Un año después 500.000 muertos más

Madrid.- Del 11 al 15 de julio, en el marco de la reunión Bienal de Estados sobre Armas Pequeñas y Ligeras de Naciones Unidas, en Nueva York, el Gobierno español tiene una nueva oportunidad para expresar su voluntad de poner fin a las transferencias irresponsables de armas, tal y como le pidió el Congreso de los Diputados en marzo pasado. Ante esta cita, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam piden al Gobierno de Zapatero que coloque el Tratado Internacional que regule el comercio de armas en el lugar más destacado de su agenda, y que impulse acuerdos sobre los principios en que debe basarse el futuro tratado. Cada año, 500.000 personas mueren en el mundo debido a la falta de control en el comercio de armas. Por tanto, es urgente que se elabore y adopte un Tratado Internacional que regule este letal comercio. Las transferencias irresponsables de armas en todo el mundo facilitan la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, perpetúan los conflictos armados y la violencia, impiden el desarrollo de muchos de los países receptores de esas armas, y causan la muerte de cientos de miles de hombres, mujeres y niños cada año. En vísperas de la reunión de Naciones Unidas y del Día Internacional del Desarme que se celebra este sábado, Amnistía Internacional e Intermon Oxfam han entregado esta mañana en el Palacio de la Moncloa al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, un calendario gigante como símbolo de los 365 días que el ejecutivo español ha desaprovechado para impulsar esta iniciativa incumpliendo así su compromiso. Un año de espera sin resultados El Gobierno español se comprometió en julio de 2004 a impulsar este Tratado Internacional. Sin embargo, un año después el Gobierno ha desaprovechado todas las oportunidades que ha tenido de favorecerlo, olvidando convertir esta iniciativa en una prioridad de su agenda política internacional. Esta clara falta de compromiso por parte del Gobierno no es coherente, además, con la apuesta del ejecutivo español a favor de la paz y la seguridad mundial. Incluso los Ministerios relevantes han evitado pronunciarse. El Ministro de Defensa, José Bono, ha hecho oídos sordos a las más de 50.000 personas que le remitieron una postal reclamando que España lidere la adopción de este tratado internacional. Por su parte, José Montilla, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ha manifestado por escrito su escasa confianza en la efectividad de esta iniciativa. Ambas posturas se sitúan no sólo en contra de la declaración hecha por la Presidencia en julio del pasado año, sino de todas las personas que apoyan la campaña, y de la apuesta de decenas de países que ven en este Tratado el fin de la falta de control en el comercio de armas. Amnistía Internacional e Intermón Oxfam consideran inaceptable esta falta de interés ante un tratado que podría controlar un comercio que provoca una muerte cada minuto. Países como Brasil, Costa Rica, Finlandia, Francia, Ghana o Noruega ya han manifestado públicamente su apoyo a esta iniciativa. El Reino Unido, el mayor fabricante y exportador europeo de armamento, ha ido más allá, liderando una serie de reuniones de expertos intergubernamentales y animando a sus socios europeos a sumarse a este proceso. Campaña Armas Bajo Control Hace dos años, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y la red de ONG IANSA presentaban la campaña internacional Armas Bajo Control (www.armasbajocontrol.org), cuyo objetivo es conseguir un tratado internacional que regule el comercio de armas para 2006. Este tratado pide a los Estados que acuerden un conjunto de principios globales para regular y controlar la transferencia internacional de armas, que sean compatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Los puntos más importantes del tratado son: - Limitaciones expresas en las transferencias, contenidas en las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (como los embargos de armas) y en tratados específicos. - El requisito para los Estados de que no transfieran armas si van a ser utilizadas o es probable que sean utilizadas para cometer graves violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de principios que rigen las relaciones internacionales.