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Siria: La no renovación del último corredor humanitario podría suponer una catástrofe para millones de personas

Campo de refugiados en Idlib en el noroeste de Siria. © Ali Haj Suleiman

Según ha manifestado hoy Amnistía Internacional, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben prorrogar la resolución transfronteriza que permite a la ONU entregar ayuda humanitaria a al menos cuatro millones de residentes y de personas internamente desplazadas en el noroeste de Siria antes de su vencimiento el 10 de julio.

En un nuevo informe, ’Unbearable living conditions’: Inadequate access to economic and social rights in displacement camps in north-west Syria, Amnistía Internacional explica pormenorizadamente que, a consecuencia de la negativa o la obstrucción del gobierno sirio a que la población desplazada disfrute de derechos económicos y sociales, la población internamente desplazada que vive en campamentos en condiciones atroces es extremadamente vulnerable y depende enteramente de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Actualmente, alrededor de 1,7 millones de personas, el 58% de las cuales son niños y niñas, viven en campamentos en el noroeste de Siria sin perspectivas de una solución duradera. La gran mayoría de ellas lleva años viviendo en tiendas con poco o ningún acceso a agua y saneamiento, lo que incrementa el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua. Estas mujeres, hombres y niños y niñas viven en la miseria más absoluta y dependen completamente de las organizaciones humanitarias para sobrevivir.

Muchas de estas personas tienen escasas perspectivas de regresar a su hogar a causa de las violaciones de derechos humanos que las autoridades sirias en sus lugares de origen

Diana Semaan, Amnistía Internacional

“Muchos de estos hombres, mujeres y niños y niñas desplazados llevan más de seis años viviendo en condiciones de absoluta indigencia en el noroeste de Siria. Tienen escasas perspectivas de regresar a su hogar a causa de las violaciones de derechos humanos que las autoridades sirias siguen cometiendo en sus lugares de origen, pero su permanencia en los campamentos significa vivir en unas condiciones de insoportable dureza y arriesgarse a enfermar y a sufrir violencia de género”, ha declarado Diana Semaan, directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte.

“Desde que perdió el control de la zona noroccidental del país, el gobierno sirio ha cortado los suministros de agua y electricidad, obstruido el acceso de la ayuda humanitaria y atacado campamentos, centros médicos y escuelas, haciendo recaer en las organizaciones humanitarias la responsabilidad de prestar esos servicios. No hay ninguna solución eficaz para prestar la ayuda humanitaria adecuada en el noroeste de Siria, más que renovar el mecanismo transfronterizo existente. Es imprescindible que el Consejo de Seguridad de la ONU renueve la autorización de ese mecanismo antes de su vencimiento el 10 de julio.”

Entre febrero y mayo de 2022, Amnistía Internacional realizó investigaciones para su informe, en el que se examina la falta de acceso de la población residente en campamentos, predominante en Idlib, a sus derechos a una vivienda adecuada, a agua y saneamiento, así como a la salud. La organización entrevistó a un total de 45 personas, entre las que había personal de ayuda humanitaria y médico, además de mujeres y hombres desplazados de la zona.

Según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, las personas internamente desplazadas tienen los mismos derechos que los demás habitantes del país, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado. Estos derechos deben incluir, como mínimo, el acceso a “alimentos indispensables y agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado y servicios médicos y de saneamiento indispensables”.

Vivienda inadecuada, agua insuficiente

Más de la mitad de la población internamente desplazada en el noroeste de Siria vive distribuida entre 1.414 campamentos, habitualmente en tiendas de una sola habitación que no tienen puertas macizas ni cerrojos y no aíslan del frío ni el calor extremos comunes en la zona, lo que vulnera su derecho a una vivienda habitable en virtud del derecho internacional. La población internamente desplazada recibe agua principalmente a través de depósitos comunes, pero en una cantidad que no llega a la mitad de la que necesita. Sólo el 40% de las personas internamente desplazadas tiene acceso a letrinas en buen estado.

Una mujer que desde hace tres años vive con su esposo y sus cinco hijos en un campamento explicó: “Vivo en una tienda de una sola habitación. Puse una pequeña zona de cocina y unas colchonetas que cubren el resto de la estancia, que usamos tanto de día como de noche, ya que es el único espacio que tenemos. Lo hago todo en esa habitación: dormir, cocinar, lavar la ropa, los baños... Todo. No hay puerta. Tenemos una cubierta que enrollamos y desenrollamos al entrar o salir de la tienda. Puede entrar cualquiera. Es imposible sentirse a salvo viviendo en una tienda así”.

Añadió: “Siempre se nos acaba el agua. Como hoy. Hoy no tenemos agua. Los tanques comunes están vacíos. No tengo capacidad adquisitiva para comprar agua. Hay gente que sí, pero yo no. Le pido un poco a mis vecinas para que mis hijos y yo podamos beber. Tengo que esperar a que venga la organización a rellenar los depósitos; creo que lo hacen dos veces a la semana. Es mejor que nada”.

Residentes en los campamentos contaron a Amnistía Internacional que en invierno les cuesta calentarse, mantener la tienda y sus pertenencias secas, y hacer las tareas cotidianas, entre ellas ir a por agua y a las letrinas, porque los fuertes aguaceros, las inundaciones y el lodo de las carreteras obstaculizan su circulación. Además, para calentarse durante el invierno recurren a quemar plástico, madera o cualquier material inflamable dentro de la tienda, práctica que ya ha causado al menos 68 incendios en 2022.

El personal sanitario entrevistado contó a Amnistía Internacional que las tiendas de los campamentos representan un peligro para la salud porque contribuyen a la transmisión de enfermedades contagiosas. Añadieron que la mala calidad del agua y del tratamiento de residuos ha dado lugar a que se propaguen enfermedades transmitidas por el agua.

Violencia de género

Personal de ayuda humanitaria contó a Amnistía Internacional que el hacinamiento, la falta de intimidad, la ausencia de cercas en los campamentos, la imposibilidad de cerrar las tiendas y la exclusión de los procesos de toma de decisiones han dejado a las mujeres y las niñas expuestas a toda clase de violencia de género a manos de familiares, personal de gestión y residentes de los campamentos, desconocidos y trabajadores humanitarios.

Una trabajadora humanitaria dijo: “En el noroeste de Siria, especialmente en los campamentos, se cometen todos los tipos de violencia de género habidos e imaginables: insultos de familiares, violencia física también a manos de familiares, violación y explotación sexual”.

El estilo y la ubicación de las letrinas y los baños comunes, instalados sin consultar a las mujeres en la mayoría de los campamentos, contribuyen al riesgo de violencia de género. Este problema se ve agravado por la escasa iluminación, la ausencia de cerrojos en las puertas y el hecho de que las letrinas no estén separadas por sexos y se construyan en zonas aisladas.

Un trabajador humanitario dijo: “Las mujeres van a los baños comunes en grupo o acompañadas por un familiar. Por la noche les da miedo ir solas, así que si no hay nadie que las acompañe usan un baño improvisado o se aguantan hasta la mañana”.

Reducción de la ayuda humanitaria y limitación de la atención médica

Desde el inicio el conflicto armado, el gobierno sirio ha atacado implacablemente el sistema de atención de la salud en el noroeste de Siria y obstruido el suministro de ayuda médica, lo que afecta al derecho a la salud de millones de personas.

La reducción de la ayuda humanitaria internacional el año pasado ha socavado gravemente las condiciones de vida de la población residente e internamente desplazada en el noroeste de Siria, lo que ha provocado una escasez de personal, medicamentos y equipos, así como una reducción de la capacidad operativa, que han llevado a los centros sanitarios a reducir o interrumpir sus operaciones y servicios vitales.

Necesidad de intervenciones sostenibles

En los últimos años, los donantes y las organizaciones humanitarias no han podido proporcionar a la población residente en los campamentos un acceso adecuado a los servicios esenciales debido a la insuficiencia de fondos. Además, a medida que la crisis se prolongaba, sus intervenciones han estado más dirigidas a prestar asistencia vital que a proporcionar soluciones sostenibles y duraderas.

Una trabajadora humanitaria dijo: “El problema es que no intentamos resolver las causas subyacentes de varios de los problemas de los campamentos, como la salud, la protección, etc. Por ejemplo, sabemos muy bien cuál es la causa de la leishmaniasis [una enfermedad transmitida por el agua]. Todos los años destinamos financiación a medicamentos para tratarla, en lugar de trabajar para conectar los campamentos a fuentes de agua, abandonar el transporte de agua en camiones y construir un sistema de alcantarillado. No basta con seguir aplicando el enfoque de siempre, que es de respuesta de emergencia. Tenemos que integrarlo con otros enfoques que proporcionen soluciones duraderas”.

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