En respuesta a las recomendaciones finales y al informe publicado hoy por la comisión PEGA del Parlamento Europeo, en los que se insta a la Unión Europea (UE) a regular más estrictamente el uso, la fabricación y el comercio de programas espía, Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Las recomendaciones de la comisión PEGA del Parlamento Europeo ponen de relieve el problema del uso indebido de programas espía para la vigilancia ilegal, pero se necesitan límites más estrictos para abordar eficazmente esta cuestión. Es decepcionante que las sugerencias se queden cortas a la hora de pedir una moratoria inmediata sobre la venta, adquisición, transferencia y uso de programas espía. También son necesarias investigaciones creíbles sobre el uso indebido de estos programas, así como justicia para las víctimas”.
“Aplaudimos el llamamiento a reforzar las salvaguardias de los derechos humanos en el uso de programas espía, pero queda por ver si éstas se llevarán a la práctica y si podrán impedir que se produzcan abusos. Como demuestran las recientes revelaciones, ni siquiera las protecciones más sólidas de los derechos humanos nos protegerán contra programas espía como Pegasus, por lo que necesitamos urgentemente la prohibición de estas herramientas invasivas”.
“Existe una cultura de impunidad en torno a la vigilancia digital selectiva que debe combatirse urgentemente. Los Estados miembros de la UE deben garantizar que las recomendaciones de la Comisión PEGA se traduzcan en medidas concretas”.
“Aunque no es vinculante, la votación es una de las respuestas más significativas de los legisladores a las revelaciones del Proyecto Pegasus. La comisión de investigación recomienda el establecimiento de normas comunes de la UE que, de adoptarse, supondrían un paso positivo, aunque en el futuro se requieran medidas mayores.”
España: espionaje confirmado
Ante el hecho de que esta Comisión de Investigación ha confirmado el espionaje de 65 personas del entorno independentista de Cataluña por parte de autoridades españolas y que el gobierno español no ha querido colaborar con este comité, alegando motivos de seguridad nacional, la investigadora de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, afirmó:
“Las autoridades españolas se han negado a dar confirmación oficial de la adquisición del programa Pegasus, a pesar de que diversas fuentes –incluido un extrabajador de NSO group- señalan que el gobierno español ha sido cliente de esta empresa”.
“Aunque el informe confirma muchas de las denuncias que habíamos realizado, numerosas preguntas seguirán sin respuesta hasta que no haya una reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales y de la ley que regula la actuación del CNI. Hasta entonces, la legislación seguirá permitiendo que el Gobierno actúe con nula transparencia y no ofrecerá garantías para evitar abusos y usos arbitrarios como los que se han confirmado”.
“La Comisión resalta su preocupación por el escaso o nulo avance en las investigaciones judiciales sobre los 65 casos denunciados, tampoco entre los 18 que ha reconocido el propio Gobierno, debido en gran parte a la falta de cooperación de las autoridades españolas. Además se destaca que los teléfonos sean investigados por la misma policía a la que se acusa de espionaje y no por un organismo independiente. Esto supone negar a las víctimas el acceso a una reparación efectiva”.
“El análisis de la Comisión señala un patrón claro de espionaje, llevado a cabo entre 2017 y 2020 coincidiendo con episodios políticos relevantes en España. Es perturbador confirmar de nuevo el espionaje masivo a personalidades políticas y de la sociedad civil catalana ligadas al independentismo, incluidas comunicaciones de estos con sus defensas jurídicas”.
Información complementaria
De los 65 casos denunciados, Amnistía Internacional llevó a cabo el análisis pericial de los terminales de cuatro, confirmando el espionaje en los casos de Elisenda Paluzie y Sònia Urpí Garcia, que trabajan con la Assemblea Nacional Catalana, la periodista Meritxell Bonet y el político, profesor universitario y activista catalán Jordi Sànchez.
