“El Estado Colombiano sigue incumpliendo su deuda histórica de dar una respuesta integral a la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras en el país. Las amenazas y ataques contra quienes defienden los derechos humanos siguen ocurriendo día tras día, poniendo a Colombia otra vez más como el país más letal para defender derechos humanos”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“La audiencia en el Congreso es una oportunidad única para trazar una ruta para que Colombia pueda avanzar en la protección de personas defensoras, y para discutir de qué manera se puede responsabilizar a las autoridades que no actúan diligentemente frente a la grave situación que se encuentran quienes defienden los derechos humanos en el país”.
En los últimos años, las organizaciones Front Line Defenders y Global Witness han colocado a Colombia de manera consistente como el país con más asesinatos de ambientalistas y personas defensores de derechos humanos en el mundo.
En octubre de 2020, Amnistia Internacional hizo una serie de recomendaciones en materia de protección integral a personas defensoras a nivel nacional y en cuatro casos concretos. Sin embargo, a la fecha, las autoridades colombianas han hecho muy poco para garantizar condiciones seguras para defender derechos humanos en el país. Siguen promoviendo un modelo de protección que ha demostrado ser ineficaz por estar basado únicamente en medidas de protección material y la expedición de leyes, decretos y normas que carecen de medidas que aseguren su debida implementación, así como medidas destinadas a la protección individual y no de carácter colectivo.
Asimismo, las autoridades han avanzado de manera muy lenta con diversos procesos que podrían dar respuesta a las causas estructurales de la violencia, incluyendo la investigación de amenazas y ataques, el reconocimiento de territorios indígenas y el desmantelamiento de grupos armados. Además, han adoptado medidas que por el contrario agudizan los riesgos para las personas defensoras como, por ejemplo, la decisión de poner en marcha una vez más campañas de erradicación forzada de cultivos ilícitos, o de reducir esquemas de protección para personas defensoras en riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección durante la pandemia.
El Congreso colombiano convocó una audiencia pública sobre el tema el día de hoy para exigir rendición de cuentas por la falta de garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en el país. En la audiencia participarán organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras, como María Ciro, representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), quienes viven bajo riesgo por su labor en defensa de los derechos humanos y que no cuentan con la protección adecuada por parte del Estado. También se espera la participación de instituciones estatales encargadas de garantizar su protección.
El caso de la defensora Jani Silva es un ejemplo de la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades colombianas. A lo largo del año 2021, ella ha sido víctima de distintas amenazas por parte de grupos armados por defender derechos humanos, pese a que cuenta con medidas materiales de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El último incidente resultó en su desplazamiento debido al alto riesgo que enfrenta. Mientras las autoridades no adopten medidas capaces de mitigar las causas estructurales que ponen en riesgo a Jani Silva, persistirá en una situación de riesgo que comprometerá su labor como defensora de derechos humanos.
La organización también ha constatado que el Ministerio de Interior no ha podido establecer planes de protección colectiva en los casos de la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la comunidad indígena ASEIMPOME, pese a que fueron solicitadas hace varios años. La lentitud del Ministerio de Interior en establecer planes de protección colectiva evidencia que las autoridades no han sido capaces de abordar las causas estructurales de la violencia contra personas y colectivos que arriesgan su vida para defender derechos humanos.
“El Estado sigue abordando el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos desde una perspectiva totalmente normativa, material e individual, y no con una mirada realista, colectiva y transformativa. La protección de personas defensoras no debe estar basada únicamente en la teoría, si no en hechos reales y en las soluciones expresadas por las propias personas y colectivos en riesgo. Si escucharan sus voces habría un ambiente significativamente más seguro para defender derechos humanos en Colombia”, dijo Fernanda Doz Costa.
“Las obligaciones en materia de derechos humanos recaen en los tres poderes del Estado, por lo que es imperioso que el Congreso priorice el tema de personas defensoras en su agenda de manera permanente, incluyendo mediante la creación de una Comisión de Verificación de Garantías para Personas Defensoras, que llame a rendir cuentas a las personas funcionarias del Ejecutivo que no cumplen con su deber de protección”.
