La expansión de la vigilancia y censura masiva ejercida por Pakistán está impulsada por un conjunto de empresas con sede en Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Canadá y Estados Unidos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado “Sombras de control”. La investigación, que ha durado un año, se ha llevado a cabo en colaboración con Paper Trail Media, DER STANDARD, Follow the Money, The Globe and Mail, Justice For Myanmar, InterSecLab y Tor Project.
La investigación revela que las autoridades pakistaníes han recibido tecnología de empresas extranjeras a través de una cadena encubierta de suministro mundial de sofisticadas herramientas de vigilancia y censura, en particular el Sistema de Monitoreo Web (WMS 2.0) —un nuevo cortafuegos— y el Sistema de Gestión de la Interceptación Legal (LIMS). El informe documenta la evolución en el tiempo del cortafuegos WMS, que inicialmente utilizaba tecnología suministrada por la empresa canadiense Sandvine (ahora AppLogic Networks). Tras la desinversión de Sandvine en 2023, se utilizó nueva tecnología de la empresa china Geedge Networks, que a su vez emplea componentes de hardware y software suministrados por la estadounidense Niagara Networks y la francesa Thales, para crear una nueva versión del cortafuegos. El Sistema de Gestión de la Interceptación Legal (LIMS) emplea tecnología de la empresa alemana Utimaco a través de una empresa emiratí llamada Datafusion.
“El Sistema de Monitoreo Web y el Sistema de Gestión de la Interceptación Legal de Pakistán operan como torres vigías que espían constantemente la vida de la gente corriente. En Pakistán, tus mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas y acceso a Internet están vigilados. Pero la gente no tiene ni idea de esta vigilancia constante y de la magnitud de su alcance. Esta realidad distópica es extremadamente peligrosa porque opera en la sombra, restringiendo gravemente la libertad de expresión y el acceso a la información”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía International.
“La vigilancia y censura masivas que ejerce Pakistán son posibles por la connivencia de un gran número de actores empresariales que operan en jurisdicciones tan diferentes como Francia, Alemania, Canadá, China y Emiratos Árabes Unidos. Se trata nada menos que de una economía de opresión vasta y rentable, que se ve favorecida por el incumplimiento por parte de las empresas y los Estados de sus obligaciones en virtud del derecho internacional.”
“La búsqueda de beneficios en los mercados está sujeta a limitaciones de derechos humanos, pero todas ellas se han pasado por alto. La ciudadanía pakistaní es la que paga el precio más alto.”
El WMS 2.0 puede bloquear tanto el acceso a Internet como contenidos específicos, prácticamente sin transparencia alguna.
Por orden de Autoridad Pakistaní de Telecomunicaciones (PTA), el LIMS se instala en las redes de telecomunicaciones —de empresas privadas —, lo que permite a las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia (ISI) interceptar y acceder a datos de los consumidores, como las llamadas de teléfono, los mensajes de texto o las visitas a sitios web.
“El LIMS y el WMS 2.0 se financian con fondos públicos, incorporan tecnología extranjera y se utilizan para silenciar la disidencia, vulnerando gravemente los derechos humanos de la población de Pakistán”, ha afirmado Jurre van Bergen, especialista en tecnología de Amnistía International.
Si bien ambos sistemas posibilitan la vigilancia masiva mediante la recopilación de grandes cantidades de datos personales o el examen de los hábitos de navegación de la población, el WMS 2.0 también permite a las autoridades bloquear redes privadas virtuales (VPN) o los sitios web que se consideren contenido “ilegal”.
“La insuficiencia de la legislación en combinación con estas nuevas tecnologías está acelerando la capacidad del Estado de restringir los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, lo que provoca un efecto intimidatorio y reduce el espacio de la sociedad civil en el país”
Un turbio sistema de vigilancia que opera en la sombra
Los motivos de preocupación en torno a la vigilancia ilegal y la censura en línea en Pakistán vienen de lejos. En un panorama político opresivo, el sistema jurídico del país no ofrece ninguna protección real contra la vigilancia masiva. La legislación nacional carece de garantías, y las que existen, como el requisito de disponer de orden judicial previsto en la Ley de Juicios Justos, suelen pasarse por alto, mientras que las autoridades adquieren herramientas de vigilancia y censura cada vez más sofisticadas de empresas extranjeras. La adquisición de estas sofisticadas tecnologías ha amplificado la capacidad del país para silenciar la disidencia mediante ataques dirigidos a periodistas, la sociedad civil y la ciudadanía.
Un periodista al que Amnistía Internacional entrevistó para el informe contó que estaba sometido a vigilancia de manera contante, lo que lo obligaba a autocensurarse.
“Obviamente, lo controlan todo, ya sean correos electrónicos o llamadas”. Explicó que, tras publicar una noticia sobre corrupción, fue objeto de una estrecha vigilancia que le afectó a él y a su entorno. “Después de publicar la noticia, cualquier persona con la que hablara, incluso por WhatsApp, era sometida a escrutinio. [Las autoridades] se acercaban a la gente y les preguntaban por qué los había llamado. [Las autoridades] pueden llegar a estos extremos... Ahora paso meses sin hablar con mi familia [por miedo a que sean objeto de represalias]”, afirmó el periodista.
“La insuficiencia de la legislación en combinación con estas nuevas tecnologías está acelerando la capacidad del Estado de restringir los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, lo que provoca un efecto intimidatorio y reduce el espacio de la sociedad civil en el país”, ha afirmado Agnès Callamard.
Proveedores del Sistema de Gestión de la Interceptación Legal
Mediante el análisis de bases de datos de transacciones comerciales en plataformas de suscripción, Amnistía Internacional concluyó que la empresa alemana Utimaco y la empresa emiratí Datafusion suministraban la mayor parte de la tecnología que permite a LIMS operar en Pakistán. El LIMS de Utimaco permite a las autoridades examinar los datos de suscriptores de las empresas proveedoras de telecomunicaciones, a los que entonces se puede acceder a través del Centro de Monitoreo de Nueva Generación de Datafusion (McNG)
Cualquier persona residente en Pakistán que acceda a Internet puede ser sometida a una vigilancia masiva selectiva a través del LIMS, que permite interceptar la ubicación de teléfonos, llamadas telefónicas y mensajes de texto una vez que introducido un número de teléfono en el sistema a petición de agentes estatales, incluidos los funcionarios de la agencia de espionaje, el ISI.
Además, los agentes estatales que emplean el LIMS pueden ver el contenido de los sitios web si la persona ha accedido a ellos a través de HTTP (la forma no cifrada de acceder a un sitio web). Si ha accedido a través de HTTPS, el operador sólo verá a qué sito web se ha accedido por sus metadatos, no su contenido cifrado.
Según afirma Jurre van Bergen, “debido a la ausencia de salvaguardias técnicas y jurídicas en la implantación y el uso de tecnologías de vigilancia masiva en Pakistán, el LIMS es en la práctica una herramienta de vigilancia ilícita e indiscriminada que permite al gobierno espiar a más de cuatro millones de personas simultáneamente”.
El cortafuegos nacional de China se conoce ahora también como Sistema de Monitoreo Web (WMS) 2.0
Sobre la base de investigaciones existentes y el análisis de bases de datos sobre transacciones comerciales de plataformas de suscripción, Amnistía Internacional concluyó que la primera versión del WMS se instaló en Pakistán en 2018 empleando tecnología suministrada por la empresa canadiense Sandvine, que ahora es AppLogic Networks. Amnistía Internacional denomina este sistema WMS 1.0.
Amnistía Internacional ha concluido que Sandvine aparecía en datos comerciales ya en 2017 y que ha suministrado material al menos a tres empresas pakistaníes con un historial de trabajo para el gobierno de Pakistán. Una de ellas es Inbox Technologies, y las otras dos empresas que Amnistía Internacional encontró durante su investigación son SN Skies Pvt Ltd y A Hamson Inc.
A través de una filtración que se compartió con los colaboradores —y a la que Amnistía Internacional se refiere como el conjunto de datos Geedge— se descubrió que el WMS 1.0 fue sustituido utilizando tecnología avanzada producida por la empresa china Geedge Networks en 2023. Esta versión se conoce como WMS 2.0.
La instalación y la puesta en marcha del WMS 2.0 en Pakistán fueron facilitadas por software o hardware de otras dos empresas: la estadounidense Niagara Networks y la francesa Thales.
Amnistía Internacional cree que la tecnología proporcionada por Geedge Networks es la versión comercializada de la “Gran Muralla Cortafuegos” de China, una herramienta de censura estatal integral desarrollada e implantada en China y ahora también exportada a otros países.
Falta de regulación, control y transparencia
De las 20 empresas con las que contactó Amnistía Internacional, sólo la estadounidense Niagara Networks y la canadiense AppLogic Networks (la anterior Sandvine) respondieron a nuestras preguntas. Las respuestas de las empresas figuran en el informe. Datafusion Systems y Utimaco respondieron a preguntas de investigación enviadas por Amnistía Internacional en octubre de 2024, y sus respuestas se reflejan en el informe, aunque no respondieron a ninguna de las cartas que se les enviaron posteriormente detallando las conclusiones del informe.
Amnistía Internacional también contactó con nueve entidades gubernamentales. La Oficina Federal Alemana de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) y la Oficina Canadiense de Controles Comerciales acusaron recibo de nuestra carta, pero no respondieron a las preguntas que les formulamos. El gobierno pakistaní no respondió a ninguna de nuestras cartas.
Empresas y países como China y Emiratos Árabes Unidos, así como países de la Unión Europea y América del Norte, siguen sin regular, controlar ni ofrecer transparencia en las exportaciones de tecnologías de vigilancia que tienen consecuencias perjudiciales para los derechos humanos, como en el caso Pakistán.
