Arabia Saudí

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

El número de personas ejecutadas en Arabia Saudí fue superior al registrado en cualquier año anterior. Las víctimas habían sido condenadas por una amplia variedad de delitos, entre ellos muchos relacionados con las drogas en los que había implicadas personas extranjeras. Al menos dos hombres fueron ejecutados por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores. Aunque dejaron en libertad a algunas personas detenidas por ejercer sus derechos, las autoridades continuaron restringiendo severamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, con medidas como someter a las voces críticas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos a largas penas de prisión, juicios manifiestamente injustos y prohibiciones de viaje arbitrarias, incluso en casos en los que las víctimas habían quedado en libertad hacía poco. La población trabajadora migrante, en especial la empleada en el sector doméstico, seguía sujeta al sistema de patrocinio conocido como kafala y continuó sufriendo abusos, explotación y deportaciones masivas. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. Arabia Saudí no tomó medidas suficientes para hacer efectivo el derecho a un medioambiente saludable.

Información general

Las autoridades saudíes siguieron promocionando su programa insignia Visión 2030, dirigido a diversificar la economía nacional, fomentar una sociedad “dinámica” y situar al país en una posición de liderazgo mundial. Invirtieron en eventos culturales y de entretenimiento y se prepararon para albergar la Expo 2030 y la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en 2034.

El Ministerio del Interior y su Dirección General de Control de Estupefacientes hicieron anuncios periódicos de operaciones de incautación de estupefacientes en el marco de una campaña continua de lucha contra la droga.

En enero, Interpol anunció su intención de abrir una oficina regional en Arabia Saudí.

El país seguía desempeñando un papel destacado a nivel regional e internacional y albergó durante el año varias reuniones diplomáticas de alto nivel, entre ellas, conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. En mayo, el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, anunció que Arabia Saudí había firmado acuerdos con Estados Unidos por valor de más de 300.000 millones de dólares estadounidenses, incluido uno sobre armas de 142.000 millones.

Pena de muerte

El número de personas ejecutadas en Arabia Saudí fue superior al registrado en cualquier año anterior. Se las ejecutó por una amplia variedad delitos, en particular los relacionados con las drogas y el terrorismo.

Como en años anteriores, la mayoría de las personas ejecutadas por delitos de drogas eran extranjeras, en concreto de Somalia, Etiopía, Pakistán, Egipto y Afganistán. Las personas extranjeras en espera de ejecución estaban expuestas a sufrir violaciones graves de su derecho a un juicio justo, como la falta de acceso a representación letrada, un apoyo consular deficiente y acceso nulo a servicios de interpretación eficaces. En algunos casos, habían sido sometidas a tortura u otros malos tratos durante su detención previa al juicio para obtener “confesiones” de culpabilidad.

Los tribunales saudíes siguieron imponiendo condenas a muerte por tazir —delitos para los que la ley no prescribía ninguna pena concreta—, lo que contradecía declaraciones oficiales según las cuales se había limitado la imposición de la pena capital en estos casos. Las ejecuciones por tazir representaban al menos el 47,5% de todas las registradas entre enero de 2014 y junio de 2025. El 16 de diciembre fue ejecutado tras un juicio manifiestamente injusto Essam Ahmed, pescador egipcio que había sido condenado por delitos de drogas no violentos. El juez había dictado su sentencia de muerte por tazir a pesar de tener la facultad discrecional de imponerle otra pena. Había muchas más personas en peligro de ejecución inminente por delitos de drogas no violentos.

La minoría chií de Arabia Saudí llevaba mucho tiempo sufriendo discriminación y su disidencia pacífica se enjuiciaba a menudo como “terrorismo”. Las autoridades siguieron llevando a cabo un número alarmante de ejecuciones de personas chiíes, en especial de disidentes de la Provincia Oriental. Aunque constituía entre el 10 y el 12% de la población total de Arabia Saudí, las víctimas de alrededor del 42% de las ejecuciones llevadas cabo por “terrorismo” entre enero de 2014 y junio de 2025 eran chiíes.

El 21 de agosto y el 20 de octubre fueron ejecutados dos hombres —Jalal Labbad y Abdullah al Derazi, respectivamente— por delitos cometidos presuntamente cuando eran menores de 18 años.¹ Asimismo, el Tribunal Penal Especializado volvió a juzgar y a condenar a muerte por delitos cometidos presuntamente cuando eran menores a otros tres hombres: Yusuf al Manasif, Jawad Qureiris y Hassan al Faraj. Entre las personas que permanecían encarceladas tras haber sido condenadas a muerte figuraban varios hombres más que también eran menores de 18 años en el momento de cometer sus presuntos delitos, y algunos de ellos corrían riesgo inminente de ejecución.

Libertad de expresión

Quienes expresaban críticas o defendían los derechos humanos seguían enfrentándose a largas penas de prisión, juicios injustos y prohibiciones de viajar.

En febrero, autoridades de la ONU admitieron que, a raíz de una queja del gobierno saudí, la organización había editado la grabación de una mesa redonda de organizaciones de derechos humanos celebrada durante el Foro para la Gobernanza de Internet en la capital saudí, Riad, al objeto de omitir las críticas formuladas por una defensora de los derechos humanos.

En abril, la Fiscalía anunció que había empezado a implementar procedimientos judiciales contra quien “dañara la reputación del turismo” en Arabia Saudí, en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Falsificación.

El 21 de agosto, la sala de apelaciones del Tribunal Penal Especializado volvió a condenar a la influencer de fitness y activista de los derechos de las mujeres Manahel al Otaibi a cinco años de prisión —tras reducirle la condena inicial de 11 años—, seguidos de la prohibición de viajar durante otros cinco. Había sido condenada en 2024 por sus tuits en favor de los derechos de las mujeres y por publicar fotografías en las que aparecía sin abaya (vestimenta tradicional).

A lo largo del año, las autoridades dejaron en libertad a decenas de personas detenidas por ejercer su libertad de expresión. En febrero quedó en libertad Salma al Shehab —doctoranda saudí que había residido en Reino Unido— después de cumplir cuatro de los 27 años de prisión a los que había sido condenada en un juicio sin las debidas garantías por publicar unos tuits en favor de los derechos de las mujeres. Ese mismo mes fue puesto en libertad, tras dos años de encarcelamiento, el profesor Asaad bin Nasser al Ghamdi, condenado inicialmente a 20 años de prisión por unas publicaciones en las redes sociales en las que criticaba el programa gubernamental Visión 2030. En junio quedó en libertad el ciudadano neerlandés-yemení Fahd Ezzi Mohammed Ramadhan tras haber pasado 18 meses en detención sin cargos.

Prohibiciones de viajar

Muchas de las personas a las que se puso en libertad siguieron sometidas a largas prohibiciones de viajar y a medidas que restringían su libertad de expresión. Entre ellas estaban Abdulaziz al Shubaily, cofundador de la posteriormente disuelta Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, que fue excarcelado en julio tras ocho años de prisión, pero sometido a la prohibición de viajar y de utilizar las redes sociales durante otros ocho años, y Mohammad al Qahtani, defensor de los derechos humanos y cofundador también de la Asociación, que quedó en libertad en enero tras pasar 12 años en prisión, pero sometido a una prohibición de viajar durante 10 años que lo separaba de su familia, residente en el extranjero. Las activistas de los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul y Maryam al Otaibi siguieron sometidas a la prohibición de viajar tras haber estado encarceladas por su trabajo en favor de los derechos humanos.

Juicios injustos

Casi todos los defensores y defensoras de los derechos humanos juzgados ante el Tribunal Penal Especializado —que seguía siendo conocido por menoscabar el derecho a un proceso con las debidas garantías— o ante otros tribunales recibieron duras condenas tras juicios manifiestamente injustos.

El 12 de mayo, el Tribunal Penal Especializado condenó al ciudadano británico Ahmed al Doush a 10 años de prisión, reducidos posteriormente a ocho en apelación. Sus interrogatorios habían girado en torno a sus publicaciones en las redes sociales y a su presunta relación con un disidente saudí en el exilio. Las autoridades saudíes no facilitaron ni a su familia ni a los funcionarios consulares británicos la documentación judicial, en particular, los cargos formulados y los detalles de la sentencia condenatoria.

Derechos de las personas mayores

Las personas de edad avanzada detenidas soportaban condiciones de reclusión muy duras. El médico egipcio Sabri Shalaby, de 69 años, siguió en prisión cumpliendo una condena de 10 años que le había sido impuesta por cargos infundados de “terrorismo” en un juicio sin garantías. Durante el tiempo que llevaba encarcelado, había sido recluido en régimen de aislamiento, privado de atención médica y sometido a represalias por haber demandado al Ministerio de Salud saudí por retención de salario. Sheikh Salman al Odah, también de 69 años, llevaba más de ocho años recluido en régimen de aislamiento, lo que constituía tortura según el derecho internacional. Su salud, en concreto el oído y la vista, se había deteriorado gravemente. Había sido detenido en 2017 tras publicar un tuit en el que pedía unidad en relación con un conflicto diplomático. En abril, una experta de ONU solicitó permiso para visitarlo, pero las autoridades se lo denegaron.

Derechos de las personas migrantes

Arabia Saudí siguió acogiendo a más de 13 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, de los que casi 4 millones eran personas de África y Asia empleadas en el sector doméstico. La población trabajadora migrante seguía sujeta al sistema de kafala (patrocinio), que restringía su capacidad para cambiar de empleo o salir del país y la exponía a un mayor riesgo de explotación. A pesar de algunas reformas limitadas, los abusos laborales constituían una práctica generalizada y la población trabajadora era víctima de robo de salarios, condiciones de trabajo inseguras, discriminación racial y condiciones de vida precarias.

Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron que la mano de obra migrante empleada en la creación de la nueva red de metro de Riad, inaugurada en enero, había sufrido explotación durante un decenio sin recibir protección adecuada del gobierno. Muchas personas habían pagado comisiones de contratación exorbitantes, para acabar haciendo largas jornadas de trabajo a cambio de salarios bajos y discriminatorios, a menudo bajo el calor abrasador del verano. Cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes empleados en grandes proyectos estuvieron meses —en algunos casos casi un año— sin cobrar su salario y quedaron abandonados a su suerte, sin la protección social adecuada ni poder cubrir necesidades básicas como la alimentación. Algunas de estas personas protestaron o recurrieron a las redes sociales para hacer pública su situación. El gobierno saudí no intervino eficazmente para garantizar una reparación oportuna y, según un sindicato, en un caso detuvo a 11 trabajadores durante unas 48 horas tras una protesta convocada en septiembre.

El personal doméstico seguía estando excluido del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo, lo que en muchos casos era aprovechado por las entidades empleadoras para cometer abusos con bastante impunidad, dada la deficiente aplicación de medidas de protección por parte del gobierno. Algunas trabajadoras kenianas del sector doméstico describían condiciones extenuantes y abusivas, constitutivas con frecuencia de trabajo forzoso y trata de personas, entre ellas, impago de salarios, exceso de horas de trabajo y abusos físicos y sexuales, a menudo sustentados en un racismo sistémico.

En mayo, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social anunció un periodo de gracia de seis meses para regularizar la situación de las personas empleadas en el sector doméstico que habían sido denunciadas por haberse fugado. El plazo se prorrogó otros seis meses en noviembre. También en mayo, el Sistema de Protección Salarial, hasta entonces aplicable únicamente al sector privado, se hizo extensivo al servicio doméstico, donde el salario debería pagarse por medios electrónicos. Esta obligación se introdujo por etapas, hasta aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 a todas las entidades empleadoras de personal doméstico. Tras una consulta pública, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social confirmó una notable reducción de las sanciones impuestas por incumplimiento de la legislación laboral desde 2021, entre ellas una considerable rebaja de las multas por infracciones como la confiscación del pasaporte a una persona empleada, la negación de días semanales de descanso o el incumplimiento de la prohibición de trabajar al mediodía en verano. Con todo, con la revisión del marco sancionador se introdujeron nuevas medidas dirigidas a castigar las infracciones contra categorías específicas de trabajadores y trabajadoras, entre ellos los no cubiertos por la Ley del Trabajo, como los de los sectores marítimo, agrícola y doméstico.

En junio, la Confederación Sindical Internacional, bajo la dirección de su sección africana, presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que se documentaba una constante generalizada de trabajo forzoso, robo de salarios, abusos físicos y sexuales y racismo sistémico que afectaban especialmente, aunque no de forma exclusiva, a los trabajadores y trabajadoras migrantes africanos.

El mismo día en que se presentó la denuncia, la OIT anunció la tercera fase de su acuerdo de cooperación con Arabia Saudí, centrado, entre otras cosas, en la contratación justa de la población trabajadora migrante y su movilidad laboral, la protección de las personas empleadas en el servicio doméstico y el acceso a la justicia.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las leyes sobre tutela seguían vigentes, lo que afectaba a muchos aspectos de la vida de las mujeres, que continuaban estando discriminadas en la ley y en la práctica. El 21 de febrero, casi tres años después de la aprobación de la Ley del Estatuto Personal de Arabia Saudí el 8 de marzo de 2022, el Boletín Oficial publicó su Reglamento de Aplicación. Aunque la Ley introducía algunos cambios positivos, como el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio, mantenía la discriminación por motivos de género en la mayoría de los ámbitos de la vida familiar, incluidos el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas y la herencia.

Derecho a un medioambiente saludable

Arabia Saudí se mantuvo entre los 10 mayores emisores de carbono per cápita del mundo. Saudi Aramco, de propiedad estatal saudí casi en su totalidad, siguió siendo la mayor empresa emisora de gases de efecto invernadero del mundo. Su director general declaró en octubre que el aumento de la demanda mundial de electricidad, impulsado por los vehículos eléctricos y los centros de datos de inteligencia artificial, se cubriría con combustibles fósiles, no con energías renovables, y que los hidrocarburos seguirían siendo “el eje central de la producción energética mundial”. El gobierno saudí no elaboró planes para abandonar gradualmente la producción de combustibles fósiles.

El 10 de septiembre, Arabia Saudí ratificó la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, por la que se comprometió a congelar la producción de hidrofluorocarbonos —potentes gases de efecto invernadero— hasta 2028 y a reducir su consumo en un 85% para 2047.