Este 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático 2021, coincide con el tercer aniversario del asesinato de una de las personas que más ha luchado por los derechos ambientales, el líder indígena mexicano Julián Carrillo, cuya comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen se encuentra en la Sierra Tarahumara, en el estado norteño de Chihuahua.
Su perfil de luchador incansable en defensa de sus tierras y bosques ancestrales contra la minería, la tala y los cultivos ilícitos nos llevan a incluir su historia en nuestra colección de personas inspiradoras.
¿Quién era Julián Carrillo?
Ernesto Palencia, abogado de la ONG Alianza Sierra Madre AC (ASMAC) que acompaña la investigación de su asesinato describe a Julián “como un hombre con un espíritu inquebrantable, valiente y muy reconocido entre los suyos. Era de las personas que llevan el coraje por dentro y el espíritu de lucha por bandera. Llevaba 40 años peleando contra la tala ilegal y los intereses comerciales de empresas mineras. Superando retos. Sin romperse ante el miedo”.
El propio Carrillo contó a Rodrigo Sales, investigador de Amnistía Internacional para las Américas, su compromiso en defensa de sus tierras ancestrales, que se acentuó en 1992 cuando fue elegido Comisario de Policía de Coloradas, un cargo comunitario responsable de la seguridad del territorio. Más tarde lo eligieron durante casi 10 años residente de bienes comunes, con la tarea de cuidar el territorio, el agua, el bosque y los animales silvestres.
Coloradas de la Virgen, Chihuahua, México
Sin sus bosques y tierras no pueden sobrevivir
La población indígena rarámuri cuida y protege con firmeza su territorio porque, como remarca Palencia, “saben que sin sus bosques y tierras comunales no pueden sobrevivir”. Por eso la comunidad de Coloradas de La Virgen emprendió en 2007 una batalla jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario contra la explotación de recursos naturales en su territorio. Una lucha que desató innumerables amenazas contra sus miembros y contra integrantes de ASMAC que acompañaron sus reivindicaciones.
Uno de los grandes logros de Carrillo y su comunidad fue la suspensión judicial de toda explotación forestal en su territorio –con la correspondiente prohibición de la tala de bosques–, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio luz verde al proyecto sin el consentimiento previo, libre e informado del pueblo rarámuri y pese a sus evidentes impactos ambientales. El procedimiento permanece abierto mientras los tribunales mexicanos deciden sobre la validez o no de aquellos permisos.
Aquella lucha desafiaba muchos y poderosos intereses, y desembocó en innumerables amenazas contra Carrillo y su comunidad. El riesgo llegó a ser tan serio que en 2014 hizo intervenir a la Secretaría de Gobernación y su Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que adoptó medidas específicas para proteger al líder indígena, a otros tres miembros de la comunidad rarámuri y a dos integrantes de ASMAC.
Imagen de Julián Carrillo. © AI/Marianne Bertrand
Protección diseñada en los despachos
Pero el plan de protección diseñado desde los despachos –un teléfono por satélite que no siempre funcionaba, botones de pánico que servían de poco cuando la ayuda tardaba horas en llegar, escolta policial solo para los traslados fuera de la comunidad– dejaba mucho que desear. Y continuaron las amenazas y los ataques. En diciembre de 2016 le quemaron la casa, mientras la población rarámuri sufría repetidos hostigamientos por grupos armados, que forzaron a varios indígenas a abandonar su territorio. Tuvo que tomar sus propias precauciones, e incluso salir temporalmente de Coloradas.
Lo asesinaron el 24 de octubre de 2018, cuando regresó por una cuestión familiar. Apenas le dio tiempo a presionar inútilmente su botón del pánico al sentir el peligro, lo que dejaba en evidencia las deficientes medidas de protección. Y su muerte se sumó al dramático capítulo de crímenes contra su familia: el 5 de febrero de 2016 fue abatido su hijo Víctor Carrillo; el 31 de marzo de 2017, su sobrino Antonio Alberto Quiñones; el 30 de julio de 2017, otro sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; y el 1 de julio de 2018, su yerno Francisco Chaparro Carrillo.
Julián Carrillo, defensor medioambiental. © David Paniagua
Como apunta el investigador de AI Rodrigo Sales, “su muerte estaba anunciada desde hace mucho, y era evidente que el Estado no había tomado las medidas necesarias para garantizar que continuara con vida”. Solo dos semanas antes del asesinato, miembros de la comunidad denunciaron ante las autoridades estatales y federales una concesión minera a tres particulares y solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población de Coloradas ante la extrema violencia generada por el crimen organizado. Amnistía Internacional estuvo presente días después en una asamblea comunitaria en la que Carrillo resumió el rechazo comunitario a la concesión minera por sus impactos ambientales y sociales y por el riesgo de mayor violencia en la zona.
El abogado de ASMAC Ernesto Palencia recalca la importancia de la presión nacional e internacional para que la investigación del asesinato avance, y cita el papel clave de organizaciones como Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, organismos de derechos humanos y la sociedad civil. “El olvido de los pueblos indígenas en México es histórico, pero peleamos para que se les reconozcan sus derechos y para que se haga justicia”, señala. “Todas las voces suman y obligan al Estado a actuar”, remacha.
Dos personas sospechosas del asesinato de Julián Carrillo permanecen en prisión preventiva a la espera de que comience el juicio oral. Ambas han presentado sendos recursos de amparo para pedir su excarcelación.
