El gobierno de transición de la República Centroafricana, la ONU y los donantes deben intensificar sus esfuerzos para establecer el Tribunal Penal Especial, han declarado hoy 23 grupos centroafricanos e internacionales de derechos humanos.
En junio de 2015, el gobierno de transición del país promulgó una ley aprobada en abril por la que se creaba un Tribunal Penal Especial en el sistema judicial nacional, integrado por personal nacional e internacional, para investigar y enjuiciar los crímenes más graves cometidos en el país desde 2003, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
“Estos esfuerzos deben continuar y recibir el respaldo de los actores internacionales para garantizar que este tribunal previsto en el papel se convierta en realidad lo antes posible.”
Pese a la difícil situación de la seguridad, las autoridades centroafricanas han dado algunos primeros pasos para establecer el tribunal. Entre otras medidas, el gobierno ha elegido y ofrecido un edificio para permitir que el órgano jurisdiccional lleve a cabo sus primeras actividades de investigación y enjuiciamiento. También ha preparado algunos de los decretos necesarios para que el tribunal funcione, y ha redactado las descripciones de puestos de trabajo para contratar al futuro personal. La ONU sigue apoyando este proceso, en concreto mediante el envío de un equipo de expertos para evaluar las necesidades logísticas y económicas del tribunal, y la elaboración de un plan del proyecto para respaldar el establecimiento de éste.
En la República Centroafricana siguen cometiéndose violaciones graves de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales han documentado recientemente más de 100 homicidios, así como la destrucción de infraestructuras vitales y 20 casos de agresión sexual cometidos en el curso de los actos de violencia sectaria que sacuden Bangui desde finales de septiembre. Es muy probable que estas cifras sólo representen una fracción de los graves crímenes que se están cometiendo con total impunidad en la República Centroafricana.
El sistema de justicia del país sigue siendo demasiado endeble para investigar y enjuiciar estos crímenes. Esta es la razón por la que el Tribunal Penal Especial tiene un papel destacado que desempeñar en la lucha contra la impunidad en la República Centroafricana, afirmaron los grupos.
El 27 de diciembre de 2015 está previsto que se celebren en el país elecciones presidenciales y parlamentarias, con una posible segunda vuelta para el 31 de enero de 2016 si ningún candidato obtiene la mayoría. Muchas organizaciones locales de derechos humanos temen una nueva ola de violencia en torno a los comicios.
“Es urgente que el Tribunal Penal Especial se cree y empiece a funcionar para juzgar estos crímenes y transmitir con claridad el mensaje de que no se van a seguir tolerando abusos de este tipo”, dijeron los grupos.
La puesta en funcionamiento efectiva del Tribunal sólo será posible si las autoridades centroafricanas cuentan con los medios y la oportunidad de asumir la plena propiedad de este órgano jurisdiccional y un mayor liderazgo en su establecimiento.
En este sentido, el comité directivo existente podría desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de una visión común del Tribunal Penal Especial y a la hora de orientar todas las medidas necesarias para que se cree y empiece a funcionar, lo que incluye, entre otros aspectos, la contratación de personal. El comité directivo está integrado por representantes del gobierno de transición, la ONU y algunos socios internacionales. “Debe reunirse periódicamente”, han declarado los grupos.
“El presupuesto provisional del Tribunal debe cerrarse cuanto antes para que pueda comenzar la búsqueda de financiación.” Para que el Tribunal tenga éxito será asimismo esencial contratar a expertos internacionales con experiencia demostrada en el enjuiciamiento de crímenes graves de derecho internacional que estén dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con sus homólogos nacionales. Los donantes deben empezar a movilizar los fondos y el apoyo técnico esenciales para el funcionamiento eficaz del Tribunal.
“La lucha contra la impunidad por los crímenes graves cometidos en la República Centroafricana, así como la cooperación con la Corte Penal Internacional, deben permanecer firmemente en la agenda del futuro gobierno y en la de los socios internacionales que apoyan la paz y el Estado de derecho en el país”, han subrayado los grupos. La Corte Penal Internacional está investigando también en la República Centroafricana, aunque lo más probable es que sólo enjuicie a algunos presuntos autores de crímenes. La Corte complementa la labor del sistema judicial nacional y del Tribunal Penal Especial.
“Es evidente que la justicia por los crímenes graves cometidos en la República Centroafricana es un pilar esencial para la paz duradera en la nación -concluyeron los grupos-. El apoyo económico y logístico al Tribunal Penal Especial es tanto una inversión indispensable en el futuro como una obligación moral hacia las víctimas que tanto han sufrido.”
