"La revocación de la Ley de Seguridad Interna por parte del primer ministro Najib supone un importante avance para los derechos humanos en Malasia. Esta es una ley manifiestamente represiva que ha servido para sofocar la disidencia pacífica en el país durante más de 50 años," declaró Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la decisión tomada por Malasia de abolir la ley de detención preventiva que el gobierno suele utilizar para sofocar la disidencia. Esta Ley de Seguridad Interna permite a las autoridades mantener recluidas indefinidamente a las personas sin cargos ni juicio, y se ha utilizado para encarcelar a dirigentes de la oposición, activistas, blogueros y estudiantes críticos con el gobierno.
El primer ministro Najib Razak declaró que el gobierno de su país tiene la intención de levantar todas las declaraciones del Estado de excepción, y revocar o revisar otras leyes restrictivas. También propuso sustituir la Ley de Seguridad Interna por dos nuevas leyes a fin de preservar la paz y el orden público y luchar contra el terrorismo.
La Ley de Seguridad Interna permite a la policía detener a personas que, a su juicio, han actuado, "van a actuar" o "es probable" que actúen de una forma que pondría en peligro la seguridad, "los servicios básicos" o "la vida económica" de Malasia. La policía puede retener a estas personas un máximo de 60 días mientras se lleva a cabo la investigación. Transcurrido ese tiempo, el ministro del Interior puede cursar una orden de detención por un periodo de dos años en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Además, esta orden de detención puede renovarse indefinidamente sin que el detenido esté acusado de algún delito ni haya sido juzgado ante un tribunal de justicia.
