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Del refugio precario a la repatriación infernal

El Gobierno de Kenia coacciona a 260.000 somalíes del mayor campo de refugiados del mundo para que vuelvan a su país asolado por la guerra. Aunque el cierre de Dadaab acaba de aplazarse 6 meses, Amnistía Internacional insiste en pedir un cambio de política para integrarlos en las comunidades locales.

Para 260.000 somalíes que viven en el mayor campo de refugiados del mundo, el de Dadaab en Kenia, el aplazamiento por seis meses de su anunciado cierre a fin de mes no pasa de ser un alivio temporal y una esperanza incierta. Porque, como acaba de denunciar un informe de Amnistía Internacional ("Ningún otro lugar adonde ir"), las autoridades kenianas llevan meses coaccionándoles para que regresen a su país, asolado por la guerra entre fuerzas gubernamentales y extremistas de Al Shabaab, donde sus vidas corren mucho mayor peligro que en su actual lugar de refugio.  

Kenia coacciona a 260.000 somalíes del mayor campo de refugiados del mundo para que vuelvan a su país asolado por la guerra.

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De regreso a Somalia

Lo saben bien las personas refugiadas que han intentado regresar a Somalia. Como dos hermanos de 15 y 18 años que tras llegar a Dadaab en 2011, volvieron a su país en enero de 2016 con sus padres y otros cinco hermanos. Fueron cuatro meses terribles: Al-Shabaab llegó a su barrio, asaltó las casas y el ganado y reclutó a la fuerza a niños y jóvenes, incluidos ellos. "Mis padres protestaron, pero mataron a mi padre y destrozaron toda la casa", cuenta el mayor. Al menos pudieron permanecer juntos hasta lograr huir a Dadaab. Pero desconocen "qué pasó con el resto de nuestra familia". Y tienen claro que no podrán repetir el viaje a una Somalia controlada por Al-Shabaab donde "conocen nuestros rostros" y "seremos asesinados si regresamos". Ahora, remachan, "Kenia es nuestra casa y aquí nos quedaremos".


Kenia coacciona a 260.000 somalíes del mayor campo Kenia acoge 500.000 refugiados, pero recibe escaso apoyo internacional: solo ha recaudado el 38% de lo solicitado por el ACNUR. © UNHCR/B.Heger

“Lo que quiero es quedarme", coincide Aisha, madre soltera de tres niños pequeños, para quien Kenia "es mi casa, donde he pasado toda mi vida adulta" y donde "están mis hermanas". "No hay ningún otro lugar adonde ir", remarca, y menos a Somalia, donde "no hay paz". Ella misma lo comprobó durante su breve regreso en agosto pasado: "Al Shabaab entró en el barrio. El hombre con el que vivía fue asesinado y a mí me dieron una paliza". También se llevaron el poco dinero que tenía y destruyeron su tienda en el mercado. Se repetía la pesadilla, porque Aisha había llegado a Dadaab a los 12 años con sus dos hermanas después de que mataran a sus padres en Somalia.  

Ese violento telón de fondo llena de sentido la advertencia de Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, quien subraya que el aplazamiento del cierre de Dadaab "no constituye un cambio de política" de Nairobi en su "férrea determinación de repatriar a las personas refugiadas contra su voluntad y en contra de lo dispuesto por el derecho internacional". Miles de personas refugiadas, remarca, "continúan en peligro de ser repatriadas forzosamente" a una Somalia devastada por más de 20 años de conflicto entre Al Shabaab y las fuerzas gubernamentales apoyadas por la Unión Africana.

En realidad, el cambio fue para endurecer la política de refugio, y Kenia lo justifica con dos grandes argumentos. Uno bastante endeble, la seguridad nacional, porque hay pocas pruebas que avalen las denuncias de Nairobi sobre una supuesta conexión entre personas refugiadas somalíes y el grupo armado Al Shabaab. Y el otro, más que fundado, la falta de apoyo internacional para abordar el problema.Kenia (más de 500.000 refugiados, incluidos 330.000 somalíes) es uno de los diez países que acogen a la mitad de los 21 millones de personas refugiadas del mundo, pero ha recibido escaso respaldo: el 31 de octubre solo se había recaudado el 38% de los 257 millones de euros solicitados por el ACNUR para ese país. Y ello mientras la Unión Europea, donante clave para Nairobi, ofrecía a Turquía 6.000 millones de euros para mantener fuera de Europa a las  personas refugiadas. En cuanto al reasentamiento de refugiados vulnerables procedentes de Kenia, en 2015 fueron 5.001 (3.500 en Estados Unidos y 671 en la UE); y este año van 1.648 en EE.UU. y 118 en Europa.


Refugiados somalíes trabajan en la construcción de letrinas en el campo de Dadaab. © UNHCR/B.Bannon

Las coacciones no han cesado desde que el Gobierno anunció en mayo que cerraría Dadaab el 30 de noviembre. Y los testimonios recogidos por Amnistía Internacional lo demuestran. Hadi, que lleva 24 años en el campo, cuenta que las autoridades "nos presionan" y "nos empujan a Somalia"; de hecho, les advirtieron de que si no se registraban para su repatriación, "tendréis que volver a pie y con vuestros hijos a cuestas”.

El relato de Samira, líder comunitaria que lleva ocho años en Dadaab, es parecido. Las autoridades les dieron a entender que después de la fecha de cierre del campo ya no habría ayudas para el retorno a Somalia (unos 375 euros) ni transporte. El 'aviso' implícito es que "ahora es el momento adecuado para irse voluntariamente", así que, "antes que quedarse sin transporte ni dinero, se van”.

Pero la resistencia a la repatriación es todavía muy mayoritaria. A pesar de las presiones y amenazas oficiales, un reciente estudio del Gobierno keniano y la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas ACNUR cifra en solo el 25% los somalíes dispuestos a regresar a su país. La realidad rebaja aún más el número: hasta hace un mes solo habían vuelto 27.000, y hay serias dudas de que hayan sido retornos voluntarios.

La resistencia es aún mayor en los colectivos más vulnerables. Investigaciones de Amnistía Internacional en Somalia en 2013-2014 constataron que las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género y otros abusos. Y también sufren marginación grupos minoritarios como los bantúes somalíes, sometidos a reclutamiento forzoso por el grupo armado Al Shabaab.


Las personas con discapacidad tienen mayor rieso de sufrir vioencia sexual y de género y otros abusos. © AI

Los testimonios son rotundos, y los resume un hombre de 28 años en silla de ruedas que lleva 10 años en Dadaab: "Si las personas con discapacidad regresan a Somalia, arrojarán a la gente al fuego". Muna, madre de un niño con discapacidad, añade que "en Somalia no hay instalaciones para personas con discapacidad", y remarca que si "como refugiados ya somos considerados últimos en todo, con niños con discapacidades estaremos al final de la cola cuando se trate de recibir ayuda". Otra madre, Bilal, remacha que al menos en Dadaab "tenemos apoyo, organizaciones listas para ayudarnos, atención médica, seguridad. Aquí hay una comunidad".

Y no es que la situación en el campo sea idílica, porque se ha deteriorado desde agosto de 2015, cuando el Programa Mundial de Alimentos redujo un 30% los alimentos disponibles. Un anciano refugiado en Dadaab contó a Amnistía Internacional que "la vida aquí no es normal; las raciones se han reducido, y cada familia recibe la mitad de lo que solía". Les falta azúcar y leche, escasea el aceite, y los anteriores 130 kilos para 30 días han 'encogido' hasta 50 kilos, "menos de la mitad de lo que solía ser".

"Pero no me quejo", apunta Mohamed, padre de un niño con epilepsia, que es consciente de los peligros de Somalia –su hijo mayor murió en 2011 tras regresar– y de la falta de medios allí –"no hay ninguna ley, ni sanidad, ni instalaciones"– para que su hijo siga recibiendo la atención y los medicamentos que necesita.

Somalia, desbordada ya por 1,1 millones de personas internamente desplazadas, carece de recursos para gestionar el retorno en gran escala de refugiados de Dadaab. La falta de servicios como refugio, atención sanitaria y educación es desesperada. Y la discriminación de los grupos minoritarios y vulnerables degrada aún más la situación.

Eso explica que las propias personas refugiadas en Dadaab prefieran alternativas como la reubicación dentro de Kenia o el reasentamiento en terceros países. En esa línea van algunas de las demandas de Amnistía Internacional, que pide el fin inmediato de las repatriaciones forzosas; la búsqueda, "con la ayuda de los donantes", de "soluciones duraderas y sostenibles, como la integración de las personas refugiadas en las comunidades locales", y mayor apoyo de la comunidad internacional para garantizar "más plazas de reasentamiento para las personas refugiadas más vulnerables”.