Un evento como una DANA no se puede evitar, pero las autoridades, ya sean las estatales, autonómicas o locales, sí tienen una serie de responsabilidades hacia los derechos humanos de las personas afectadas ante la catástrofe que ha producido, con gran cantidad de personas muertas y desaparecidas, y afectando gravemente a otros cientos de miles de personas en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía. Estas responsabilidades son las siguientes:
1.- Los derechos humanos deben de estar siempre en el centro de la respuesta.
La asistencia y reconstrucción deben enfocarse en los derechos de las personas afectadas, asegurando su participación en decisiones y evitando cualquier tipo de discriminación.
2.- Acceso a información.
Las personas que han sido afectadas de una u otra manera por los efectos de las DANA deben contar con información precisa y accesible sobre paraderos de familiares, servicios básicos y asistencia. La administración debe garantizar el acceso a derechos civiles y económicos, sin requerir, por ejemplo, certificados de defunción para casos de familiares de las personas desaparecidas.
3.- Apoyo a las personas desplazadas.
Las decisiones sobre el futuro de las personas desplazadas deben ser voluntarias e informadas. Se necesita un plan de vivienda seguro para las personas afectadas.
4.- Investigación de los hechos.
Se deben investigar a fondo las causas y las posibles responsabilidades de las autoridades. Las investigaciones deben ser imparciales y públicas.
5.- Análisis de los sistemas de alerta temprana.
Analizar, revisar y, en su caso, mejorar los sistemas de alerta en base a los resultados del análisis.
6.- Compromiso con el clima y medioambiente.
Urge revisar y reforzar los compromisos de España para reducir emisiones y cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 °C, evitando así futuras catástrofes climáticas.
7.- Los objetivos de España en la reducción de emisiones de efecto invernadero de cara a 2030
España debe marcar como objetivo la reducción del 55% de emisiones de efecto invernadero de cara a 2030, frente al 32% establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y eliminar todas las subvenciones a los combustibles fósiles.
Amnistía Internacional espera que las autoridades cumplan con su responsabilidad de proteger los derechos humanos de tantas personas afectadas, es decir que, a corto plazo, pongan en marcha cuantas medidas sean necesarias para que puedan volver a la normalidad cuanto antes, y que a largo plazo enfrente con decisión el cambio climático, que agrava fenómenos atmosféricos como esta DANA.
