Madrid.- La Sección española de Amnistía Internacional ha expresado por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus preocupaciones sobre la crisis de derechos humanos que se vive en Colombia y ha puesto en marcha una campaña con estas preocupaciones a través del sitio web: www.es.amnesty.org, de envío de postales y de recogida de firmas. Estas preocupaciones se centran en el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por los crímenes padecidos durante el conflicto interno que abarca más de cuatro décadas. Durante los últimos 20 años el conflicto se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate. Más de 3 millones de personas se han tenido que desplazar. Desde el 2000, más de 10.000 personas han sido secuestradas, más de la mitad de ellas por la guerrilla o los paramilitares, y por lo menos 1.500 han "desparecido", principalmente a manos de los paramilitares actuando a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad. En 2003, más de 3.000 civiles murieron por motivos políticos fuera del campo de combate, más de 2.200 fueron secuestrados, aproximadamente la mitad de ellos por motivos políticos, y hubo cientos de miles de desplazados y cientos de "desaparecidos". Más de 220.000 personas se han visto obligadas a huir de su hogares el año pasado, y las fuerzas de seguridad han detenido, con frecuencia arbitrariamente, a cientos de civiles. La impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos en que se encuentra sumergido dicho país. España debe enviar un inequívoco mensaje que exprese preocupación por el repetido incumplimiento del gobierno colombiano de las Recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y reiterar que no apoyará ningún proceso de desmovilización ni avalará ninguna propuesta legislativa que no tenga en cuenta los derechos de las víctimas ni garantice que los combatientes sean efectivamente desmovilizados. El Estado colombiano debe asegurar que los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos, la violación de mujeres y niñas, serán llevados ante la justicia, y medidas que garanticen que no volverán a perpetrarlos. Verdad, justicia y reparación Las políticas de desmovilización emprendidas por el gobierno colombiano, deben respetar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. El gobierno colombiano debe combatir y desmantelar los grupos armados ilegales. Sin embargo, está negociando con los grupos paramilitares su desmovilización garantizando la impunidad de personas responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo violaciones y otros actos de violencia de género. Recomendaciones de la ONU El gobierno colombiano no ha aplicado las recomendaciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas de forma plena y rápida. El gobierno colombiano se comprometió con las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas al adherirse a la Declaración de Londres, y tiene el compromiso de aplicarlas a través de la declaración de la presidencia del 60 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se pide su aplicación. Los poderes del Fiscal General de la Nación Aún no hay un marco legal adecuado para la desmovilización, al tiempo que una nueva ley de procedimiento penal amenaza con dar al Fiscal General de la Nación poderes para bloquear las investigaciones penales sobre presuntos autores de abusos contra los derechos humanos. Esto ha suscitado el temor de que los perpetradores de abusos sean agentes de las fuerzas de seguridad, paramilitares o guerrilleros, nunca serán puestos en manos de la justicia. Respuestas al proceso de desmovilización Siguen sin respuesta importantes preguntas respecto al proceso de desmovilización de los paramilitares. Desde que éstos anunciaron un alto el fuego en 2002, se les ha considerado responsables de más de 1.900 homicidios y "desapariciones". Algunos de estos homicidios han sido cometidos por unidades paramilitares presuntamente desmovilizadas. Aumento de “desapariciones” y torturas Aunque se ha producido un descenso en ciertos indicadores de violencia política, como los secuestros, han aumentado los casos de tortura y las "desapariciones", al igual que los informes de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad. Violencia contra las mujeres La violencia sexual contra las mujeres y niñas, incluida la violación, forma parte integrante de los 40 años de conflicto armado de Colombia, y las pruebas y testimonios desvelados por Amnistía Internacional sugieren que se trata de una práctica generalizada. La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son utilizados con frecuencia por las fuerzas de seguridad y los paramilitares como parte de sus tácticas de terror contra las comunidades a las que acusan de colaborar con grupos de guerrilla. Las mujeres afrodescendientes, las indígenas y campesinas, las que habitan en barrios marginales y las desplazadas internas corren especial peligro. Algunas mujeres han sido agredidas sexualmente tras ser secuestradas por grupos de guerrilla y paramilitares o mientras estaban detenidas bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Los grupos de guerrilla también han obligado a sus mujeres combatientes a abortar y a usar medidas anticonceptivas. El número de mujeres muertas por motivos relacionados con el conflicto pero no en combate aumentó un 20 por ciento entre 2000-2001 y 2001-2002. El gobierno colombiano tiene la responsabilidad de prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, y pese a las repetidas recomendaciones de las Naciones Unidas y otros órganos internacionales, hay pocos indicios que sugieran que el gobierno ha tomado medidas suficientes para poner fin a estos abusos y llevar ante la justicia a los responsables, quienes quiera que sean.
