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Alarmante represión de las libertades fundamentales en vísperas de las elecciones

La policía, el ejército y los servicios de inteligencia participaron activamente en la ola de violencia tras las elecciones de 2008. © Getty Images
La policía de Zimbabue sigue atacando e intimidando a defensores y defensoras de los derechos humanos en vísperas de las elecciones que se celebrarán en el país a finales de este mes. El informe, Walk the Talk (Predicar con el Ejemplo), expone con detalle las prácticas policiales de realizar redadas sistemáticas en oficinas de ONG, detener arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y confiscar equipo y materiales, todo ello para intimidar a las organizaciones que realizan trabajo de derechos humanos relacionado con las elecciones y para alterar su labor. “La represión del trabajo de quienes defienden los derechos humanos es una preocupante señal de que los organismos gubernamentales siguen manteniendo una hostilidad activa contra la sociedad civil”, ha manifestado Noel Kututwa, director adjunto del Programa para África de Amnistía Internacional. “Las fuerzas de seguridad de Zimbabue deben respetar y proteger las libertades fundamentales mientras el país se prepara para las elecciones de finales de julio, en las que hay mucho en juego.” A finales de 2012, entre las especulaciones sobre si Zimbabue celebraría elecciones en una fecha tan temprana como marzo de 2013, Amnistía Internacional documentó un incremento de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Desde noviembre de 2012 se han realizado al menos cinco redadas policiales en oficinas de ONG y decenas de defensores y defensoras han sido detenidos ilegalmente. Muchos han comparecido ante los tribunales por cargos falsos que, en general, se consideran de motivación política. Aunque el procesamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos no dé lugar necesariamente a condenas, en la práctica paraliza las organizaciones mediante las comparecencias periódicas de sus dirigentes ante los tribunales, mediante el agotamiento de sus fondos económicos a causa de las elevadas tasas judiciales, y mediante el temor a un encarcelamiento prolongado. Amnistía Internacional ha documentado también el claro apoyo partidista de altos mandos de los servicios de seguridad del país, que han prometido abiertamente lealtad al partido del presidente Robert Mugabe, el ZANU-PF. “Esa conducta es inaceptable y está prohibida explícitamente por la nueva Constitución de Zimbabue”, ha manifestado Noel Kututwa. “Dado el historial de Zimbabue de violencia promovida por el gobierno, es seguro que esta conducta infunde temor a la población, especialmente a las comunidades que sufrieron abusos graves en las elecciones de 2008.” En vísperas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de junio de 2008, al menos 200 personas fueron víctimas de homicidio, mientras que miles más fueron torturadas y sometidas a palizas en la oleada de violencia política que azotó el país, a menudo con la aquiescencia o la participación activa de la policía, el ejército y los
servicios de inteligencia. La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) intervino para resolver la crisis política que siguió a la violencia electoral, y más avanzado el año se firmó el Acuerdo Político Global. Amnistía Internacional pide a la SADC y a la Unión Africana que, como garantes del Acuerdo Político Global, tomen todas las medidas necesarias para asegurar que durante las elecciones armonizadas del 31 de julio no se repite la violencia promovida por el gobierno. Estas medidas deben incluir el envío de observadores electorales para documentar meticulosamente las violaciones de derechos humanos, en especial las cometidas por organismos gubernamentales. También deben incluir la realización de una declaración pública que indique claramente que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos. “En estas elecciones hay mucho en juego, y ni las partes interesadas de Zimbabue ni la comunidad internacional pueden tratar el periodo preelectoral como si fuera una situación normal”, ha manifestado Noel Kututwa. “El gobierno de Zimbabue, que acaba de firmar en mayo la entrada en vigor de una nueva Constitución, debe predicar con el ejemplo: debe cumplir los compromisos consagrados en ella y debe proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas.”

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