El presidente Robert Mugabe ha firmado la entrada en vigor de la nueva Constitución, después de tres años de proceso constituyente para sustituir la Constitución de Lancaster House aprobada tras la independencia del país en 1980.
La nueva Constitución de Zimbabue ofrece al país una magnífica oportunidad para romper con la cultura de impunidad por las violaciones de derechos humanos.
“La nueva Constitución es una iniciativa positiva que ofrece a la gente de a pie la posibilidad de un mayor disfrute de sus derechos humanos básicos”, ha manifestado Noel Kututwa, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para África. “En este día histórico, no solo el mundo está pendiente de ver si el país ha superado realmente una etapa, sino que millones de zimbabuenses esperan que esta nueva Constitución dé comienzo a un nuevo orden político en el que se protejan y respeten los derechos humanos”.
El proceso constituyente fue objeto de continuos aplazamientos y controversias, pero el referéndum sobre la nueva Constitución celebrado en marzo transcurrió de forma relativamente pacífica y concluyó con una abrumadora mayoría de votos favorables.
Con la nueva Constitución se espera que se derogue, o que al menos se modifique, la legislación represiva que se ha utilizado para silenciar a las personas críticas con el gobierno.
“Ahora esperamos que los legisladores de Zimbabue adapten leyes como la Ley de Orden Público y Seguridad, que se ha utilizado en el pasado para negar los derechos civiles y políticos de las personas”, ha declarado Noel Kututwa.
Se espera también que la aprobación de la nueva Constitución vaya seguida de elecciones para designar un nuevo gobierno que sustituya al gobierno de coalición establecido hace más de cuatro años gracias a un acuerdo político que contó con la intermediación de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral.
“Las próximas elecciones en Zimbabue suponen una auténtica prueba para que las autoridades demuestren su compromiso con la declaración de derechos expresada en la nueva Constitución”, ha afirmado Noel Kututwa. “La verdadera prueba es comprobar si todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil van a poder disfrutar de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.
Cambios necesarios en Zimbabue
En los últimos meses, la policía ha irrumpido en las oficinas de varias destacadas organizaciones de la sociedad civil en Zimbabue y ha detenido arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos.“Si se producen más ataques contra los defensores de los derechos humanos quedará en entredicho el compromiso del gobierno de respetar la declaración de derechos de la nueva Constitución”, ha afirmado Noel Kututwa.
Las violaciones de derechos humanos han aumentado en Zimbabue desde la crisis política iniciada en 2000, que provocó la salida del país de millones de personas que huían de la persecución política y las penurias económicas.
En 2008, más de 200 personas murieron y miles fueron torturadas y resultaron heridas, en actos violentos auspiciados por el Estado durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno que proporcione los fondos necesarios a la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue y ha instado a que el nuevo Parlamento analice seriamente la posibilidad de abolir totalmente la pena de muerte.
