
© Susana Vera

© Susana Vera
El cambio climático no es una amenaza lejana, ya está transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Sus consecuencias se sienten en múltiples frentes: hambre, desplazamiento forzado, pérdida de medios de vida, enfermedades y un aumento de la mortalidad.
Fenómenos meteorológicos cada vez más extremos —sequías prolongadas, incendios forestales, inundaciones repentinas, olas de calor y tormentas devastadoras— están dejando comunidades enteras sin hogar ni sustento. En muchas regiones, las estaciones agrícolas ya no son predecibles, lo que agrava la inseguridad alimentaria. Y en las ciudades, el calor extremo y la contaminación intensifican problemas de salud pública.
“Los fenómenos meteorológicos extremos impactan gravemente la seguridad alimentaria y la salud pública”
El consenso científico internacional advierte que el cambio climático es un código rojo para la humanidad. Limitar el calentamiento global requiere reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y transformar la forma en que producimos energía, cultivamos alimentos y consumimos recursos.
La acción es urgente, pero también debe ser justa: las soluciones al cambio climático no pueden poner en riesgo los derechos humanos ni profundizar las desigualdades existentes.

“Limitar el calentamiento global es urgente. La acción debe incluir una transformación total en nuestros sistemas energéticos y agrícolas.”
Los derechos humanos están estrechamente relacionados con al cambio climático por su efecto devastador no sólo en el medio ambiente, sino en nuestro bienestar. Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático está repercutiendo de forma dañina en nuestro derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida.
“El cambio climático afecta directamente los derechos humanos, desde la vida hasta la salud, el acceso al agua y la alimentación.”
Cuanto más tiempo tarden los gobiernos en tomar medidas significativas, más difícil será resolver el problema y mayor será el riesgo de que las soluciones aumenten las desigualdades en lugar de reducirlas.
La falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático, pese a las acuciantes pruebas científicas, podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia.

“La inacción de los gobiernos frente al cambio climático podría convertirse en la mayor violación de derechos humanos intergeneracional.”
El cambio climático está estrechamente relacionado con los derechos humanos porque afecta directamente no solo al medio ambiente, sino también al bienestar de las personas. Sus efectos continúan extendiéndose y agravándose con el tiempo, poniendo en peligro las generaciones presentes y futuras. Estos son algunos de los principales derechos humanos que están siendo amenazados:
Todas las personas tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de seguridad. Pero el cambio climático representa una amenaza para la vida y la seguridad de miles de millones de personas en el planeta. Las manifestaciones más evidentes son los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas, las inundaciones y los incendios forestales. No obstante, hay muchas otras formas menos visibles en que el cambio climático pone en peligro la vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el cambio climático causará 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050.

“El cambio climático representa una amenaza directa a la vida, afectando a millones de personas.”
Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. De acuerdo con el IPCC, entre los principales efectos del cambio climático en la salud figuran:
El impacto del cambio climático en la salud exige una respuesta urgente; de lo contrario, el calentamiento amenaza con comprometer los sistemas de salud y los objetivos básicos de salud mundial.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, lo que incluye el acceso a una vivienda adecuada. No obstante, el cambio climático está amenazando este derecho de diversas maneras. Los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones y los incendios, ya están destruyendo viviendas y obligando a muchas personas a desplazarse.
Además, la elevación del nivel del mar amenaza los hogares de millones de personas que viven en áreas de baja altitud, mientras que las sequías, la erosión y las inundaciones continúan modificando el medio ambiente, creando nuevas amenazas a largo plazo para las viviendas y las infraestructuras.
Toda persona tiene derecho a agua potable para uso personal y doméstico y a saneamiento que garanticen el mantenimiento de la salud. Sin embargo, una combinación de factores como la fusión de la nieve y el hielo, la reducción de la pluviosidad, el aumento de las temperaturas y la elevación del nivel del mar está afectando la calidad y la cantidad de los recursos hídricos, lo que exacerba los problemas del acceso al agua potable.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como los ciclones y las inundaciones, dañan las infraestructuras de agua y saneamiento, dejando aguas contaminadas que contribuyen a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua. Asimismo, los sistemas de alcantarillado, especialmente en las zonas urbanas, también se verán afectados por el cambio climático, exacerbando las crisis de saneamiento.

“El cambio climático afecta y seguirá afectando a la calidad y cantidad de los recursos hídricos, lo que agravará aún más el problema global del acceso seguro a agua potable.”
El planeta siempre ha experimentado fluctuaciones significativas en sus temperaturas medias. Sin embargo, el calentamiento actual se está produciendo más rápidamente que nunca. La actividad humana ha incrementado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que está acelerando el calentamiento global.
La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas está en el origen de la mayoría de las emisiones de casi todos los sectores económicos. Representa más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que casi una cuarta parte de las emisiones provienen de la agricultura y la actividad forestal (23%), lo que convierte a este sector en la segunda fuente principal de emisiones después del sector energético. Alrededor del 40% de estas emisiones provienen del proceso digestivo de los animales rumiantes, como vacas, ovejas y cabras.
Los usos de la tierra y los cambios que estos ocasionan, como la deforestación, la degradación de los bosques y los incendios forestales, también son una fuente importante de emisiones. Tales actividades —como la transformación de zonas forestales en pastos para la ganadería comercial, la producción de cultivos forrajeros como la soja y las plantaciones de aceite de palma— suelen estar estrechamente vinculadas a sistemas alimentarios agroindustriales.

“La Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático provoque 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050 por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor.”
A menos que los gobiernos tomen medidas urgentes, el cambio climático continuará afectando a todas las personas. Sin embargo, sus efectos serán mucho más graves para determinadas comunidades y grupos que ya sufren discriminación o desventajas socioeconómicas. Entre estos grupos se encuentran:
En el ámbito nacional, quienes viven en los países menos ricos –sobre todo si son países situados a baja altitud, Estados insulares pequeños o países menos desarrollados– ya están (y estarán) entre los más afectados por el cambio climático. Con frecuencia, quienes menos contribuyen al cambio climático son quienes sufren sus peores efectos.
Esto es debido no sólo a su exposición a catástrofes relacionadas con el clima, sino también a factores políticos y socioeconómicos subyacentes que amplifican los efectos de tales fenómenos. En particular, las duraderas consecuencias del colonialismo y su legado de distribución desigual de los recursos entre los países han reducido la capacidad de los países de ingresos bajos de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.

El cambio climático y la contaminación de los combustibles fósiles tienen un impacto desigual según la etnia y el origen social. En muchos casos, las comunidades de personas de color, especialmente en América del Norte, están expuestas a altos niveles de contaminación debido a la ubicación de sus viviendas cerca de fábricas, refinerías o centrales eléctricas. Esto aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cáncer.
En Estados Unidos, por ejemplo, las personas afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir a causa de la contaminación atmosférica que la población general.
Las mujeres y las niñas, a menudo relegadas a roles y empleos dependientes de los recursos naturales, tienen menos capacidad de adaptación al cambio climático. Esta falta de acceso a recursos técnicos y económicos o la negativa a que puedan ser propietarias de tierras las pone en una situación más vulnerable frente a los efectos del cambio climático.

Niños, niñas y jóvenes ya están sufriendo debido a su metabolismo, fisiología y necesidades de desarrollo específicos. Esto significa, por ejemplo, que es probable que el desplazamiento forzado que experimentan las comunidades y que repercute en toda una serie de derechos –desde el derecho al agua, el saneamiento y la alimentación hasta el derecho a una vivienda adecuada, la salud, la educación y el desarrollo– tenga efectos particularmente dañinos en los niños y niñas.
“El cambio climático tiene efectos devastadores en los derechos de los niños y niñas, incluidos la salud, la educación y el acceso a recursos esenciales.”

Justicia climática es una expresión empleada por las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales para poner de relieve las implicaciones de la crisis climática para la justicia y la necesidad de diseñar respuestas de política justas.
Los enfoques basados en la justicia climática se centran en las causas originarias de la crisis climática y en cómo el cambio climático genera y aumenta las desigualdades entre los países y dentro de cada país. Sus demandas se basan en el imperativo de abordar tales desequilibrios e injusticias, comenzando por centrar la acción por el clima en las perspectivas, conocimientos y necesidades de los grupos y comunidades más afectados por la crisis climática. La justicia de género, racial, de clase, étnica, intergeneracional y relativa a la discapacidad es fundamental para conseguir realmente justicia climática.

El cambio climático afecta a todas las personas y, por tanto, todas y todos tenemos la obligación de actuar y luchar contra el mismo para minimizar, frenar y detener los efectos y los impactos del cambio climático. Sin embargo, la responsabilidad no recae sobre todos por igual, algunos de los principales actores que deben actuar son:
Los Estados tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático tomando las medidas más ambiciosas posibles para evitar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible. Aunque los Estados más ricos deben abrir camino tanto en el ámbito nacional como mediante la cooperación internacional, todos los países deben tomar todas las medidas razonables para reducir las emisiones hasta el máximo de sus capacidades.
Los Estados deben adoptar también todas las medidas necesarias para ayudar a quienes están dentro de su jurisdicción a adaptarse a los efectos previsibles e inevitables del cambio climático, para que se hagan sentir lo menos posible en sus derechos humanos. Deben hacerlo sean o no responsables de dichos efectos, ya que tienen la obligación de proteger a las personas de perjuicios causados por terceros.
“Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas urgentes y proteger a las personas de los efectos del cambio climático, incluso cuando no son los responsables directos.”


Los Estados deben tomar medidas para atajar el cambio climático con la mayor celeridad y humanidad posibles. En ningún caso estas acciones pueden derivar en violaciones de derechos humanos, como ocurre cuando se imponen proyectos de conservación o de energía renovable en tierras de pueblos indígenas sin consulta ni consentimiento previo.
Todas las medidas deben garantizar el derecho a la información, la participación efectiva de las comunidades afectadas y el acceso a recursos frente a abusos.La transición energética, además, debe ser justa y equitativa: no repetir las desigualdades existentes, proteger a quienes dependen de sectores contaminantes y fomentar empleos verdes y sostenibles.
Sin embargo, los compromisos actuales de los gobiernos son absolutamente insuficientes y nos conducirían a un aumento catastrófico de 3°C en la temperatura media mundial para finales de siglo, con consecuencias devastadoras e irreversibles para la humanidad y el planeta.

Las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Para cumplir con ella deben evaluar los posibles efectos de sus actividades en los derechos humanos y adoptar medidas para evitar las repercusiones negativas. Deben publicar sus conclusiones y sus medidas de prevención. Deben además tomar medidas para remediar los abusos contra los derechos humanos que causan o a los que contribuyen, ya sea por sí mismas o en colaboración con otros actores. Su responsabilidad se extiende a los daños a los derechos humanos derivados del cambio climático.
Las empresas, especialmente las del sector de los combustibles fósiles que han figurado históricamente entre las más responsables del cambio climático, también deben adoptar medidas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata —lo que incluye un cambio de negocio a las energías renovables— y hacer pública la información pertinente sobre sus emisiones y sus medidas de mitigación. Estos esfuerzos se deben extender a todas sus subsidiarias, filiales y entidades de su cadena de suministro.

Todas las personas podemos poner de nuestra parte para detener el cambio climático y los impactos que el cambio climático está provocando, ya que indirectamente tiene efectos económicos y sociales, pero ¿por qué ayudar a detener el cambio climático? Básicamente porque es algo que nos afecta a todas las personas de una forma u otra.
Algunos de los principales motivos para actuar son:
Los seres humanos nacemos con unos derechos humanos fundamentales que, sin embargo, se encuentran gravemente amenazados por el cambio climático. Si bien el cambio climático pone en peligro la vida de todas las personas de un modo u otro, es más probable que quienes sufran sus peores efectos sean las personas discriminadas. Todas las personas merecemos protección frente a esta amenaza universal.

Luchar contra el cambio climático nos da la oportunidad de poner por delante el bienestar de las personas al garantizar el derecho a un medio ambiente saludable. A su vez esto nos permitirá mejorar los derechos humanos, por ejemplo, al posibilitar el acceso de más personas a recursos energéticos más limpios y más baratos y crear oportunidades de empleo en sectores nuevos.
Son muchas las personas que están tratando de idear soluciones creativas, inspiradoras e innovadoras para abordar el cambio climático. Desde particulares hasta empresas o ciudades, en todo el mundo hay gente dedicada a elaborar políticas, campañas y soluciones que protejan a las personas y el planeta. Los pueblos indígenas y las comunidades minoritarias llevan siglos desarrollando formas de vivir sostenibles con el entorno que es su hogar. Podemos aprender de ellos y, con su consentimiento, aprovechar su pericia a la hora de plantear nuestras propias iniciativas para encontrar una forma distinta de interactuar con nuestro planeta.

“Los pueblos indígenas y las comunidades minoritarias llevan siglos desarrollando formas de vivir sostenibles”
Es fundamental una transición rápida de un sistema energético basado en combustibles fósiles a otro basado en energías renovables para poder reducir globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% antes de 2030 y alcanzar las cero emisiones antes de 2050.
Es fundamental que los gobiernos de hoy impulsen con urgencia la transición a fuentes de energía renovables y tecnologías verdes acreditadas, y que lo hagan con soluciones genuinas que no sacrifiquen el planeta ni a las personas. No deben convertirlo en problema de las generaciones venideras.
Los gobiernos deben exigir a las empresas que respeten los derechos humanos durante la transición energética. Se trata no solo de una transformación tecnológica, sino también de una decisión ética y política. El cambio de modelo energético puede ser una oportunidad histórica para reducir desigualdades, proteger a las comunidades más vulnerables y construir economías más resilientes frente a la crisis climática.

Dada la urgencia de la crisis climática, nuestra función es contribuir a movilizar a la comunidad de derechos humanos, mostrando cómo el cambio climático afecta a los derechos de las personas y poniendo de relieve cómo la gente se moviliza para responder a la realidad y la amenaza del cambio climático.
Amnistía trabaja con diversos grupos en países clave para aumentar la presión sobre los gobiernos y las empresas que obstaculizan los avances. Amnistía apoya también a la juventud, los pueblos indígenas, los sindicatos y las comunidades afectadas. Exige una transición rápida y justa a una economía sin emisiones de carbono que no deje atrás a nadie.


“El cambio climático afecta a todas las personas, pero golpea con más fuerza a quienes sufren discriminación.”