Pakistán debe suspender el ahorcamiento previsto para mañana de un hombre parapléjico que contrajo meningitis tuberculosa mientras estaba recluido en espera de ejecución y seguidamente declarar la suspensión de todas las ejecuciones, ha afirmado Amnistía Internacional. Abdul Basit, paralizado de cintura para abajo, fue declarado culpable de asesinato hace seis años, aunque él siempre ha defendido su inocencia. Su ejecución estaba inicialmente prevista para el 29 de julio de 2015, pero el Tribunal Superior de Lahore la aplazó ese mismo día, a las 11 de la mañana, debido a un recurso interpuesto por los abogados de Basit en el que sostenían que su ahorcamiento sería un castigo cruel e inhumano. El tribunal desestimó el recurso y dio luz verde a las autoridades penitenciarias para llevar a cabo la ejecución por ahorcamiento el 22 de septiembre. “En lugar de discutir la logística de cómo ejecutar a un hombre en silla de ruedas, las autoridades paquistaníes deberían conceder la suspensión a Abdul Basit”, ha dicho Sultana Noon, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán. “Este caso vuelve a poner el foco de la atención general en la crueldad de esta imparable cinta transportadora de ejecuciones en Pakistán. Al menos 240 personas han sido ejecutadas desde diciembre de 2014, una cifra escalofriante que sitúa a Pakistán entre los tres países del mundo que más aplican la pena capital. Pakistán debe declarar de inmediato una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición absoluta de la pena de muerte." Abdul Basit quedó parapléjico en 2010 por culpa de las condiciones inhumanas que soportaba en la prisión central de Faisalabad y por no recibir asistencia médica suficiente cuando se le diagnosticó la meningitis tuberculosa, que le causó graves lesiones en la médula espinal.
Información complementaria
Pakistán reanudó las ejecuciones en diciembre de 2014, después de una pausa de seis años, aduciendo que era una medida necesaria para combatir el terrorismo. Desde entonces, Amnistía Internacional ha documentado 240 ejecuciones –muchas de ellas realizadas incumpliendo el compromiso de Pakistán con el derecho internacional–, que han hecho de este país uno de los ejecutores más prolíficos del mundo en 2015. En la actualidad hay unos 8.000 presos condenados a muerte. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente la suspensión inmediata de todas las ejecuciones como primer paso hacia la abolición final de la pena de muerte en Pakistán.
