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© Amnistía Internacional

“Las empresas no van a defender los DDHH, solo el negocio”

Gustavo Castro, defensor de derechos humanos de México, compartió con Amnistía Internacional su visión sobre la pérdida de derechos que está sufriendo la población en América Latina. Gustavo fue un estrecho colaborador de Berta Cáceres: “Berta era así: espíritu de fuerza y análisis político”, explica.

Gustavo habla con voz tranquila. Utiliza palabras simples y pone ejemplos cercanos para explicar conceptos, como si fuera un maestro en clase de historia. Al verlo, nadie pensaría que, lo que describe de forma tan sencilla, esconde una problemática política y económica compleja y llena de injusticias. Al oirlo charlar, nadie se imaginaría que fue el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, defensora hondureña que perdió la vida en marzo de este año; ni que se ha acogido al Programa de Protección de Defensores de Amnistía Internacional porque su vida en México está amenazada.

El Gobierno no cumple con sus acuerdos

Gustavo es un defensor ambientalista con mucha experiencia en el trabajo por los derechos humanos en América Latina. Primero trabajó en Guatemala y después en Chiapas, donde fue testigo del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del gobierno. Era el año 1996 y el gobierno de México había firmado con el Ejército Zapatista esos acuerdos para otorgar derechos a los pueblos indígenas de México y las personas con pocos recursos del país.

¿Por qué no cumplió los acuerdos el gobierno de México? “Porque había firmado el Tratado de Libre Comercio con EEUU, un documento muy parecido al que ahora se está negociando en Europa, el TTIP”, explica Gustavo. “Los zapatistas pidieron derecho a la salud para los pueblos indígenas. Pero el gobierno debía modificar la constitución, porque con el tratado el sector salud había sido privatizado. Lo mismo ocurrió con la educación y el acceso a espacios protegidos por la cultura indígena, que querían explotarse como bienes turísticos”, añade.

Invasión de maíz transgénico

Con el Tratado de Libre Comercio, se eliminaron los aranceles a las empresas extranjeras, una fuente importante de ingresos para el gobierno, y llegó la subida de impuestos y el endeudamiento. “Además, las empresas extranjeras también quisieron comprar los recursos de México, que hasta entonces habían sido de soberanía nacional. Se eliminaron los subsidios a las empresas mexicanas para garantizar una competencia justa, pero EEUU sí siguió subsidiando a sus empresas. Eso le permitió llenar el país de productos baratísimos”, explica Gustavo. Toneladas de maíz transgénico invadieron México.

Se generó pobreza, pérdida de derechos, de tierras y muchas migraciones. La ley de aguas se modificó en muchos países porque las empresas necesitaban ese recurso para su actividad comercial. Las empresas eléctricas, petroleras, mineras, aeroportuarias, etc. llegaron y arrasaron con territorios enteros, sin importar el impacto medioambiental o los desplazamientos que ocasionaban.

 

¿Quién defiende mis derechos?

“Entonces los derechos humanos que el gobierno tenía que defender pasaron a las empresas. Fue un momento de esquizofrenia. Las empresas no van a defender los derechos humanos, solo el negocio. Y lo peor es que las empresas comezaron a exigir sus derechos humanos”, añade Gustavo.

De esta forma surgió el CIAM, Centro Internacional de Arbitraje y Mediación, un órgano de arbitraje en disputas entre empresas y gobiernos. “Las empresas empezaron a demandar a los gobiernos cuando les revocaban las concesiones por motivos de derechos humanos. Si hay un problema de salud pública, de derechos fundamentales, da igual. Si les quitas la concesión, pagas. Así funciona”, añade el defensor medioambiental.

Movilizarse es delito

“Quienes se movilizaban para defender sus derechos empezaron a ser considerados criminales. Eran un obstáculo para la inversión, para el desarrollo”, explica Gustavo. En 1999, cuando conoció a Berta Cáceres, Gustavo y ella hicieron una gira contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que les llevó a Canadá. “Allí vimos a unos policías canadienses armados hasta los dientes y Berta me dijo: “¡Vamos allá!”. Nos acercamos gritando ¡Justicia para los pueblos de América Latina! Y nos echaron un chorro de agua enorme. Pero Berta no se detenía: “¡Vamos otra vez!” Volvimos y nos echaron gas lacrimógeno. Así era Berta: espíritu de fuerza  y claro análisis político”, afirma Gustavo.

Berta y Gustavo trabajaron para crear entidades como la Red Latinoamericana contra las represas, el Movimiento mesoamericano contra movimiento extractivo minero y encuentros como el Encuentro sobre la militarización, represión y ocupación en Honduras.  “Pero en algún momento le dije “tenemos que buscar otra alernativa. Reteníamos una represa gracias a la movilización, pero enseguida surgían más y más concesiones. Cada vez había más represión”, afirma.

© Amnistía Internacional

Único testigo

“El año pasado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), donde trabajaba Berta, aumentó su presión contra las empresas y el gobierno”, dice Gustavo. “Íbamos a dar un taller, Berta me invitó a su casa. Estábamos durmiendo cuando llegaron los sicarios. No sabían que yo estaba. Escuché los disparos en la habitación de Berta y vi otro sicario disparándome a mí. Pensó que me había dado y yo salí corriendo. No esperaban que fuera ha haber un testigo, pero ahí estaba yo”, explica.

¿Cuál fue la reacción del gobierno? “Primero, decir que fue un asesinato común, pero el plan no les funcionó porque yo fui testigo de lo que ocurrió. Berta ya había sufrido varias amenazas e incluso un intento fallido de asesinato. Su muerte era solo cuestión de tiempo. Después, intentaron culpar a una persona de  COPINH. Me hicieron describir al asesino que vi y la persona que realizaba el retrato estaba dibujándole a él”, dice.

“Después, cuando intenté salir del país, me retuvieron en el aeropuerto. La policía no me dejó pasar y me refugié en la Embajada Mexicana. Toda una serie de injusticias sucedieron despues: atentaron contra mi hermano, intentaron inculparme del asesinato de Berta y suspendieron a mi abogada del ejercicio profesional”, añade.

“Mi caso y el de Berta son un ejemplo de cómo la clase política y empresarial se han fusionado. ¿Hacia dónde tiene que ir la lucha por los derechos humanos para defendernos ante esta nueva situación? Debemos reflexionar sobre ello.

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