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Más vulnerables, más desatendidas

“Una mañana en  septiembre de 2005, comenzó una nueva agresión, esta vez me amenazaba con un cuchillo. Tuve miedo y grité. Los vecinos alertados llamaron a la policía. Aparecieron dos agentes, uno de ellos me preguntó que qué había pasado. No dije nada por vergüenza. A pesar de que tenía la cara llena de hematomas, el policía dio el caso por zanjado. Entonces me pidió la documentación, al no tener papeles revisó de arriba abajo mi pasaporte. Dio todos mis datos a la Brigada de Extranjería”.

S.D.M. Mujer argentina “sin papeles”, víctima de violencia de género.

 

Madrid.- “Las mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de la violencia de género son más vulnerables y están más desatendidas, que el resto de las víctimas”, señala María Naredo, responsable del área de mujer de Amnistía Internacional. Diez meses después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género,  las preocupaciones de Amnistía Internacional con relación a la protección de los derechos de las extranjeras indocumentadas persisten y además se agravan con medidas recientemente aprobadas por el Gobierno español como la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuación de dependencias policiales en relación con este colectivo.

 
En un nuevo informe titulado, Inmigrantes indocumentadas: ¿hasta cuándo sin protección frente a la violencia de género?, la organización refleja como las mujeres extranjeras indocumentadas víctimas de violencia de género se encuentran expuestas a distinciones arbitrarias, dificultando que este colectivo presente denuncias contra sus agresores; se las excluye del acceso a ayudas económicas por carecer de permiso de residencia; se las deniega el acceso a las plazas de los centros de acogida y se las envía a recursos sociales no especializados en violencia de género. En definitiva, para Amnistía Internacional el Estado no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres víctimas de violencia de género, y contribuye a la discriminación de aquellas que están en una situación de “irregularidad”. Una situación que la organización viene denunciando desde 2002.

 

Instrucción 14/2005: discriminación

En  el marco del desarrollo de la Ley Integral, el 29 de julio de 2005 la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior aprobó la Instrucción 14/2005 sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, que prevé las actuaciones que deben desarrollar los agentes de las Fuerzas de Seguridad ante un caso de violencia de género en el que la víctima sea extranjera en situación irregular.

 

La Instrucción ordena a los agentes que, una vez realizadas las actuaciones dirigidas a informar y atender a la víctima de violencia de género, averigüen la situación administrativa en la que se encuentra, y en caso de que su situación sea “irregular” inicien las actuaciones previstas en la propia Instrucción, que pueden derivar en una sanción administrativa o incluso en un expediente de expulsión. La Instrucción también establece que se debe informar a estas mujeres sobre las vías previstas para suspender al procedimiento de expulsión y obtener un permiso de residencia por motivos excepcionales.


Esta vía de regularización requiere que la mujer interponga una denuncia, solicite y obtenga una orden de protección, y una sentencia positiva que condene al agresor.

 

Para María Naredo, “con esta medida el Estado español ha subordinado los derechos humanos de las mujeres víctimas de tales abusos a sus políticas de control migratorio, condición que sin duda agravará la invisibilidad, la desprotección y la vulnerabilidad de este sector”. Además señala, que las mujeres inmigrantes indocumentadas, han percibido en muchos casos a las instituciones policiales con desconfianza y miedo. “Esta medida lo que provocará es que sean más reacias a pedir protección, y por tanto sean más invisibles de cara a la administración”.

 

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque de las 55 mujeres asesinadas (hasta el 15 de noviembre de 2005), según datos ofrecidos por los medios de comunicación, más del 30%  son extranjeras. Las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia son invisibles para la administración, porque no existen datos, sobre la situación administrativa de las asesinadas, de cuantas inmigrantes indocumentadas han presentado denuncia, si han recibido orden de protección o han obtenido una sentencia favorable. No hay que olvidar, que según el Consejo General del Poder Judicial (estadísticas de octubre del 2005), el 24 por ciento de las órdenes de protección solicitadas son denegadas.

 

Sin ayudas, sin recursos

Amnistía Internacional denuncia que las víctimas de violencia de género indocumentadas (incluso aquellas que habían obtenido una orden de protección) no tenían garantizado el acceso a los recursos de acogida y se les niegan las ayudas económicas previstas para las víctimas de violencia de género, cuya finalidad es potenciar su independencia económica con respecto al agresor.

 

En este sentido, Amnistía Internacional encuentra preocupante que el Gobierno español no haya promovido la eliminación de las disposiciones legales y las prácticas administrativas que obstaculizan, e incluso vetan, el acceso de las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia de género a las ayudas que previstas en la Ley Integral.

 

La organización ha detectado que en diversas comunidades autónomas, se las sigue negando el acceso a pisos tutelados y casas de acogida, siendo remitidas a recursos sociales no especializados en violencia de género. Por ello, Amnistía Internacional también insta a los Gobiernos autonómicos y locales con competencias en la gestión de los recursos dirigidos a víctimas de violencia de género, a eliminar cualquier normativa o práctica discriminatoria que impida el acceso a un centro o recurso especializado a una víctima, cualquiera que sea su situación administrativa.

 

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide al Gobierno español:

· Que elimine los obstáculos que impiden a las inmigrantes indocumentadas contar con la plena protección de los derechos humanos ante la violencia de género.

 

· Que retire la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad y la sustituya por otra que garantice la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna en función de circunstancias como la situación administrativa de residencia; y que no se realicen actuaciones sistemáticas de control y sanción de las infracciones de la Ley de extranjería cuando asistan a una víctima de violencia de género.

 

· Que se asegure de que el principio de no discriminación enunciado en la Ley Integral sea una realidad y todas las mujeres, con independencia de su situación administrativa, accedan a todos los recursos y ayudas económicas previstos para las víctimas.

 


Amnistía Internacional pide a los gobiernos autonómicos y locales:

· Que modifiquen la naturaleza jurídica de las ayudas económicas destinadas a las víctimas de violencia de género, de modo que prevalezca únicamente la condición de ser víctima en situación de dependencia económica, para recibir dicha ayuda.

 

· Que eliminen cualquier normativa o práctica discriminatoria que impida el acceso a un centro o recurso especializado a una víctima, cualquiera que sea su situación administrativa.