Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.
Los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación continuaron gravemente restringidos. El gobierno intentó reprimir a las minorías religiosas imponiéndoles un proceso opaco de inscripción en registro. Se hizo un uso indebido del sistema de justicia para reprimir la disidencia. La tortura y otros malos tratos eran endémicos y prevalecía la impunidad. Las personas refugiadas y migrantes sufrieron abusos a manos de las autoridades. Los compromisos en materia de medioambiente seguían siendo escasos o inexistentes.
Información general
En enero, el presidente en ejercicio, Alexander Lukashenko fue reelegido en un clima de miedo y represión absolutos.1 Bielorrusia mantenía estrechos vínculos políticos, económicos y militares con Rusia, y acogía tropas de ese país que participaban en ejercicios militares conjuntos. El cierre de las fronteras con Bielorrusia por parte de Polonia y Lituania durante varias semanas, alegando motivos de preocupación relacionados con la seguridad y el contrabando de cigarrillos desde Bielorrusia mediante globos aerostáticos, desestabilizó la economía de manera significativa. La emigración, debida en parte a las represalias tomadas tras las controvertidas elecciones de 2020, acrecentó la escasez de mano de obra. Las autoridades seguían pretendiendo el retorno de la población emigrada con medidas como denegarle los servicios consulares en el extranjero. La sensación de aislamiento internacional de Bielorrusia se atenuó tras un acercamiento diplomático de Estados Unidos que incluyó el levantamiento de algunas sanciones y que, según la opinión general, se efectuó a cambio de la excarcelación de personas presas (véase infra).
Libertad de expresión
La libertad de expresión continuaba gravemente restringida. Las autoridades seguían calificando de contenido “extremista” los materiales digitales, impresos y de radiotelevisión que cuestionaran su actuación, y añadían mensualmente alrededor de 100 nombres a la “lista de personas implicadas en actividades extremistas”. En diciembre, dicha lista contenía 6.127 nombres, y las personas que figuraban en ella sufrían restricciones económicas y la prohibición de trabajar en el sector público durante un periodo de hasta cinco años. Se prohibían las organizaciones que publicaran, difundieran o crearan contenido “extremista”, o que guardaran relación con personas de la lista. Cualquier vínculo con ellas o participación en su actividad era delito.
En diciembre había 28 profesionales de los medios de comunicación en prisión por realizar su trabajo.
Libertad de reunión pacífica
El ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica seguía penalizado en la práctica y era objeto de duras represalias.2 Según la ONG Centro de Derechos Humanos Viasna, las autoridades intensificaron sus esfuerzos para identificar y enjuiciar a participantes en las protestas pacíficas de 2020 ante la inminente prescripción del delito que les imputaban. Sólo en la capital, Minsk, había unas 200 personas investigadas penalmente y que se enfrentaban a penas de prisión y multas.
Las autoridades anunciaron su intención de presentar cargos de apoyo a la actividad extremista contra más de 200 manifestantes de nacionalidad bielorrusa que habían participado en protestas en el extranjero el 25 de marzo, jornada en la que el activismo en favor de la democracia celebraba el Día de la Libertad.
Libertad de asociación
El gobierno continuaba atentando contra la libertad de asociación. Seguía siendo delito, punible con multas o prisión, la participación en organizaciones no gubernamentales, políticas o religiosas no registradas u obligadas a cerrar o a suspender su actividad.
Hasta diciembre, 99 organizaciones de la sociedad civil, incluidas ONG y sindicatos independientes, habían sido cerradas o habían optado por disolverse ante las estrictas restricciones legislativas, la injerencia de las autoridades y las limitaciones económicas que soportaban.
Libertad de religión o de creencias
Continuó la persecución de las organizaciones religiosas y el clero no afines a las autoridades.
En julio, las organizaciones religiosas que no hubieran renovado el registro obligatorio en los 12 meses anteriores podían ser cerradas por orden judicial. El carácter opaco del proceso de registro y la prohibición de participar en las organizaciones no registradas generaron una gran incertidumbre, y no se sabía con certeza si al terminar el año se había programado o celebrado alguna vista judicial. A fecha 5 de diciembre no se había publicado la lista oficial de organizaciones registradas, aunque en el sitio web del órgano encargado del registro —probablemente desactualizado— constaban 3.592 entidades religiosas.
El 1 de abril, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de apelación del sacerdote católico Henryk Okolotovich contra la pena de 11 años de prisión que se le había impuesto por cargos de traición. Tanto el juicio como la vista del recurso se celebraron a puerta cerrada. Los medios de comunicación publicaron unas declaraciones de Henryk Okolotovich en las que afirmaba que había sido acusado de espiar para Polonia y el Vaticano. Tras la intervención del Vaticano, fue excarcelado el 20 noviembre.
Detención arbitraria y juicios injustos
Las autoridades continuaron haciendo uso indebido del sistema de justicia para silenciar y castigar la disidencia y la oposición. Cientos de personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y profesionales de los medios de comunicación y la abogacía, seguían cumpliendo largas penas de prisión impuestas tras juicios de motivación política celebrados sin garantías. Entre junio y diciembre se excarceló de forma anticipada a más de 170 víctimas de encarcelamiento por motivos políticos, en el contexto de un acuerdo negociado con Estados Unidos. Entre ellas figuraban el premio nobel Ales Bialiatski, los dirigentes de la oposición política Maryia Kalesnikava y Viktar Babaryka y otros presos y presas destacados, algunos de los cuales habían estado recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos. No obstante, continuaron los enjuiciamientos y encarcelamientos arbitrarios.
En septiembre, la ONU expresó preocupación por el aumento de los juicios celebrados in absentia. Las personas afectadas se enteraban de su procesamiento por casualidad, desconocían los delitos que se les imputaban y los fundamentos de su condena y eran privadas de asistencia letrada.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos bajo custodia, incluida la violencia sexual, continuaban siendo endémicos, y sus autores gozaban de impunidad. Las personas declaradas culpables de cargos de motivación política recibían un trato más duro en colonias penitenciarias. Se les negaba el contacto con el mundo exterior, a menudo se las recluía durante periodos prolongados en celdas de castigo y se les negaba atención médica adecuada.
Según el Centro de Derechos Humanos Viasna, las personas presas eran sometidas a trabajos forzados bajo la amenaza de castigo y en condiciones degradantes.
Al menos dos víctimas de persecución por motivos políticos, Valiantsin Shtermer y Andrei Padniabenny, murieron bajo custodia, con lo que la cifra total de este tipo de decesos desde 2020 ascendió a nueve.
Desapariciones forzadas
Durante el año no hubo ningún contacto exterior con varias figuras destacadas del activismo, el periodismo y la política encarceladas, ni tampoco información directa sobre ellas. Mikalai Statkevich, que había permanecido en paradero desconocido durante los dos años y medio anteriores a su excarcelación en septiembre, fue sometido a desaparición forzada inmediatamente después de negarse a ser deportado.3
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades de Bielorrusia seguían obligando a las personas refugiadas y migrantes a cruzar su frontera con la Unión Europea. Según un estudio conjunto de Oxfam y su socio polaco Egala, las personas devueltas sin el debido procedimiento a Bielorrusia eran sometidas a violencia física y privadas de agua, alimentos, refugio y atención médica. Se denunciaron casos de abuso sexual.
Derecho a un medioambiente saludable
Bielorrusia seguía sin cumplir las Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire, y la contaminación atmosférica triplicaba los niveles establecidos. Otros compromisos en materia ambiental y la supervisión de su cumplimiento seguían siendo frágiles o inexistentes. La dura represión de ONG ambientalistas y el exilio impuesto por el Estado a activistas contra el cambio climático independientes lo evidenciaron especialmente. En la información que presentaron al Examen Periódico Universal de Bielorrusia, varias ONG señalaron las restricciones a la participación pública en la toma de decisiones sobre cuestiones de medioambiente y la erosión de otros derechos ambientales en un contexto general de violaciones de derechos humanos.
Contenidos relacionados
Acciones
Noticias
Blogs
Documentos
Reportajes
Podcasts
