Tras la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Apelación de devolver a un tribunal de primera instancia el caso de la activista Justyna Wydrzyńska por ayudar a una mujer embarazada a acceder a píldoras abortivas, Esther Major, directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional para Europa, ha realizado las siguientes declaraciones:
“El fallo de hoy, según el cual la composición del tribunal de primera instancia que juzgó a Justyna Wydrzyńska impidió que tuviera un juicio justo, da a la Fiscalía la oportunidad de retirar los cargos contra ella.”
“Justyna no debería haber sido juzgada porque lo que hizo no debería estar tipificado como delito. Con su apoyo a una mujer que pedía ayuda, Justyna demostró compasión. Al defender el derecho al aborto seguro en Polonia, Justyna demostró valentía. Ahora la Fiscalía también debería demostrar esos mismos valores.”
Información complementaria
En 2020, Justyna Wydrzyńska —doula y cofundadora de Abortion Dream Team— ayudó a acceder a píldoras abortivas a una embarazada que dijo que sufría violencia de género en el ámbito familiar.
El 22 de noviembre de 2021 fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “poseer medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”.
En marzo de 2023, la activista fue declarada culpable de complicidad para abortar y condenada a ocho meses de servicios a la comunidad.
El tribunal resolvió hoy que Justyna no tuvo un juicio justo, ya que la jueza del tribunal de primera instancia no fue nombrado de forma independiente.
La legislación polaca en materia de aborto es la más restrictiva de Europa. El aborto sólo es legal cuando la vida o la salud de la persona embarazada corran peligro o cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto. Según la legislación polaca, no es delito practicarse a sí misma un aborto o estar en posesión de píldoras abortivas para un aborto autogestionado, pero cualquier persona o profesional de la medicina que ayude a una persona embarazada a abortar fuera de los dos supuestos permitidos en la ley podría ser castigada con hasta tres años de prisión.
