En respuesta a la votación de los miembros del Parlamento Europeo que insta a la Unión Europea (UE) a regular de manera más estricta el uso, la fabricación y el comercio de programas espía, Rebecca White, responsable de campañas del Equipo de Trabajo sobre Tecnologías de Vigilancia de Amnesty Tech, ha manifestado:
“Esta votación del Parlamento Europeo envía a los gobiernos de Europa y del mundo una señal política inequívoca: que se debe poner fin al uso abusivo de los programas espía. No obstante, las señales no son suficientes. El informe y las recomendaciones deben llevar a los Estados miembros, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea a emprender acciones rápidas y significativas. De adoptarse, las recomendaciones reforzarían las salvaguardias de derechos humanos en relación con el uso y la exportación de programas espía, pero en su versión actual no tienen suficiente alcance y no son vinculantes.”
“Es especialmente decepcionante que no se pida la suspensión inmediata de la venta, la adquisición, la transferencia y el uso de programas espía. En los dos años que han transcurrido desde las revelaciones del Proyecto Pegasus, no hemos visto que los Estados europeos hayan hecho esfuerzos reales por abordar el uso abusivo de los programas espía. Amnistía Internacional y otros equipos de investigación y organizaciones de la sociedad civil han mostrado una y otra vez la magnitud y el impacto devastador de esta crisis global y la impunidad con la que opera la industria de la vigilancia. Ahora los Estados miembros y la Comisión Europea deben aprovechar esta oportunidad para hacer algo al respecto.
“Amnistía acoge con satisfacción la promesa de los miembros de la Comisión PEGA de ejercer presión sobre la Comisión y el Consejo de la UE y sobre los Estados miembros y de monitorizar los avances. No obstante, ni siquiera la plena aplicación de las recomendaciones puede proteger a las personas frente a herramientas de vigilancia como Pegasus, y este es el motivo por el que es necesario que se prohíban de manera urgente estas formas de programas espía altamente invasivos.”
España: debe reformarse la ley que regula la actuación del CNI
Ante el hecho de que la Comisión Europea de Investigación ha confirmado el espionaje de 65 personas del entorno independentista de Cataluña por parte de autoridades españolas y que el gobierno español no ha querido colaborar con este comité, alegando motivos de seguridad nacional, la investigadora de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez ha reiterado:
"España tiene que investigar estos hechos, tiene que garantizar que aquellas personas que han podido ser espiadas ilegalmente tienen derecho a la justicia y a ser reparadas, y la Fiscalía debe mostrar un compromiso firme en impulsar que se realice esta investigación".
"La organización recuerda que hasta que no haya una reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales y de la ley que regula la actuación del CNI estos hechos de espionaje pueden volver a ocurrir".
Información complementaria
La votación de hoy pone fin al año de trabajo de la Comisión de Investigación PEGA del Parlamento Europeo sobre el uso indebido de programas espía, creada en respuesta a las revelaciones del Proyecto Pegasus en 2021. La resolución fue aprobada abrumadoramente en el Parlamento Europeo con 411 votos a favor, 97 en contra y 37 abstenciones.
El Proyecto Pegasus, fruto de la colaboración de más de 80 periodistas, con el apoyo técnico del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, reveló la presencia de restos del software espía Pegasus en el teléfono móvil de activistas, figuras políticas, profesionales del periodismo y de la abogacía y tuvo importantes repercusiones que siguen resonando en todo el mundo.El Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía desempeñó un papel crucial en la revelación de las pruebas periciales que demostraban que los datos podían estar relacionados con el programa de vigilancia Pegasus de NSO Group.
