España no debe devolver a Kazajistán a Aleksandr Pavlov, ha declarado hoy Amnistía Internacional, poco después de tener noticia de la decisión del gobierno español de autorizar su extradición. “El gobierno español ha decidido proceder a la extradición de Aleksandr Pavlov a Kazajistán a pesar de la existencia de indicios creíbles de que al regresar a ese país podría ser torturado. Según Julia Hall, experta en justicia penal de Amnistía Internacional, si se procede a la devolución de Aleksandr Pavlov, España infringirá las obligaciones legales internacionales que tiene contraídas”. “El gobierno debe actuar dentro de la legalidad y anular esa decisión”. Aleksandr Pavlov, de 37 años de edad y nacional de Kazajistán, solicita asilo en España y se encuentra actualmente detenido en Madrid.Según información recibida por Amnistía Internacional de diversas fuentes, el Consejo de Ministros adoptó el 14 de febrero la decisión de autorizar la extradición. La decisión aún no se han hecho pública. Amnistía Internacional cree que la solicitud de extradición de Kazajistán se basa en la relación de Aleksandr Pavlov con Mukhtar Ablyazov, destacada figura de la oposición kazaja que huyó de Kazajistán en 2009. Aleksandr Pavlov fue durante varios años jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov. Según el gobierno de España, el gobierno de Kazajistán ha ofrecido “garantías diplomáticas“ de que Pavlov no será objeto de malos tratos en el caso de ser devuelto a Kazajistán. “Las garantías de trato humano que ofrecen gobiernos que practican habitualmente la tortura no tienen ningún valor”, ha manifestado Julia Hall.
“El gobierno español no puede ni debe confiar en esas promesas vacías de las autoridades kazajas, que no cesan en su implacable persecución de Aleksandr Pavlov y de otras personas relacionadas con Mukhtar Ablyazov”.
Ha habido varias causas contra activistas políticos y de la sociedad civil kazaja en las que el enjuiciamiento penal estuvo vinculado a su relación con Mukhtar Ablyazov y sus opiniones disidentes. Siguen llegando denuncias de torturas y otros malos tratos de detenidos y presos en Kazajistán, pese a las reiteradas declaraciones del gobierno en el sentido de que está atajando el problema. “España no puede cerrar los ojos sin más ante el historial de torturas y malos tratos de Kazajistán. De hecho, tiene la obligación legal de no devolver a ninguna persona a un país donde correría un riesgo real de sufrir persecución u otros abusos o violaciones graves de los derechos humanos”, recuerda Julia Hall. Dado que en España ya se han agotado todos los recursos de carácter nacional, la única oportunidad que le queda a Aleksandr Pavlov de impugnar la legalidad de la extradición es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de que el Tribunal Europeo ordenase la aplicación de "medidas cautelares", España tendría la obligación de interrumpir el proceso de extradición hasta que el Tribunal se pronunciase sobre el fondo del recurso. “Resulta vergonzoso que el gobierno de España haya considerado siquiera la posibilidad de devolver a Aleksandr Pavlov”, concluye Julia Hall. “La única línea de conducta legal y humana que ahora se puede seguir es que el gobierno reconsidere y reconozca que Aleksandr Pavlov correría considerable riesgo de sufrir daño si fuera devuelto a Kazajistán”.
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