Más de 2.000 ciudades en todo el mundo como Berlín, Ámsterdam, Roma, Ginebra, París o Nairobi iluminan edificios representativos para mostrar el rechazo de la sociedad a la pena de muerte, un castigo cruel, inhumano y degradante contra el que Amnistía Internacional lleva luchando desde hace décadas.
Este año la edición de Ciudades por la Vida, que impulsa la Comunidad de Sant’Egidio junto con Amnistía Internacional, cuenta con la participación de más de 30 municipios que se suman a esta propuesta, que se celebra en recuerdo de la primera abolición de la pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Entre ellos, Barcelona, Valencia, Málaga, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián-Donostia, Valladolid, Burgos, Granada, Logroño, Gran Canaria, Oviedo o Cáceres.
La Jornada Mundial “Ciudades por la vida” es una iniciativa internacional emprendida por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional, juntocon alrededor de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo. El 30 de noviembre se conmemora el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en el mundo, que llevó a cabo el Gran Ducado de Toscana en 1786. La Jornada se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo. Cerca de 80 ciudades participaron en la primera edición del año 2002. Un número que ha ido creciendo en la última década hasta las más de 2000 que participan este año en este evento, por medio de actividades culturales, espectáculos y proyecciones, así como otras acciones de sensibilización.
La pena de muerte en el mundo
En 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad el mundo camina hacia la abolición. Al terminar 2018, 106 países, la mayoría de los Estados del mundo, la habían abolido en la ley para todos los delitos, y más de dos tercios, 142 países, la habían abolido en la ley o en la práctica.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. Hubo un incremento de las ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos, éste último siendo el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China (donde no se tienen cifras fidedignas, ya que son secreto de estado) Irán, Arabia Saudí, Vietnam, Irak y Egipto, por este orden. El número de condenas a muerte registradas en todo el mundo en 2018 (2.531) representó un ligero descenso con respecto a las registradas en 2017 (2.591). Al final de 2018 se tenía constancia de que había al menos 19.336 personas condenadas a muerte en todo el mundo.
Frente a quien quiere mantenerla, e incluso a quien quiere introducirla nuevamente, es necesario mantener vivo el compromiso de civilización y humanidad, tanto a nivel de sociedad, como de instituciones y gobierno, que en los últimos años ha permitido hacer importantes avances en este camino hacia la abolición de la pena capital.
En Estados Unidos, la pena de muerte fue declarada inconstitucional en el estado de Washington en el mes de octubre y en California han suspendido las ejecuciones y han desmantelado el corredor de la muerte local. Burkina Faso abolió la pena de muerte en su nuevo código penal en junio de 2018.
Además, miles de ciudadanos, en Europa y en todo el mundo, se han movilizado en defensa de algunos condenados, firmando los llamamientos que se han hecho para parar sus ejecuciones.
Magai Matiop Ngong, de 17 años, condenado a muerte en Sudán del Sur
Coincidiendo con la jornada de Ciudades por la Vida, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción en favor de Magai Matiop Ngong, de 17 años, para evitar que sea ejecutado en Sudán del Sur. Magai fue condenado a muerte en noviembre de 2017, cuando aún era un niño, infringiendo con ello tanto las leyes de Sudán del Sur como el derecho internacional.
Cuando Magai tenía 15 años, se enzarzó en una pelea con un vecino. Su primo trató de separarlos y Magai tomó el rifle de su padre con el que realizó unos disparos de advertencia al suelo. Una de las balas rebotó y alcanzó a su primo, que murió más tarde en el hospital. Magai no tuvo asistencia letrada durante el juicio como dispone la ley. Dijo al tribunal que la muerte de su primo había sido un accidente. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Al final consiguió un abogado que le está ayudando a presentar un recurso.
Antes de que su vida cambiara al ser declarado culpable de asesinato, Magai estudiaba enseñanza secundaria y soñaba con ayudar a la gente cuando fuera mayor. “Antes del accidente, iba al instituto. Corría, era muy bueno corriendo, y también cantaba góspel y canciones no espirituales. […] Mi objetivo era estudiar y hacer cosas que ayudaran a los demás. Espero salir en libertad y continuar con los estudios”, dijo Magai el año pasado a Amnistía Internacional.
Actualmente Magai está en la Prisión Central de Yuba.
La lucha contra la pena de muerte
No existe ninguna prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas, minorías y para acallar a la disidencia política.
La Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad o inocencia de las personas, y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 2018, 121 países votaron a favor de apoyar una moratoria global de todas las ejecuciones. Solo 35 países votaron en contra.
