El gobierno de Zimbabue sigue controlando la radio comunitaria y su negativa a conceder licencias salvo a operadores comerciales vinculados a empresas estatales o que tienen relaciones con el gobierno es una estratagema para reprimir la libertad de expresión, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe que publica hoy.Beyond Tokenism: The need to license community radio stations in Zimbabwe(Más allá del formulismo: La necesidad de obtener licencias para las emisoras de radio comunitarias en Zimbabue) expone también la represión que sufren quienes hacen campaña en favor de que se concedan licencias a las emisoras de radio comunitarias, conforme a la Constitución del país. Estas personas han sido detenidas por la policía y sometidas a vigilancia, acoso e intimidación por los agentes de seguridad del Estado. “A pesar de las promesas y de leyes que llevan más de 14 años en vigor para liberar las ondas en favor de servicios radiofónicos muy necesarios, el gobierno de Zimbabue no ha cumplido sus promesas y sus compromisos”, ha dicho Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para el África Austral “Los simpatizantes del gobierno han sido los únicos a los que se han concedido licencias y además quienes han intentado organizar servicios independientes han sido detenidos y atacados por el mero hecho de tratar de educar, informar y ofrecer plataformas de debate. Todo esto viola la libertad de expresión.” Durante los últimos 14 años, el gobierno de Zimbabue se ha embarcado en un insidioso ataque para bloquear las radios comunitarias independientes, y lo ha hecho desde dos flancos: primero, negándose a conceder licencias, y segundo, atacando, acosando e intimidando a quienes desean proporcionar servicios. Favoritismos en la concesión de licencias de radio La Ley sobre Servicios de Radiodifusión acabó en 2001 con el monopolio de la cadena estatal, Zimbabwe Broadcasting Holdings (ZBH), lo cual se consideró una medida positiva. El texto legal dio vía libre a un sistema de emisión de tres niveles, estableciendo los criterios y el proceso de concesión de licencias, y facultó al Órgano Regulador de Radiodifusión de Zimbabue (BAZ) para conceder licencias de emisión. Sin embargo, la práctica de conceder todas las licencias de emisión comerciales a empresas propiedad del partido gobernante o muy cercanas a él ha hecho que se cuestionen la independencia y la imparcialidad de este organismo. Hasta la fecha se han concedido licencias de emisión comercial a 10 emisoras de radio, dos de ámbito nacional y ocho de ámbito local. Sin embargo, estas licencias se han concedido a cinco empresas propiedad de Zimbabwe Newspapers Private Limited –cuyo accionista mayoritario es el gobierno– o bajo su control, y a Kingstons Limited, empresa de propiedad estatal, así como a otras empresas vinculadas al partido gobernante. Hay al menos 28 iniciativas de radio comunitaria independientes en espera de que se les conceda una licencia, cosa que nadie ha conseguido en los últimos 14 años. En esta línea, activistas comunitarios de todo el país han dicho a Amnistía Internacional que los precios de las licencias resultan prohibitivos para comunidades con pocos recursos. “En Zimbabue hay una clara demanda de servicios de radio comunitarios. La radio comunitaria puede aportar la savia que supone para las comunidades rurales y urbanas un debate con fundamento sobre asuntos de interés público y temas que les afectan directamente de forma cotidiana, sean de índole social, económica o cultural”, ha dicho Deprose Muchena.
Al no conceder licencias a emisoras de radio comunitarias se viola el derecho a la libertad de expresión. El gobierno de Zimbabue debe abrir procesos de licitación para la concesión de licencias a emisoras de radio comunitarias cuya propiedad no suponga injerencias políticas y que sean asequibles para las áreas más marginalizadas del país.Ataque a las iniciativas de radio comunitaria Muchas iniciativas de radio comunitarias han sido constantemente atacadas por las autoridades. Para salvar la imposibilidad de emitir, muchas utilizan discos compactos para difundir información a sus comunidades sobre temas de desarrollo, tales como sida/VIH, prestación de servicios, planificación familiar y formas de mejorar los medios de vida de la comunidad. El 17 de junio de 2014, agentes de seguridad del Estado, entre los que había soldados, asaltaron las oficinas de Radio Kwelaz en la localidad de Kwekwe. Tenían una orden de registro basada en que la organización comunitaria estaba emitiendo ilegalmente, vulnerando con ello la Ley sobre Servicios de Radiodifusión “u otras leyes en vigor en Zimbabue”. Los agentes de la seguridad del Estado confiscaron ordenadores portátiles y 1.223 discos compactos en los que se hablaba de cáncer, violencia sexual, educación y otros temas que afectan a la comunidad, cuyos activistas dijeron a Amnistía Internacional que durante el registro los agentes de seguridad no sabían exactamente cuál era el delito que habían cometido. Los cargos contra ellos se retiraron posteriormente. El 1 de marzo de 2013, la policía asaltó las oficinas de Radio Dialogue en Bulawayo y confiscaron 180 aparatos de radio. Además, detuvieron e interrogaron al director de producción, Zenzele Ndebele, al que posteriormente dejaron en libertad bajo la custodia de sus abogados. “Estos ataques constantes tienen la clara intención de silenciar mediante la intimidación a quienes tratan de crear servicios de radio comunitaria independientes. Estas personas están siendo hostigadas deliberadamente por el mero hecho de intentar ejercer un efecto positivo en las vidas de otras personas, especialmente de grupos con pocos ingresos en zonas urbanas y rurales que tradicionalmente han sido marginados por los medios de comunicación generalistas”, ha dicho Deprose Muchena.
En lugar de atacar a estos potenciales prestadores de servicios, el gobierno de Zimbabue debe aceptarlos como facilitadores del desarrollo y el libre intercambio de información e ideas sobre temas de interés público.Recomendaciones El plazo fijado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que Zimbabue empiece a emitir en digital expira el 17 de junio de este año. Amnistía Internacional pide al gobierno que aproveche este cambio para permitir el pluralismo en el sector de la radiodifusiónconcediendo licencias a emisoras de radio comunitarias de zonas rurales y urbanas. Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional pide al gobierno de Zimbabue que: - garantice que todo el mundo en Zimbabue disfruta del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. - permita un acceso suficiente a las licencias de emisión, especialmente en el ámbito comunitario, para garantizar el pluralismo en los debates. - respete plenamente la independencia de línea editorial y programación de las emisoras de radio comunitarias. La organización pide al Órgano Regulador de Radiodifusión de Zimbabue que: - adopte un mecanismo abierto de concesión de licencias para servicios de radiodifusión comunitaria aceptando solicitudes a lo largo de todo el año. - rebaje los precios de las licencias para reducir la presión económica de los solicitantes de servicios de radiodifusión comunitaria. La comunidad internacional debe instar al gobierno de Zimbabue a cumplir de forma plena y real sus obligaciones respecto al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.