Londres/Madrid.- A punto de cumplirse 40 años de ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que pongan fin a la apropiación de tierra, los bloqueos y demás violaciones del derecho internacional cometidas bajo la ocupación. Estas medidas han dado lugar a abusos generalizados contra los derechos humanos y no han servido para proporcionar seguridad a la población israelí ni a la palestina. En un informe publicado hoy, 4 de junio de 2007, con el título “Soportando la ocupación: la población palestina, bajo sitio en Cisjordania”, Amnistía Internacional denuncia los devastadores efectos de cuatro decenios de ocupación militar israelí. La organización documenta la expansión incesante de los asentamientos ilegales en territorios ocupados, que priva a la población palestina de recursos esenciales, así como una serie de medidas que confinan a los palestinos en zonas aisladas, obstaculizando su acceso al trabajo y los centros de salud y educativos. Entre estas medidas figuran una valla/muro de 700 km de largo, más de 500 controles de seguridad y bloqueos, y un complicado sistema de permisos de acceso. "Los palestinos que viven en Cisjordania encuentran un bloqueo a cada paso –explica Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional–. Estos bloqueos no son simplemente algo que causa molestias, sino que pueden convertirse en una cuestión de vida o muerte. Es inadmisible que, para ir al hospital, mujeres que están de parto, niños y niñas enfermos o víctimas de accidentes tengan que dar largos rodeos o soportar largas esperas que pueden costarles la vida.” "Hacen falta con urgencia medias internacionales para abordar los abusos generalizados contra los derechos humanos que se están cometiendo bajo la ocupación, que fomentan el resentimiento y la desesperación entre la población palestina, compuesta fundamentalmente de jóvenes y cada vez más radicalizada –añade Malcolm Smart–. En 40 años, la comunidad internacional no se ha ocupado debidamente del problema palestino-israelí, y no puede ni debe esperar otros 40 años para remediarlo." Amnistía Internacional pide el despliegue urgente de un mecanismo internacional de observación efectiva de la situación de los derechos humanos para vigilar el cumplimiento por ambas partes, israelíes y palestinos, de las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional. Esta medida ha de estar respaldada por el compromiso de someter a investigación y enjuiciamiento, por medio del ejercicio de la jurisdicción universal, a toda persona que cometa crímenes de guerra u otros delitos comprendidos en el derecho internacional. "No subestimamos las dificultades que plantea el establecimiento de este sistema independiente de vigilancia, tanto si se encarga de ello la ONU como cualquier otro organismo competente, pero es esencial que la comunidad internacional se comprometa de forma más activa a buscar una solución y hacer cumplir a las partes las obligaciones que les impone el derecho internacional”, señala Malcolm Smart. En su informe, Amnistía Internacional reconoce los motivos legítimos de preocupación de Israel en materia de seguridad y el deber del gobierno de proteger a la población que vive dentro de sus fronteras, pero explica que esto no justifica las violaciones flagrantes del derecho internacional que se cometen, como la construcción de gran parte de la valla/muro dentro de Cisjordania, en tierras palestinas. "Si lo que se pretendía era simplemente impedir la entrada en Israel de palestinos dispuestos a cometer atentados suicidas con explosivos, la barrera debería haberse construido a lo largo de la Línea Verde, que marca la frontera entre Israel y Cisjordania –afirma Malcolm Smart–. Sin embargo, lo cierto es que, desafiando al Tribunal Internacional de Justicia, se está construyendo en su mayor parte en tierras palestinas y está dejando aisladas muchas ciudades y pueblos palestinos de Cisjordania." Además de la valla/muro, hay muchas otras restricciones que limitan de muy diversas formas la libertad de circulación de la población palestina, como más de 500 controles de seguridad y bloqueos y una red de carreteras para uso de los colonos israelíes y de acceso prohibido para los palestinos. La barrera, junto con estas carreteras y bloqueos, beneficia a los asentamientos israelíes, que, aunque son ilegales, no dejan de expandirse, creando una continuidad territorial entre ellos e Israel. "Las duras restricciones israelíes han provocado el casi total hundimiento de la economía palestina y están exacerbando las condiciones cada vez más frágiles en que vive y trabaja la población palestina, por lo que la desesperación la pobreza y la falta de seguridad han alcanzado niveles sin precedentes en los Territorios Palestinos Ocupados”, explica Malcolm Smart. "La mayor parte de la población palestina depende ya de la ayuda humanitaria para subsistir: las familias han reducido la calidad y cantidad de los alimentos que consumen y venden bienes que son esenciales para su sustento." Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes a:
· Levantar el régimen de bloqueos y restricciones impuestos a la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados, que constituye un castigo colectivo, y garantizar que las restricciones impuestas en respuesta a amenazas específicas a la seguridad se aplican sólo a las personas contra las que van dirigidas, no a comunidades enteras.
· Detener la construcción de la valla/muro dentro de Cisjordania y derribar los tramos ya levantados allí.
· Detener la construcción y ampliación de asentamientos israelíes e infraestructura conexa en los Territorios Palestinos Ocupados como primera medida para eliminar los asentamientos y “puestos de avanzada” israelíes.
· Anular todas las órdenes de demolición de viviendas de los Territorios Palestinos Ocupados y ofrecer una reparación a los palestinos cuyas viviendas y bienes hayan sido ya destruidos. La organización reitera también su llamamiento a los grupos armados palestinos para que pongan fin de inmediato a los ataques contra civiles, así como su llamamiento a la Autoridad Palestina para que tome medidas efectivas a fin de detener y prevenir tales ataques y poner a sus autores a disposición judicial.
