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Polonia: El veto presidencial supone alejarse del abismo

Las reformas suprimirían la independencia judicial y pondrían en peligro los juicios con las debidas garantías / Alik Keplicz

Ante el anuncio del presidente de Polonia, Andrzej Duda, de que vetará dos polémicos proyectos de reforma judicial que permitirían al partido Ley y Justicia tener un amplio control del poder judicial, Gauri Van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha dicho lo siguiente:

“Con esta decisión, el presidente Duda ha alejado a Polonia del abismo que supondría este asalto generalizado al Estado de derecho. Con estas reformas, que suprimirían la independencia judicial y pondrían en peligro los juicios con las debidas garantías, el sistema de justicia quedaría completamente a merced del gobierno en Polonia.

“Esta alarmante perspectiva ha sido evitada gracias en parte al poder de la gente. Desde que se anunciaron las reformas, decenas de miles de personas han salido a la calle en Polonia para defender sus libertades, y el inesperado anuncio del presidente Duda es un tributo al poder de la protesta pública.

“Aunque acogemos con satisfacción el anuncio de hoy, persisten graves motivos de preocupación sobre la independencia del poder judicial de Polonia. Pedimos al presidente Duda que vete un tercer proyecto de ley que facultaría al gobierno para nombrar a los presidentes de los tribunales ordinarios.

“Cientos de manifestantes se exponen a ser procesados por su participación en estas protestas, lo que muestra exactamente por qué la independencia judicial es tan importante. Hasta que sea vetado el tercer proyecto de ley, el derecho a un juicio justo corre peligro.”

Información complementaria La reforma de la Ley del Tribunal Supremo se llevó por primera vez a la Cámara Baja (Sejm) el 18 de julio y fue aprobada por el Senado el 22 de julio, pero necesitaba la firma del presidente para su promulgación.

Desde el viernes, la policía ha sometido a controles de identidad a más de 200 manifestantes, muchos de los cuales han sido multados por bloquear calles o traspasar las barreras policiales. La mayoría se ha negado a pagar la multa y ha preferido someterse a juicio ante un tribunal. Amnistía Internacional está dando seguimiento a varios de estos casos.

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