En respuesta a los informes que indican que las autoridades de Myanmar han llevado a cabo ejecuciones por primera vez desde finales de la década de 1980, Erwin van der Borght, director regional de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Estas ejecuciones constituyen una privación arbitraria de la vida y son un ejemplo más del atroz historial de derechos humanos de Myanmar. Los cuatro hombres fueron declarados culpables por un tribunal militar en unos juicios profundamente injustos y rodeados de un enorme secretismo. La comunidad internacional debe actuar de inmediato, ya que se cree que hay más de un centenar de personas condenadas a muerte tras haber sido declaradas culpables en procedimientos similares”.
“Desde hace ya más de un año, las autoridades militares de Myanmar han cometido ejecuciones extrajudiciales, tortura y toda una gama de violaciones de derechos humanos. Si no rinden cuentas, el ejército seguirá pisoteando las vidas de la gente.”
“En un momento en el que cada vez más países toman medidas para abolir la pena de muerte, la reanudación de las ejecuciones después de más de tres décadas no sólo pone a Myanmar en dirección opuesta a la tendencia mundial, sino que además es contraria al objetivo de abolición consagrado en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. El aislamiento de Myanmar no podría ser más evidente. Instamos a las autoridades a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones, como primer paso fundamental.”
Información complementaria:
Según los medios de comunicación estatales de Myanmar, se han llevado a cabo cuatro ejecuciones.
Phyo Zeya Thaw, ex miembro del partido de Aung San Suu Kyi (la Liga Nacional para la Democracia), y el destacado activista en favor de la democracia Kyaw Min Yu, también conocido como Ko Jimmy, fueron declarados culpables y condenados a muerte por un tribunal militar en enero por delitos que implican explosivos, atentados con bombas y financiación del terrorismo, en virtud de la Ley Antiterrorista: unos cargos que Amnistía Internacional considera que eran de motivación política. También se confirmaron las condenas a muerte de otros dos hombres, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, declarados culpables del presunto asesinato de una mujer de la que se creía que actuaba como informante para el ejército en Hlaing Tharyar, Yangón.
Los cuatro aparecían nombrados en el artículo del periódico estatal Global New Light of Myanmar.
Los procedimientos, celebrados ante un tribunal controlado por el ejército, fueron secretos y flagrantemente injustos.
Después de que Myanmar promulgara la Orden 3/2021 de la Ley Marcial, la autoridad de juzgar a los civiles se transfirió a tribunales militares especiales o existentes en los que se juzga a la gente en procedimientos sumarios sin derecho de apelación. Estos tribunales juzgan una amplia variedad de delitos, entre ellos algunos punibles con la pena capital.
En virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, las ejecuciones llevadas a cabo tras juicios injustos violan la prohibición contra la privación arbitraria de la vida, así como la prohibición absoluta de la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes.
La última ejecución de la que se tuvo noticia en Myanmar tuvo lugar a finales de la década de 1980. Desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, Amnistía Internacional ha registrado un alarmante incremento del uso de la pena de muerte en Myanmar, donde para el ejército se ha convertido en una herramienta en su constante persecución, intimidación y acoso contra todas las personas que se atreven a desafiar a las autoridades.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y en todas las circunstancias. Más de dos tercios de los países de todo el mundo han abolido esta pena en la ley o en la práctica.
