Lesotho

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Los recortes en la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para programas contra el VIH y la tuberculosis provocaron una crisis sanitaria. Las comunidades afectadas por el proyecto de la presa de Polihali presentaron una denuncia formal en la que solicitaban la protección de sus fuentes de agua, tierras y viviendas, una indemnización adecuada y una consulta significativa. Tšolo Thakeli fue acusado por sus críticas en línea a la política económica. Se restringieron las protestas pacíficas. Una comisión concluyó que el personal penitenciario había agredido físicamente a cientos de reclusos y provocado la muerte de un hombre.

Información general

Las estadísticas de la Encuesta de Población Activa de 2024 revelaron que en torno al 30% de la población estaba en situación de desempleo, porcentaje que ascendía a casi el 50% en el grupo de edad de entre 15 y 24 años.

En septiembre, durante su cuarto Examen Periódico Universal, el gobierno aceptó la mayoría de las recomendaciones, pero sólo tomó nota de las relativas a la abolición de la pena de muerte y la despenalización de las relaciones homosexuales consentidas.

Derechos económicos y sociales

En enero, los recortes en la financiación de USAID para los programas de salud contra el VIH y la tuberculosis sometieron a una enorme tensión a unos servicios sanitarios ya frágiles. Alrededor de 1.500 profesionales de la salud contratados a través de programas financiados por donantes perdieron sus puestos de trabajo; varias ONG e instituciones administradas por la iglesia redujeron o suspendieron las pruebas de detección del VIH, así como el asesoramiento y la labor de divulgación. Las personas que vivían con el VIH y la tuberculosis, especialmente en las zonas rurales, tenían cada vez más dificultades para acceder a los servicios, incluidos el tratamiento esencial con antirretrovirales y los programas de prevención de la transmisión materno infantil. Las autoridades y sus socios anunciaron estrategias de mitigación, entre ellas planes para garantizar financiación alternativa con el fin de volver a contratar profesionales sanitarios.

En septiembre, 18 comunidades afectadas por la fase II del Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas de Lesoto, que sumaban alrededor de 1.600 personas, presentaron una denuncia formal ante el Mecanismo Independiente de Recurso del Banco Africano de Desarrollo, que financiaba el proyecto. La denuncia alegaba daños en las viviendas, bloqueo del acceso a los campos, contaminación del agua, indemnizaciones inadecuadas y falta de consulta significativa. Las comunidades solicitaron la suspensión del proyecto hasta que se resolvieran sus motivos de preocupación. El proyecto desviaba agua de la presa de Polihali, en el distrito de Mokhotlong, a la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, con un costo estimado de 3.000 millones de dólares estadounidenses. Su finalización estaba prevista para 2029, un decenio más tarde de lo previsto.

Libertad de expresión

En junio, el activista en redes sociales Tšolo Thakeli fue detenido arbitrariamente tras publicar un vídeo en el que criticaba la gestión económica del gobierno. Fue puesto en libertad al día siguiente, pero volvió a ser detenido casi de inmediato y acusado de sedición en virtud de una ley de la época colonial que penalizaba la libertad de expresión. El uso de cargos de sedición para castigar las críticas en Internet a la política socioeconómica del gobierno tuvo un efecto intimidatorio en activistas, periodistas y otras personas usuarias de las redes sociales.

Libertad de reunión pacífica

A partir de junio, la policía denegó los permisos para llevar a cabo una serie de protestas en la capital, Maseru, relacionadas con la pérdida de puestos de trabajo en el sector textil. Las entidades organizadoras afirmaron que la policía había impuesto condiciones onerosas, como requisitos previos para las manifestaciones, y que también había amenazado con tomar medidas contra las protestas que se llevaran a cabo sin atenerse a las rutas o los periodos acordados.

Sindicatos y trabajadores comunitarios se quejaron de que la policía había restringido la autorización de protestas y reuniones públicas relacionadas con la huelga convocada en septiembre por el personal de la presa de Polihali para reclamar mejoras en los salarios y las condiciones laborales.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La Comisión de Investigación sobre los hechos relativos a la fuga de la Prisión Central de Maseru en diciembre de 2023 entregó su informe al primer ministro, Ntsokoane Matekane, el 16 de junio. La Comisión concluyó que el personal de los Servicios Penitenciarios de Lesoto había sometido a cientos de reclusos a agresiones físicas y otros malos tratos que habían provocado la muerte de un hombre y la discapacidad permanente de otro. Además, identificó graves fallos de liderazgo y gestión dentro de los Servicios Penitenciarios de Lesoto y recomendó que se tomaran medidas disciplinarias y penales contra los responsables.

El informe se presentó ante el Parlamento en agosto, pero se habían censurado algunas partes, lo que suscitó críticas de profesionales de la abogacía, miembros de la sociedad civil y familiares de personas reclusas acerca de la falta de voluntad de las autoridades de garantizar verdad, justicia y rendición de cuentas para las víctimas de tortura y otros malos tratos.

Pena de muerte

Aunque Lesoto mantenía la pena de muerte, la última ejecución conocida había tenido lugar en 1995 y no se tenía constancia de que se hubieran impuesto condenas a muerte a lo largo del año.