El gobierno nicaragüense debe poner fin a su estrategia represiva, la que mantiene desde el 18 de abril de 2018, y que en la actualidad incluye la implementación de medidas para cerrar, allanar o silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, dijo Amnistía Internacional hoy, al lanzar la campaña “Lo que dejamos atrás: huyendo de la represión en Nicaragua”.
“La comunidad internacional debe tener claro que la crisis de derechos humanos en Nicaragua, provocada por el gobierno de Daniel Ortega desde abril del 2018, persiste, y que las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de garantizar el ejercicio de derechos de la población. Como consecuencia de su estrategia de represión, decenas de miles de personas están en el exilio, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Con esta campaña, urgimos al gobierno nicaragüense a cesar la represión, liberar inmediata e incondicionalmente a quienes mantiene en detención exclusivamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y garantizar que las valientes personas defensores y periodistas puedan trabajar en un entorno propicio y seguro, sin temor a sufrir represalias. Seguiremos alzando la voz por el pueblo nicaragüense”.
La campaña empleará peticiones, eventos y la difusión de información y materiales audiovisuales con testimonios de personas que han huido del país a raíz de la crisis, para denunciar las violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua. Además, incluirá acciones sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas nicaragüenses como Francisca Ramírez, Lucía Pineda Ubau y Vilma Núñez, enmarcadas en la campaña global de Amnistía Internacional “Valiente”.
Los organismos internacionales de derechos humanos dan cuenta que más de 80,000 personas se han visto forzadas a salir de Nicaragua en el contexto de la actual crisis. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 68,000 personas han buscado protección en Costa Rica. Según ACNUR, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, España y México son los países con mayor número de solicitudes de asilo de personas provenientes de Nicaragua en 2018.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también ha señalado que más de 100 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han tenido que abandonar el país.
Francisca Ramírez, lideresa campesina y reconocida defensora de derechos humanos nicaragüense, huyó hacia Costa Rica hace más de un año tras recibir serias amenazas. Lucía Pineda Ubau, periodista del medio 100% Noticias, salió a Costa Rica inmediatamente después de ser liberada de prisión en junio, tras casi seis meses de detención arbitraria. Por su parte, las autoridades han revocado el registro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), coordinado por Vilma Núñez, y sus bienes y activos han sido confiscados desde diciembre. El asedio a la organización ha desembocado en que parte de sus miembros hayan tenido que huir del país.
