Esta semana se cumplen dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal rural del sur de México tras un brutal encuentro con las fuerzas de seguridad. La tragedia no resuelta se ha convertido en una mancha tal para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que es ya sinónimo del temerario enfoque de las autoridades mexicanas a los derechos humanos en el país, en el que los responsables de crímenes como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas rara vez responden ante los tribunales.
El catálogo de fallas en el modo en que se está gestionando el caso Ayotzinapa es tan largo que resulta increíble. Seis meses después de la desaparición forzada de los estudiantes, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio públicamente una explicación oficial sobre lo que las autoridades creían que había ocurrido. En una conferencia de prensa, declaró que los estudiantes habían sido asesinados por un poderoso cártel de la droga y que luego habían quemado los cadáveres en un basurero.Lo llamó la “verdad histórica”. El caos y la indignación que suscitó su discurso, sobre todo después de que un equipo de expertos forenses internacionales afirmase que esa explicación era científicamente imposible,https://www.theguardian.com/world/2016/apr/09/mexico-ayotzinapa-43-missing-students-no-evidence forzaron la renuncia de Murillo Karam. Aun así, ni él ni el gobierno se han retractado nunca de su teoría. Unos meses después, y en un intento de demostrar que se estaba actuando para arrojar algo de luz sobre la tragedia, el gobierno mexicano accedió a permitir que estudiara el caso un equipo de expertos de prestigio mundial nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero transcurrido un año, y después de dos informes condenatorios que señalaban todo un catálogo de fallos de las autoridades en la forma en que habían hecho las investigaciones, fueron invitados a marcharse del país. Al gobierno de Peña Nieto no le gustó que lo hubieran avergonzado internacionalmente. Las autoridades prometieron que seguirían con las investigaciones; prometieron justicia. Dijeron que ya no hacía falta la ayuda internacional, que México podía asumir la tarea de determinar la suerte y el paradero de los estudiantes. Pocos lo creyeron. Y tenían razón en no hacerlo.
Familiares de los 43 desaparecidos se manifiestan para pedir una investigación independiente. © OMAR TORRES/AFP/Getty Images
Las historias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son un recordatorio de los más de 28.000 hombres, mujeres, niños y niñas que han desaparecido en todo México en el último decenio, la mayoría de ellos desde que tomó posesión de su cargo Peña Nieto en 2012. Son un recordatorio de la medida en que se tortura habitualmente a las personas para que “confiesen” delitos que no han cometido, en un vil intento de mostrar que el gobierno está haciendo algo contra las brutales bandas delictivas que aterrorizan el país. Una y otra vez oímos las historias que cuentan madres, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas de personas que se “evaporan sin más” y que no tienen a quien recurrir en su búsqueda desesperada de la verdad y la justicia. El 29 de julio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó un mecanismo para hacer un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del grupo de expertos, con el fin de determinar el paradero de los estudiantes. Pero sin un apoyo real de las autoridades mexicanas, no hay ningún mecanismo que pueda arrojar luz sobre estos crímenes o garantizar que los responsables responderán ante la justicia. El gobierno de Peña Nieto parece confiar en la memoria cortoplacista de México y espera que la gente se olvide de los 43 estudiantes, como se han olvidado muchas otras violaciones de derechos humanos que ha presenciado durante décadas este país. Pero no cuenta con que hay millones de personas en el país y en todo el mundo que están hartas de promesas vacías. Seguiremos luchando codo con codo con todos los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones que no renuncian a la esperanza de hacer que las autoridades mexicanas rindan cuentas y garantizar que cumplen sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos. Se ha acabado el tiempo para las maniobras políticas. Los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no abandonarán su lucha hasta que logren verdad y justicia para sus hijos. Esta nota fue originalmente publicada por IPS“Las historias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son un recordatorio de los más de 28.000 hombres, mujeres, niños y niñas que han desaparecido en todo México en el último decenio, la mayoría de ellos desde que tomó posesión de su cargo Peña Nieto en 2012.”Erika Guevara-Rosas, responsable de Campañas para Las Américas en Amnistía Internacional
