Rusia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania. Se intensificaron las restricciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como la censura en Internet. Persistían las violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias. Se utilizó la legislación para reprimir a disidentes. La detención arbitraria por cargos falsos, sumada a la ausencia de investigaciones independientes e imparciales y a los juicios sin garantías, seguía siendo un rasgo distintivo de los sistemas de justicia y aplicación de la ley. La tortura y otros malos tratos eran endémicos y se cometían casi con total impunidad. Las personas detenidas soportaban condiciones inhumanas o degradantes. La mayoría de los niños y niñas migrantes no estaban escolarizados debido a restrictivos requisitos. Las personas LGBTIQ+ seguían estando fuera de la ley y se reprimía la cultura queer. La violencia de género en el ámbito familiar continuó ausente de la agenda legislativa. Más autoridades regionales introdujeron barreras al aborto. Las consideraciones económicas primaron sobre la obligación de actuar contra el cambio climático.

Información general

Rusia continuó la guerra de agresión contra Ucrania, ocupó más territorio ucraniano y cometió más violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra y otros crímenes tipificados en el derecho internacional (véase el apartado sobre Ucrania).

En abril, las fuerzas rusas recuperaron varias partes de la región de Kursk, ocupada por fuerzas ucranianas desde agosto de 2024.

Ucrania amplió sus ataques a objetivos militares y de otro tipo en Rusia, incluidos centros de producción y exportación de petróleo y gas, provocando escasez local de combustible. Varios de esos ataques causaron víctimas y daños en infraestructuras civiles.

El gobierno subió algunos impuestos y tomó otras medidas para reponer el presupuesto de guerra. El crecimiento económico se ralentizó, la inflación era alta y el coste de la vida continuó aumentando.

El país seguía rehusando cooperar con el mandato de la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en la Federación de Rusia.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Persistieron los abusos graves contra los derechos humanos de los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, a quienes se trasladaba a Rusia. Estos abusos incluían desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos. Algunos de estos actos eran constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.¹

En un informe presentado en septiembre, la OSCE documentaba “tortura y otros malos tratos generalizados y sistemáticos” de prisioneros de guerra ucranianos durante toda su cautividad, así como otras violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales en el campo de batalla y bajo custodia.

Tras la escalada de ataques rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas, en septiembre Ucrania comenzó a lanzar ataques contra instalaciones de energía rusas que causaron apagones temporales en varias regiones (véase Ucrania).

Libertad de expresión

Persistían las restricciones graves de la libertad de expresión. Quienes se oponían a la guerra contra Ucrania, criticaban las políticas del gobierno y a autoridades concretas, o expresaban otras opiniones disidentes se enfrentaban a duras sanciones en virtud de una diversidad de procedimientos penales y administrativos.

En marzo, el Tribunal Supremo confirmó la condena a 12 años de prisión impuesta al activista transgénero Mark Kislitsyn, quien había transferido 865 rublos (unos 10 dólares estadounidenses) a una cuenta bancaria ucraniana en señal de protesta pacífica contra la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia. Las autoridades aseguraron que el dinero se había enviado “para cubrir necesidades de las fuerzas armadas ucranianas”.²

En abril, un tribunal de San Petersburgo condenó a 32 meses de prisión a la exestudiante de medicina Daria Kozyreva, acusada de “desacreditar” a las fuerzas armadas por publicar una entrada de su blog con críticas a la guerra de Rusia en Ucrania, conceder una entrevista a la organización de noticias RFE/RL y pegar una cita de un poema del célebre poeta ucraniano Taras Shevchenko a su monumento en San Petersburgo.

En julio, el Tribunal Supremo calificó de organización “extremista” al inexistente Movimiento Internacional de Satanistas y lo prohibió. La vista se celebró a puerta cerrada y sin que estuviera presente ningún representante del supuesto grupo. En noviembre, un tribunal de San Petersburgo impuso 12 días de detención administrativa a un hombre por estar en posesión de un libro y un vaso con símbolos supuestamente vinculados al movimiento prohibido.

En septiembre, “buscar deliberadamente materiales extremistas en Internet” y publicitar redes privadas virtuales (VPN) pasaron a ser faltas administrativas castigadas con multa. La primera de esas multas se impuso en diciembre.

En octubre, tres miembros del grupo musical Stoptime fueron arrestados por sus actuaciones callejeras y condenados a cumplir entre 12 y 13 días de detención administrativa. Nada más expirar la primera sanción administrativa se impusieron otros 13 días de detención a los tres y, una vez cumplidos, 13 días más a dos miembros del grupo, la cantante y el guitarrista. La cantante también fue multada por “desacreditar” a las fuerzas armadas, por interpretar canciones prohibidas por las autoridades. Cuando finalmente quedaron en libertad, la cantante y el guitarrista abandonaron el país. Otros músicos callejeros que actuaron en su apoyo también fueron objeto de detención administrativa.

Derecho a la información

La censura era omnipresente en la vida pública. Estaba prohibido mencionar determinados temas, y también lo estaban la música, los libros y las películas de autores calificados de “agentes extranjeros” o incluidos arbitrariamente en una lista de “terroristas y extremistas”.

Las autoridades perseveraron en sus intentos de crear una “Internet soberana” bloqueando el acceso a sitios web, plataformas digitales y redes sociales, y ralentizando el tráfico en la red.

En agosto, la autoridad reguladora de los medios de comunicación (Roskomnadzor) impuso restricciones a WhatsApp y Telegram, las dos plataformas más usadas para las comunicaciones confidenciales, supuestamente como medida de defensa contra estafadores. Usuarios y usuarias tuvieron que cambiar a la plataforma rusa MAX, lo que suscitó motivos de preocupación relacionados con la privacidad.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron sin autorizar protestas, dispersando y procesando a quienes se manifestaban pacíficamente. A pesar de la represión, persistieron las manifestaciones en toda Rusia, aunque a escala reducida y en relación con asuntos pertinentes localmente.

En la república de Altái, cientos de personas participaron en una serie de protestas pacíficas contra el gobernador local. Al menos ocho manifestantes fueron sometidos a detención administrativa.

Libertad de asociación

Las autoridades continuaron utilizando la legislación, como la relativa a “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, para reprimir a la sociedad civil.

Durante el año, otras 219 personas, organizaciones y medios de comunicación fueron declaradas “agentes extranjeros”. Aumentaron los procesamientos por vía administrativa y penal por “eludir las obligaciones de un agente extranjero” y hubo muchos juicios celebrados in absentia contra las personas acusadas.

En septiembre se promulgaron reformas legislativas que prohibían a las organizaciones calificadas de “agentes extranjeros” realizar cualquier actividad educativa o docente, les retiraban todo el apoyo y las subvenciones municipales concedidas a “ONG de orientación social”, y establecían normas más gravosas.

En octubre se presentaron enmiendas al Código Penal que permitían a las autoridades iniciar un procedimiento penal por infracción reiterada de la legislación sobre “agentes extranjeros” después de una sola sanción administrativa, en lugar de dos, como hasta ese momento.

Se declaró “indeseables” a 95 organizaciones más, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En mayo, un tribunal de Moscú condenó a Grigory Melkonyants, copresidente del observatorio electoral Golos, a cinco años de prisión por “organizar las actividades de una organización ‘indeseable’” y prohibió su participación en cualquier actividad cívica durante nueve años.

Libertad de religión o de creencias

Persistían las violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias.

Se siguió procesando arbitrariamente a miembros de la confesión religiosa Testigos de Jehová por cargos de “extremismo”. En octubre había al menos 157 en prisión, incluidos residentes de la Ucrania ocupada por Rusia.

A fecha de noviembre, al menos 10 comunidades baptistas tenían prohibido celebrar reuniones si no se inscribían oficialmente en el registro y notificaban sus actividades a las autoridades.

Represión de la disidencia

Aumentaron los procesos penales por cargos de motivación política, como extremismo, terrorismo, traición, espionaje y “cooperación confidencial con un Estado extranjero o una organización extranjera o internacional”. Las medidas represivas contra figuras políticas de la oposición dentro y fuera de Rusia, y contra los movimientos que representaban, abrieron una vía a la represión generalizada de sus colaboradores.

En marzo, un tribunal militar de San Petersburgo condenó a Aleksander Skobov a 16 años de prisión por cargos de terrorismo debido a sus publicaciones en redes sociales y a su participación en una conferencia organizada por el Foro Rusia Libre en Lituania. La organización, ya calificada de “indeseable”, fue declarada “terrorista” en agosto.

En octubre, Maksim Kruglov, miembro destacado del partido Yabloko, fue detenido por el cargo de “difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas”, por sus publicaciones en redes sociales, y su nombre se añadió al registro de “terroristas y extremistas”. La investigación seguía abierta al terminar el año. Otros miembros destacados de Yabloko fueron sometidos a detención, multados o declarados culpables de delitos de forma arbitraria.³

También en octubre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusó in absentia a 23 miembros del Comité contra la Guerra —establecido en el exilio por figuras prominentes para oponerse a la guerra de agresión de Rusia— de “organizar una comunidad terrorista” y planificar la “toma violenta del poder”, delitos que podían acarrear la cadena perpetua.

En noviembre, el Tribunal Supremo declaró “organización terrorista” a la Fundación contra la Corrupción (ACF, por sus siglas en inglés), inscrita en Estados Unidos y creada por colegas del fallecido preso de conciencia Aleksei Navalny.

Detención arbitraria y juicios injustos

La detención arbitraria por cargos falsos seguía siendo un rasgo distintivo del sistema de aplicación de la ley. Las investigaciones se llevaban a cabo cometiendo infracciones procesales; los juicios, incluidos los de motivación política, no reunían las debidas garantías.

En enero se impusieron condenas de hasta cinco años y medio de prisión a tres miembros del equipo jurídico de Aleksei Navalny —Vadim Kobzev, Aleksei Liptser e Igor Sergunin— acusados de “participación en una comunidad extremista” por ayudar presuntamente a su cliente a comunicarse desde prisión con sus colegas en el exterior.

En marzo, la periodista Maria Ponomarenko, que estaba cumpliendo seis años de cárcel por publicaciones contra la guerra en redes sociales, fue condenada a 22 meses por cargos adicionales de “interrumpir el trabajo de una colonia penitenciaria”. En agosto se abrió otra causa contra ella por el mismo delito.

Se intensificaron los enjuiciamientos de simpatizantes de Aleksei Navalny. En abril se impusieron cinco años de prisión a cuatro periodistas —Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov y Artem Krieger— por presunta cooperación con la ACF (véase supra). A fecha de diciembre, se habían abierto en total más de 100 causas contra personas que habían hecho donaciones a la Fundación.

En mayo, la abogada de derechos humanos Maria Bontsler fue detenida y recluida arbitrariamente por “cooperación confidencial con un Estado extranjero”. En una vista judicial celebrada en agosto, su abogado declaró que un agente de la FSB había iniciado la actuación judicial para que ella implicara a otro abogado, y que las pruebas de su causa eran falsas.

En julio, un tribunal militar de Moscú condenó in absentia al destacado escritor Boris Akunin a 14 años de prisión por los cargos de “eludir las obligaciones de un agente extranjero” y “terrorismo”, debido a su apoyo a Ucrania. En diciembre fue condenado, también in absentia, a un año más de cárcel por incumplir los requisitos impuestos a agentes extranjeros.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo endémicos, igual que la impunidad de sus perpetradores. Las personas detenidas soportaban condiciones de reclusión inhumanas o degradantes, y a menudo eran privadas de asistencia médica y contacto con el exterior.

En junio, agentes encargados de hacer cumplir la ley arrestaron a decenas de hombres de etnia azerí en la ciudad de Ekaterimburgo, según informes, en relación con la investigación de unos crímenes cometidos en el pasado. Uno de los detenidos contó que todos habían sufrido palizas y tortura con descargas eléctricas durante alrededor de una hora. Varios fueron hospitalizados y dos murieron bajo custodia.

Después de su traslado a una colonia penitenciaria en el territorio de Altái en julio, el disidente encarcelado Aleksei Gorinov fue recluido arbitrariamente en una celda de aislamiento de castigo (conocidas como “ShIZO”, por sus iniciales en ruso), donde permaneció más de dos meses en condiciones inhumanas y degradantes. En septiembre, también de manera arbitraria, lo pasaron a una celda de aislamiento estricto donde permaneció dos meses, hasta que volvieron a trasladarlo a la celda de castigo en noviembre.

Bakhrom Khamroev, defensor de los derechos humanos condenado a más de 13 años de prisión en 2023 por cargos falsos de “terrorismo”, fue encerrado arbitrariamente en una celda de castigo, sometido a malos tratos y privado de asistencia médica adecuada, según denunció su familia. En agosto lo trasladaron a una colonia penitenciaria de máxima seguridad en el extremo norte del país, a miles de kilómetros de su domicilio familiar.

El activista Mikhail Krieger, quien cumplía una condena a siete años de prisión por criticar a las autoridades en redes sociales, estuvo casi 50 días en huelga de hambre como protesta por los malos tratos, que incluían su traslado arbitrario a una celda de castigo.

En septiembre, Rusia se retiró oficialmente del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

Impunidad

A pesar de miles de reclamaciones por parte de la ciudadanía, no hubo avances en la investigación del secuestro y presunto “homicidio por motivos de honor” de la joven chechena Seda Suleimanova. Elena Patyeva, quien llevaba haciendo campaña para pedir justicia desde la desaparición de su amiga, fue detenida en repetidas ocasiones durante el año y cumplió 10 días de detención administrativa por celebrar protestas en solitario.

El medio de comunicación independiente Verstka informó sobre extorsiones económicas generalizadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura y otros malos en el seno de las fuerzas armadas rusas en Ucrania, cometidos con impunidad casi absoluta, principalmente por altos mandos.

En septiembre, la ACF afirmó que la muerte del líder opositor Aleksei Navalny en prisión en 2024 había sido por envenenamiento y citó conclusiones de pruebas realizadas por dos laboratorios forenses extranjeros no identificados y de fotografías de su celda. Estas acusaciones no fueron objeto de ninguna investigación oficial.

Derecho a la educación

En abril, las autoridades establecieron pruebas obligatorias de idioma ruso para los niños y niñas migrantes, así como el requisito de demostrar su entrada y la de sus progenitores en el país de forma legal como condiciones para su matriculación escolar. En septiembre, la autoridad reguladora de la educación (Rosobrnadzor) informó de que más del 87% de los niños y niñas de familias migrantes no cumplían los requisitos de matriculación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las autoridades continuaron criminalizando la expresión de identidades LGBTIQ+ y reprimiendo la cultura queer. Se actuó arbitrariamente contra individuos por vía administrativa y penal por “propaganda LGBTIQ+” y “extremismo”. Persistían las redadas en lugares afines al colectivo LGBTIQ+. Librerías, editoriales, medios de comunicación y cines virtuales se enfrentaron a la censura y tuvieron que retirar de la circulación obras culturales o modificarlas para no ser multados.

En noviembre, en un juicio a puerta cerrada, un tribunal de Moscú declaró de manera póstuma a Andrey Kotov, propietario de la empresa de turismo Men Travel, culpable de participar en una “organización-movimiento LGBTIQ+ extremista” y utilizar a menores para distribuir pornografía. Arrestado en noviembre de 2024, Kotov había denunciado tortura y otros malos tratos durante su arresto y bajo custodia. El mes siguiente se comunicó a su abogada que su defendido se había quitado la vida.

En mayo, tres editores fueron arrestados en Moscú y puestos bajo arresto domiciliario por cargos de extremismo por presunta “propaganda LGBTIQ+” en libros publicados por imprentas asociadas.

Violencia contra mujeres y niñas

Aunque las encuestas mostraban un fuerte respaldo público a la introducción de legislación para combatir la violencia de género en el ámbito familiar, la cámara legislativa no tomó medidas y relegó incluso las iniciativas de reforma más modestas.

Derechos sexuales y reproductivos

Las autoridades regionales continuaron introduciendo barreras al aborto, por ejemplo incentivos económicos para adoptar medidas contra él. Las entidades proveedoras de este servicio sufrían cada vez más presiones y, en algunos casos, se enfrentaron a directivas no oficiales de las autoridades que prohibían su práctica. Según informes, se coaccionó a mujeres embarazadas que querían abortar para que siguieran adelante con el embarazo. Algunas tuvieron que desplazarse a una clínica de otra región para acceder al aborto. A fecha de mayo, las autoridades de al menos ocho regiones habían introducido un pago único a menores embarazadas, al parecer para cumplir objetivos de natalidad. En el ámbito federal se intensificaron los llamamientos a prohibir la “coacción para abortar”.

Derecho a un medioambiente saludable

En octubre, la ONG Greenpeace señaló que Rusia se había atrincherado en una “economía de guerra basada en combustibles fósiles y propaganda” que causaba la destrucción medioambiental en el país y afectaba a la sostenibilidad global, en un contexto de “escalada espectacular de la represión de la sociedad civil [que había] cambiado radicalmente la situación del ecologismo en Rusia”.

Aunque Rusia presentó en septiembre su contribución determinada a nivel nacional actualizada, personal experto del Índice de desempeño frente al cambio climático señaló que su nuevo objetivo de emisiones en realidad era superior a sus emisiones en aquel momento. Climate Action Tracker calificó las políticas, acciones y objetivos climáticos generales de Rusia de “críticamente insuficientes” para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.