A pesar de que cada vez más países se declaran oficialmente abolicionistas o han dejado en la práctica de aplicar la pena de muerte, las ejecuciones globales siguen en aumento. Entre ellas, resulta especialmente alarmante que algunos Estados sigan ejecutando a personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de 18 años.
George Stinney Jr. era un niño afroamericano que creció en Carolina del Sur, Estados Unidos. En 1944, cuando apenas tenía 14 años fue acusado de la muerte de dos niñas blancas de 8 y 11 años. Tras un juicio alarmantemente breve, a puerta cerrada y con un jurado compuesto sólo por personas blancas y sin una defensa adecuada, fue condenado a muerte. Tres meses después de los hechos, el 16 de junio de 1944, fue ejecutado en la silla eléctrica.
El caso de Stinney se convirtió pronto en un símbolo de todas las injusticias que envuelven la pena capital: discriminación racial, fallos en el proceso judicial, indefensión del acusado. Y sobre todo, claro, la imposibilidad de revocar el castigo… En 2014, con 70 años de retraso, un tribunal de Carolina del Sur anuló oficialmente su condena señalando que no recibió un juicio justo. Pero ya era demasiado tarde para que George recibiera algo parecido a la justicia.
Lamentablemente, la pena de muerte a menores de edad no es cosa del pasado. Según datos documentados por Amnistía Internacional, al menos ocho personas fueron ejecutadas en 2024 en Irán y Somalia por delitos cometidos cuando eran menores. Desde 1990, la organización ha documentado 176 ejecuciones de este tipo en 11 países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Activistas se manifiestan en Yakarta contra la pena de muerte. Aunque el derecho internacional prohíbe ejecutar a personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, esta práctica sigue registrándose en algunos países. © picture alliance / Photoshot
¿Está permitida la pena de muerte a menores según el derecho internacional?
La pena de muerte a menores de edad está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Existe una norma clara y vinculante que impide ejecutar a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
El artículo 37(a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado ratificado por casi todos los países del mundo, establece de forma inequívoca que no se impondrá la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años. Esta prohibición es absoluta y no admite excepciones.
Además, el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que no se podrá imponer la pena de muerte por crímenes cometidos por personas menores de 18 años. Este tratado es jurídicamente vinculante para los Estados que lo han ratificado.
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos no menciona expresamente a menores, su artículo 3 reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental inherente a toda persona.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, independientemente del delito cometido, de la edad en el momento en que pudo ser cometido, del método de ejecución empleado o de cualquier otra circunstancia.
Datos clave sobre la pena de muerte a menores de edad
- Al menos 8 personas fueron ejecutadas en 2024 por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años (Irán y Somalia).
- Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado 176 ejecuciones de este tipo.
- Estas ejecuciones se han registrado en 11 países documentados por Amnistía Internacional.
- El derecho internacional prohíbe ejecutar a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
Irán y la pena de muerte a menores de edad
Kazem, 17 años. Taherian, 16. Mehrdad, 16, Mehrdad, 15. Farshid, 14… Así hasta más de 100. En los últimos 35 años, la mayoría de las ejecuciones registradas a menores de edad en el momento del (presunto) delito se produjeron en suelo iraní. Y lo más grave, desde el surgimiento de las protestas del movimiento “Mujer, vida, libertad” en septiembre de 2022, la represión del régimen iraní no ha dejado de recrudecerse, incluyendo la pena de muerte a cientos de personas, entre ellos, menores de edad. De hecho, se calcula que solo en nueve meses de 2025 el régimen iraní habría ejecutado a más de mil personas.
Un año antes, en 2024, Mohammad Reza Azizi fue detenido cuando solo tenía 17 años. Tras un juicio claramente injusto, el tribunal lo consideró culpable en base a un interrogatorio que tuvo lugar sin defensa legal y lo condenó a la pena de muerte. Su ejecución ha sido programada, al menos, en dos ocasiones y Amnistía Internacional considera que su vida sigue corriendo peligro puesto que no se conoce ninguna revocación de la sentencia.
En febrero de 2026, Amnistía Internacional alertaba de la presencia de dos menores de edad entre las 30 personas en peligro de ser condenados a muerte en juicios relacionados con las protestas ocurridas en enero de este mismo año. Estos dos jóvenes iraníes de apenas 17 años están siendo acusados de delitos que se castigan con la pena de muerte y enfrentando juicios llenos de irregularidades, como confesiones obtenidas bajo tortura y ausencia de una defensa adecuada.
Por desgracia, Amnistía Internacional estima que el número de personas ejecutadas en Irán, entre ellos adolescentes menores de edad, puede ser aún mayor, dado que las autoridades retienen a los detenidos en régimen de incomunicación y amenazas a las familias para que guarden silencio sobre la situación de las personas detenidas.
Manifestación en Colonia (Alemania) contra las ejecuciones en Irán, país que concentra la mayoría de los casos documentados de personas ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
Arabia Saudí y la pena de muerte a menores pese a las promesas de reforma
A pesar de que en 2020 el gobierno anunció que cesarían las ejecuciones a jóvenes que hubieran cometido sus delitos con menos de 18 años, en junio de 2023 Amnistía Internacional alertó sobre la imposición de penas de muerte a siete jóvenes que habrían sido menores en el momento del delito. Asimismo, en agosto de 2025, tuvo lugar la ejecución de Jalal Labbad, un joven saudí que presuntamente había cometido los hechos cuando todavía no había cumplido 18 años.
China y la pena de muerte a menores: cifras bajo secreto de Estado
Amnistía Internacional considera a China como el principal ejecutor del mundo, puesto que tiene indicios de que se ejecuta a miles de personas cada año, más que en el resto de todos los países juntos. De forma oficial, la legislación china prohíbe aplicar a la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años, pero las cifras sobre quienes son castigados con la pena capital son tratados como “secreto de Estado”. Así que dada la opacidad de su sistema judicial y la posibilidad de juicios sin garantías en el país, no se puede descartar que en la actualidad se sigan produciendo estos castigos.
¿Por qué algunos países siguen ejecutando a menores pese a la prohibición internacional?
Aunque la prohibición es clara en el derecho internacional, su cumplimiento depende de la voluntad política de los Estados y de la existencia de sistemas judiciales independientes y con garantías.
En algunos países, los procesos penales contra adolescentes se desarrollan en contextos de falta de garantías procesales, confesiones obtenidas bajo tortura, acceso limitado a defensa legal y tribunales que no respetan las normas internacionales sobre derechos de la infancia.
También influyen factores como la opacidad institucional, la utilización política de la pena de muerte como herramienta de disuasión o control social, y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas frente a las violaciones de derechos humanos.
En estos contextos, la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores vulnera tratados internacionales ratificados por esos Estados, y refleja fallos estructurales en la protección del derecho a la vida y de los derechos de la infancia. Mientras esta práctica continúe, la prohibición internacional seguirá siendo papel mojado para quienes nunca deberían haber sido condenados a muerte.
