Las comunidades rohinyás del norte del estado de Rajine, en Myanmar, están sufriendo trabajos forzados, crisis alimentarias y de salud, severas restricciones a la libertad de circulación y un conflicto armado cada vez más intenso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al advertir sobre las decisiones peligrosamente prematuras de repatriar a personas refugiadas desde Bangladesh.
Hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una conferencia de alto nivel sobre la situación de las personas rohinyás musulmanas y otras minorías en Myanmar. El objetivo de la conferencia es formular un plan en virtud del cual las más de un millón de personas rohinyás refugiadas que viven en Bangladesh puedan regresar a sus hogares en Myanmar después de que la mayoría fueran expulsadas violentamente del país por el ejército en 2016 y 2017.
Amnistía Internacional mantuvo entrevistas con 15 personas rohinyás refugiadas que han llegado a Bangladesh durante el último año, alguna en fechas tan recientes como julio de 2025. Estas personas procedían de los municipios de Maungdaw y Buthidaung, ambos capturados por el Ejército de Arakán de manos del ejército de Myanmar en 2024. La organización también habló con personal de la ONU, diplomáticos, investigadores y organizaciones humanitarias internacionales.
Además, Amnistía Internacional se reunió con representantes de las ramas política y humanitaria del Ejército de Arakán: la Liga Unida de Arakán y la Oficina de Coordinación Humanitaria y del Desarrollo.
“Las condiciones existentes en el norte del estado de Rajine, en Myanmar, no son en absoluto las adecuadas para que la población rohinyá regrese sin peligro”, ha manifestado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar. “Para muchas comunidades rohinyás, el Ejército de Arakán ha sustituido al ejército de Myanmar como opresor. Los militares están utilizando a la población civil rohinyá como carne de cañón para luchar contra el Ejército de Arakán, y grupos armados rohinyás están lanzando nuevos ataques en el territorio. La drástica reducción de ayuda estadounidense ha contribuido a una crisis humanitaria en la que los suministros escasean y los precios están disparados.
“Aunque con la conferencia de hoy es de una importancia vital poner el foco internacional en la crisis del pueblo rohinyá, todo intento de impulsar la repatriación sin abordar los agudos peligros a los que se enfrentan todas las comunidades —rohinyá, rajine y otras minorías étnicas de Bangladesh y Myanmar— podría ser catastrófico.”
“Este no es tu país”
El norte del estado de Rajine, en Myanmar, que hace frontera con Bangladesh, está ahora bajo el control del Ejército de Arakán, mientras que el ejército de Myanmar sigue controlando la capital del estado, Sittwe, un punto de entrada clave para ayuda humanitaria y transporte.
En noviembre de 2023, el Ejército de Arakán, alineado vagamente con una miríada de grupos armados de oposición que luchan contra el ejército de Myanmar desde un golpe de Estado en 2021, inició una ofensiva que expulsó a los militares de una gran parte del norte del estado. El Ejército de Arakán tiene ahora el control efectivo de toda la frontera entre Myanmar y Bangladesh.
Las tensiones, que vienen de lejos, entre la población budista de etnia rajine del estado de Rajine y la población rohinyá musulmana han sido explotadas por el ejército de Myanmar, que ha trabajado con grupos armados rohinyás y ha reclutado forzosamente a civiles rohinyás para que luchen contra el Ejército de Arakán, mayoritariamente budista.
Debido al conflicto armado, la población civil rohinyá y rajine se ha visto atrapada entre el Ejército de Arakán y el ejército de Myanmar, que ha bloqueado la llegada de ayuda humanitaria a través de la capital del estado, Sittwe, y ha lanzado mortíferos ataques aéreos indiscriminados. Este mismo mes, en uno de esos ataques aéreos, el ejército mató, según los informes, al menos a 19 estudiantes rajine mientras dormían.
Cientos de miles de personas rohinyás se encuentran internamente desplazadas, y más de 150.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohinyás han huido a través de la frontera a los campos de Bangladesh en los últimos 20 meses, según la agencia de la ONU para los refugiados, con lo que el total de personas refugiadas asciende a 1,2 millones, según estimaciones.
Amnistía Internacional y otros grupos han documentado violaciones del derecho internacional humanitario y crecientes abusos contra civiles por parte del Ejército de Arakán, unos abusos que han incluido ataques indiscriminados y detenciones arbitrarias.
Para la población civil rohinyá, la vida bajo el gobierno del Ejército de Arakán en el estado de Rajine resulta dolorosamente similar a la que vivía bajo el ejército de Myanmar. Muchas personas afirman que es peor, ya que están constantemente bajo sospecha de tener vínculos con grupos extremistas rohinyás. Un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 2 de septiembre decía que “siguen vigentes las restricciones sobre los derechos y libertades de la población rohinyá impuestas por los gobiernos anteriores”, y que, al igual que el ejército de Myanmar, el Ejército de Arakán negaba a estas personas la identidad rohinyá refiriéndose a ellas como bengalíes o musulmanas.
Los representantes del Ejército de Arakán alegan que su grupo es víctima de una campaña de propaganda alimentada por grupos armados y activistas rohinyás.
Según los testimonios recopilados por Amnistía Internacional, las comunidades rohinyás del norte del estado de Rajine sufren severas restricciones de la libertad de circulación impuestas por el Ejército de Arakán, prohibiciones discriminatorias de pescar u optar a otros medios de sustento, trabajos forzados y acceso inadecuado a atención médica, educación y ayuda humanitaria. También siguen muriendo o sufriendo heridas graves en el actual conflicto.
Un hombre de entre 20 y 30 años contó que, mientras unos soldados del Ejército de Arakán los conducían a él y a miembros de su familia a un campo para personas internamente desplazadas, vio al menos a cuatro personas perder miembros por pisar minas terrestres.
Un hombre de 60 años que huyó de Myanmar con su familia en julio de 2025 describió la vida en el campo para personas internamente desplazadas del municipio de Buthidaung, a donde lo trasladaron después de que el Ejército de Arakán arrebatara Buthidaung al ejército de Myanmar en mayo de 2024. Según dijo, el Ejército de Arakán buscaba a miembros de grupos armados rohinyás en el campo y “se llevó a personas a azar y las hizo desaparecer”.
Además, a las personas que vivían en el campo las obligaron a trabajar en lugares que incluían zonas de primera línea del conflicto.
“Nos hacían acarrear piedras y ladrillos hasta sus puestos de control y apilarlos allí mientras pasábamos hambre. A mí, como era mayor, no me obligaron a hacer todo el trabajo, pero mis hijos tuvieron que hacerlo más de 10 veces [...] Si nos negábamos a trabajar, [los miembros el Ejército de Arakán] nos golpeaban con brutalidad y nos obligaban a permanecer tumbados boca abajo mientras nos golpeaban.”
La gente que vivió en los campos de personas internamente desplazadas de Myanmar antes de huir a Bangladesh dijo que comían con poca frecuencia, que su alimentación se basaba en arroz y agua de un pozo cenagoso y que algunos niños y niñas habían muerto tras sufrir diarrea.
“[Los miembros del Ejército de Arakán] no nos proporcionaban nada; al contrario, parecían alegrarse cuando alguien moría”, dijo el hombre de 60 años. “Decían: ‘Este no es tu país. Es nuestro país, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire... nada de lo que hay aquí te pertenece. Márchate de nuestro país’.”
El Ejército de Arakán decía a la gente que, si no seguía sus reglas o se negaba a trabajar, la expulsarían de Myanmar.
“Ni escuela, ni medicinas, ni ayuda humanitaria”
Un joven de 25 años que pasó ocho meses desplazado de su hogar del municipio de Buthidaung antes de llegar a Bangladesh en enero de este año dijo que las condiciones en el campo para personas internamente desplazadas en el que vivía eran “terribles”.
“No teníamos ni escuela, ni medicinas, ni alimentos, ni ayuda humanitaria. Ocasionalmente, traíamos en secreto algo de arroz de los poblados que no habían quemado. Utilizábamos agua de un único estanque y necesitábamos el permiso del Ejército de Arakán para ir a cualquier sitio.”
Según contó, su hermano resultó herido por disparos del Ejército de Arakán cuando unos soldados estaban tratando de reasentar por la fuerza a grandes grupos de personas y éstos no se movían lo suficientemente rápido. En otra ocasión, el joven dijo que el Ejército de Arakán sospechaba que él formaba parte de un grupo armado rohinyá y empezó a golpearle para obtener información. Cuando la esposa embarazada del joven les pidió que se detuvieran, dice que la golpearon a ella también; la pareja cree que, a consecuencia de esos golpes, su bebé tuvo problemas de desarrollo después de nacer.
“El Ejército de Arakán nos trataba peor que el ejército de Myanmar. Cuando se producían enfrentamientos entre las dos fuerzas, nos obligaban a limpiar el resultado, recoger los cadáveres y los escombros y arrojarlo todo al río. Me obligaron a hacer eso más de 10 veces sin pagarme. Todas las familias tenían que enviar a alguien de entre 15 y 70 años para hacer trabajos forzados. Si alguien se negaba, le daban una paliza”, contó.
Una mujer de 35 años, que también llegó a Bangladesh en enero de 2025 tras caminar durante cinco días por terreno montañoso con sus hijos, dijo que los agricultores tenían que pagar impuestos en forma de arroz al Ejército de Arakán, y los rohinyás tenían que presentar solicitudes, y pagarlas, para pedir permiso para viajar.
“Bajo el control del Ejército de Arakán, cada hogar tenía que hacer guardias nocturnas, desde niños de tan sólo 10 años hasta hombres de más de 70, y tenían que enviar a miembros de la familia a hacer trabajos forzados al menos cinco veces al mes”, relató esta mujer, que añadió que también se reclutaba forzosamente a hombres jóvenes para que lucharan. “Si alguien se negaba, nos decían que abandonáramos este país o sufriríamos un castigo.”
Las descripciones de las restricciones a la libertad de circulación impuestas por el Ejército de Arakán concuerdan con los detalles de los documentos de viaje obtenidos por Amnistía Internacional que muestran los permisos necesarios para moverse de un lado a otro. Una persona entrevistada declaró que había que pagar por los documentos obligatorios de viaje, y que algunos sólo servían durante dos días. Otra dijo que el Ejército de Arakán sólo permitía a un número limitado de personas salir de sus casas para recados básicos, y sólo durante una hora.
En virtud del derecho internacional, el trabajo forzoso se define como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.
En respuesta a estas denuncias, los representantes del Ejército de Arakán dijeron a Amnistía Internacional que no utilizaban el trabajo forzado con civiles, pero que a los detenidos, por ejemplo a los delincuentes convictos o a los prisioneros de guerra, los hacían trabajar o les daban tareas a modo de “ejercicio”. Dijeron que las actividades de limpieza después de los enfrentamientos eran trabajo comunitario voluntario, y que, aunque había tasas para los documentos de autorización para viajar, estas tasas eran de entre 2.000 y 3.000 kyats de Myanmar, equivalentes a entre 1 y 1,5 dólares estadounidenses.
“No nos permitían pescar”
En agosto, el Programa Mundial de Alimentos declaró que “una mortal combinación de conflicto, bloqueos y recortes de fondos está provocando un dramático aumento del hambre y la malnutrición”. El Programa añadió que, en la parte central del estado de Rajine, el número de familias que no podían satisfacer las necesidades básicas de alimentación era de hasta el 57%, comparado con el 33% de diciembre de 2024. También dijo que la situación en el norte del estado, donde las organizaciones internacionales no están actuando, era probablemente “mucho peor”.
Un hombre de 45 años que llegó a Bangladesh en julio de 2025 declaró que la población de etnia rajine del municipio de Buthidaung podía pescar y circular libremente, cosa que la población rohinyá no podía hacer.
“No nos permitían pescar ni ir al río. No podíamos trabajar ni comprar comida. El Ejército de Arakán empezó a pedirnos dinero, a utilizarnos como mano de obra forzosa sin pagarnos y a prohibirnos circular de un poblado a otro. Cualquiera que se negara recibía un duro castigo”, contó, y añadió que el castigo incluía la detención y la negación de alimentos.
“Un día traté de ir a pescar para sobrevivir. El Ejército de Arakán me atrapó, me golpeó con un rifle [...] y se llevó los peces que había pescado.”
Los representantes del Ejército de Arakán dijeron a Amnistía Internacional que las restricciones a la circulación y al acceso a los medios de sustento no eran discriminatorias y se aplicaban también a las comunidades Rajine. Según dijeron, a causa del conflicto armado las restricciones eran necesarias por la seguridad de la comunidad. También añadieron que los rohinyás —a quienes se referían como musulmanes— recibían trabajos, y que sus derechos y libertades se realizaban y protegían; como muestra, señalaron la reciente apertura de una mezquita que llevaba mucho tiempo cerrada en Maungdaw.
“Recibimos con satisfacción cualquier medida que el Ejército de Arakán adopte para proporcionar a las comunidades rohinyás los derechos que durante tanto tiempo se les han negado, y esperamos que su compromiso público para con la inclusividad, la justicia y la rendición de cuentas coincida con la situación sobre el terreno. El Ejército de Arakán debe evitar mostrar una cara a la comunidad internacional y otra al pueblo rohinyá”, ha declarado Joe Freeman.
