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Miembros de una familia de migrantes en busca de asilo esperan a ser transportados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos después de cruzar hacia Estados Unidos desde México, 27 de abril de 2021.

Miembros de una familia de migrantes en busca de asilo esperan a ser transportados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos después de cruzar hacia Estados Unidos desde México, 27 de abril de 2021. © REUTERS/Go Nakamura

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México y Estados Unidos deben dejar de enviar a niños y niñas a situaciones de peligro

Por Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR), directora de Amnistía Internacional para las Américas,

A los pocos meses de su investidura, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está enviando ya a los más altos cargos de su gobierno a México. Hace unos días, la vicepresidenta Kamala Harris visitó México en su primer viaje oficial al extranjero, y ahora ha llegado el turno del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien se desplazó a Ciudad de México los días 14 y 15 de junio.

En su primer viaje oficial fuera de Estados Unidos, Mayorkas ha expresado su intención de “reunirse con sus homólogos del gobierno mexicano para abordar áreas de interés mutuo”, pero —desgraciadamente—, esas “áreas de interés mutuo” incluyen la deportación en masa de niños y niñas migrantes no acompañados, que son empujados a situaciones de peligro. En efecto, en su nuevo informe, publicado antes de la visita de Mayorkas, Amnistía Internacional revela cómo los gobiernos de Estados Unidos y México devuelven a sus países de origen a decenas de miles de niños y niñas migrantes no acompañados, sin asegurarse de que, a su vuelta, estén a salvo.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofrece declaraciones durante una conferencia de prensa celebrada en el hotel Sofitel México City, el 8 de junio de 2021.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofrece declaraciones durante una conferencia de prensa celebrada en el hotel Sofitel México City, el 8 de junio de 2021. © REUTERS/Carlos Barria

En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional ha devuelto a más del 95% de los menores de edad mexicanos no acompañados que fueron aprehendidos por la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos entre noviembre de 2020 y abril de 2021. La cifra concreta asciende a más de 10.000 niños y niñas mexicanos, muchos de los cuales huían de la violencia o la persecución en sus estados de procedencia, y estaban tratando de reunirse con sus familiares residentes en Estados Unidos.

Entretanto, pese a haber prometido durante su campaña a la presidencia que su gobierno no le haría el “trabajo sucio” a Estados Unidos, el presidente mexicano, López Obrador, ha militarizado las regiones fronterizas de México para impedir que lleguen a Estados Unidos familias, niños y niñas del “Triángulo Norte” de Centroamérica que huyen de la violencia y la pobreza.

En marzo del año en curso, el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó importantes operaciones en el norte y el sur de México para interceptar y deportar a los miles de niños y niñas centroamericanos no acompañados que se dirigían a Estados Unidos. Del 1 de enero al 6 de junio, el INM devolvió a 17.750 menores de edad a Guatemala, Honduras y El Salvador. Asimismo, el INM continúa llevando a cabo operaciones de envergadura en la frontera con Estados Unidos, hasta el punto de que, en un sólo día de finales de mayo, llegó a deportar a Centroamérica a casi un millar de migrantes y solicitantes de asilo de esa zona.

No es la primera vez que el INM devuelve a decenas de miles de niños y niñas a situaciones de potencial peligro, en proporciones y cifras que siguen siendo vergonzosamente altas. Es más, en numerosos casos, cuando devuelven a menores de edad a Centroamérica, las autoridades no se cercioran de que, al hacerlo, no los estén exponiendo a sufrir daños o persecución. En 2019, el INM devolvió a sus países de origen a más del 90% de los niños y niñas no acompañados del Triángulo Norte, es decir, un total de 12.000 menores de edad no acompañados. En 2020, pese al descenso de las migraciones por el cierre de fronteras durante la pandemia, el INM siguió deportando al Triángulo Norte a más del 70% de los niños y niñas centroamericanos no acompañados.

De conformidad con la legislación, tanto de México como de Estados Unidos, ambos gobiernos deben respetar el interés superior del niño o la niña y abstenerse de devolverlo a situaciones de posible peligro. En enero de 2021, México tomó importantes medidas para mejorar el trato dispensado a los niños y niñas centroamericanos no acompañados, entre ellas prohibir su reclusión en centros del INM.

Un migrante hondureño en busca de asilo sostiene a su hijo de dos años de edad mientras esperan en a ser transportados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, 7 de mayo de 2021.

Un migrante hondureño, en busca de asilo, sostiene a su hijo de dos años de edad mientras espera en a ser transportado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, 7 de mayo de 2021. © REUTERS/Adrees Latif

Resulta inadmisible que el presidente López Obrador siga devolviendo a niños y niñas a situaciones de peligro, pese a que una institución vital de su gobierno, como el SIPINNA, le esté advirtiendo de que está violando la ley y los derechos humanos de los menores.

El presidente López Obrador debe garantizar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el DIF y el SIPINNA reciben lo necesario a efectos de financiación y formación para la protección de menores de edad, y debe detener las deportaciones innecesarias de niños y niñas migrantes no acompañados que buscan asilo en las fronteras meridional o septentrional de México.

En lugar de empujar a estos niños y niñas a situaciones de peligro, México debe facilitarles acceso al asilo en su territorio si es necesario, o coordinarse con las autoridades estadounidenses para permitir la entrada segura y ordenada de estos niños y niñas en Estados Unidos. El propio secretario Mayorkasafirma que más del 80% de los menores de edad centroamericanos no acompañados que migran a través de México pretenden llegar a reunificarse con familiares residentes en Estados Unidos, y que, en el 40% de los casos, tienen esperándolos en ese país a su padre, a su madre o a un tutor o tutora legal.

Los niños y niñas tienen derecho a la seguridad y la protección. Respetar sus derechos no es sólo cumplir la ley, sino también una obligación moral.

Este texto fue publicado originalmente en La Silla Rota

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