Nueva Campaña de Amnistía Internacional para poner fin a las lapidaciones

Madrid.- Después de los dos últimos casos de lapidación ocurridos en Irán en diciembre pasado, Amnistía Internacional lanza una nueva campaña de recogida de firmas a través de su página web www.actuaconamnistia.org para poner fin de una vez por todas a este castigo cruel, inhumano y degradante. La organización insta a las autoridades de Irán a que declaren de inmediato una suspensión efectiva de las ejecuciones por lapidación, como un primer paso para acabar con la pena de muerte en Irán. Actualmente, al menos 10 personas, ocho mujeres y dos hombres, corren el riesgo de ser ejecutadas por lapidación. Las mujeres son: Kobra N., Iran A., Khayrieh V., Ashraf Kalhori, Gilan Mohammadi, Afsaneh R., M.J. y H. Y los hombres, Abdollah Farivar y Gholamali Eskandari. En agosto de 2008, la Magistratura iraní anunció una suspensión de las lapidaciones, lo que suponía un avance importante hacia el fin de este castigo. Sin embargo, en diciembre dos hombres fueron lapidados en Mashhad, en el noreste del país. Se trataba de Houshang Khodadadeh y otro hombre no identificado, que  murieron apedreados hacia el 26 de diciembre. Desde 2002 han sido cinco las personas ejecutadas por lapidación en Irán. La lapidación es un castigo que Irán aplica a hombres y mujeres casados acusados de cometer adulterio. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, pero considera que la lapidación es un práctica particularmente terrible. Este castigo está específicamente concebido para aumentar el sufrimiento de la víctima, pues para llevarlo a cabo se escogen piedras lo suficientemente grandes como para causar dolor, pero no tanto como para matar a la víctima enseguida. Para la organización, en el camino hacia la abolición total de la pena de muerte, las autoridades iraníes deben promulgar una ley que prohíba inequívocamente la lapidación como pena judicial. A la espera de esta ley deben declarar de inmediato una suspensión de las lapidaciones, dejando claro a todos los jueces y otros funcionarios que tendrán que rendir cuentas en caso de incumplir tal suspensión. Además, se debe destipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre adultos.