino. Según la organización, la ley sobre ciberdelincuencia de 2017, adoptada por el presidente Mahmud Abbas, restringe severamente la libertad de expresión y en Gaza, el Consejo Legislativo no aprueba nuevas leyes desde 2007.
Un claro ejemplo de cómo el periodismo se puede convertir en un “enemigo común” es el de la cadena Al Jazeera, atacada tanto por Israel como por la Autoridad Palestina. El pasado 1 de enero, el fiscal general palestino ordenó la suspensión de Al Jazeera en el Territorio Palestino Ocupado, después de que este medio informara con dureza sobre la violenta represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad palestinas, desde el 5 de diciembre de 2024, tanto en el campo de refugiados de Yenín como en toda la Cisjordania Ocupada. Al menos 8 personas palestinas murieron como consecuencia de la violencia, entre ellas una joven periodista. La misma cadena, Al Jazeera, vio como en mayo de 2024, las fuerzas israelíes irrumpían en la sede utilizada por la cadena en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental y como en septiembre del mismo año, la sede en Ramala era registrada por el ejército israelí, tras la orden judicial que disponía su cierre durante 45 días en septiembre de 2024. La decisión se tomó en virtud de una nueva ley conocida como “Ley Al Yazira”, que autoriza al ministro de telecomunicaciones, con la aprobación del primer ministro, a tomar medidas represivas contra los medios extranjeros que emitan contenido considerado una amenaza para la seguridad nacional durante la guerra en Gaza.
Para los expertos de Naciones Unidas, “el verdadero objetivo de la Autoridad Palestina es bloquear el escrutinio internacional y silenciar las críticas incómodas”. Al mismo tiempo, los registros y cierres por parte de Israel ilustran claramente los extremos a los que las autoridades israelíes están dispuestas a llegar para protegerse de una cobertura informativa crítica y del escrutinio público.
Vigilia a la luz de las velas para denunciar el asesinato de la reportera de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. © picture alliance/dpa | Mohammed Talatene
Las críticas y las denuncias de los ataques a la población palestina sufren una constante persecución israelí
Reporteros Sin Fronteras también denuncia cómo las voces disidentes en Israel encuentran cada vez mayores dificultades para difundirse, mientras que la cobertura independiente sobre Gaza está claramente restringida. Los periodistas identificados como árabes sufren mayores intimidaciones y, desde el inicio del genocidio israelí contra la población palestina de Gaza, Israel ha intensificado la presión contra reporteros árabes, extranjeros e incluso israelíes que cubren la ofensiva israelí de forma crítica y no alineada con el discurso oficial.
Bajo el sistema de censura militar en Israel, la cobertura de temas de seguridad debe ser aprobada previamente por las autoridades. Además, los periodistas pueden enfrentar procesos civiles y penales por difamación y por "insultos a un funcionario público".
En 2023, el parlamento israelí (Knesset) aprobó una enmienda a la Ley Antiterrorista que sanciona a quienes consuman de forma sistemática publicaciones consideradas “terroristas” o difundan “llamados directos a cometer actos terroristas”. Reporteros Sin Fronteras considera que esta Ley, por su amplia formulación, representa un riesgo para la libertad de prensa.
A pesar de todo ello, por mucho que Israel intente acosar, intimidar y provocar la muerte de las y los periodistas que buscan informar sobre la realidad del genocidio israelí contra la población palestina de Gaza, nada va a impedir que el mundo siga presenciando tanto las atrocidades del genocidio en Gaza como de la escalada de la violencia en la Cisjordania ocupada.
Muchas gracias a todas aquellas personas que se juegan la vida, cuando no directamente la pierden, para informarnos de todo lo que sucede en la Franja de Gaza. Los procesos de reparación y rendición de cuentas a los responsables del genocidio serán también, sin ninguna duda, gracias a ellas.
