Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Pocas opciones en los comicios para las personas desplazadas internamente

En una carta hecha pública hoy, 27 de abril de 2006, Amnistía Internacional ha instado a los candidatos presidenciales de Colombia a que den a conocer sus planes de acción con respecto a la crisis de derechos humanos del país, particularmente en relación con los efectos de la reciente desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército sobre la población desplazada internamente de Colombia.

 

Los grupos paramilitares, la guerrilla y las fuerzas de seguridad han obligado a más de tres millones de personas a abandonar sus hogares desde 1985. Asimismo, decenas de miles de personas más han sido víctimas de homicidio, “desaparición”, tortura o secuestro.

 

Una serie de iniciativas del gobierno, como el Decreto 4760 y el programa de “reinserción rural”, amenazan ahora con permitir que los paramilitares desmovilizados se queden con el control de los millones de hectáreas de tierra que han robado.

 

Los paramilitares desmovilizados podrían tener derecho a concesiones para desarrollar proyectos agrícolas en las mismas tierras que han tomado por la fuerza, por medio, a menudo, de violaciones de derechos humanos y con el apoyo de las fuerzas de seguridad. En estos proyectos participarían campesinos, personas desplazadas internamente y paramilitares desmovilizados. Supuestamente, estos últimos representarían la mitad de las personas participantes en cada proyecto.

 

Varios grupos paramilitares han anunciado ya su intención de promover proyectos de desarrollo económico para sus miembros y las comunidades locales en zonas que ya controlan. 

 

“En la práctica, centenares de miles de personas podrían tener que enfrentarse en Colombia a un terrible dilema: seguir sin hogar o regresar a sus tierras y vivir con las mismas personas que han torturado, violado y matado a sus seres queridos y que las han obligado a marcharse”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

 

Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que no legitime el control paramilitar de tales tierras financiando proyectos agrícolas de este tipo.

 

En su carta, Amnistía Internacional insta también a los candidatos presidenciales a utilizar sus plataformas de campaña para expresar públicamente apoyo a la introducción de un marco jurídico basado en los derechos humanos para la desmovilización de los grupos armados ilegales. Todo marco jurídico debe ser compatible con las recomendaciones de la ONU y garantizar la devolución de las tierras robadas por los paramilitares a sus propietarios legítimos o a sus descendientes.

 

“Si son serios en su intención de dirigir el país, todos los candidatos presidenciales deben elaborar propuestas creíbles de tratamiento de la crisis de derechos humanos de Colombia. Si no lo hacen, corren el peligro de ser parte del problema”, ha señalado Javier Zúñiga, Director del Programa de Amnistía Internacional para América.

 

Amnistía Internacional pide también a los candidatos que se comprometan públicamente a:


· Reconocer la crisis de derechos humanos y el conflicto armado interno, que afectan a millones de personas en el país.
· Aplicar las recomendaciones internacionales formuladas en materia de derechos humanos, que incluyen poner fin a la impunidad.
· Garantizar el respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de seguridad.
· Firmar un acuerdo humanitario con la guerrilla para proteger a la población civil del conflicto.
· Defender el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas sociales a realizar su trabajo.
· Proteger a los civiles que mayor riesgo corren, como las mujeres y los pueblos indígenas.

 

Información complementaria
Las elecciones presidenciales de Colombia van a celebrarse el 28 de mayo.

 

El Decreto 4760 se promulgó el 31 de diciembre de 2005 para regular la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 para facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares y la guerrilla.