Las autoridades tunecinas deben abrir una investigación independiente e imparcial sobre las recientes denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a manifestantes detenidos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Según los informes, el 6 de mayo, tres agentes de la policía judicial detuvieron a Wahbi Ben Abdel Jalil Ammamou en un café de Sahline, en la gobernación de Monastir, en la región oriental de Túnez. El detenido declaró a Amnistía Internacional que le llevaron al centro de investigaciones judiciales, donde le golpearon, le insultaron y le infligieron otros malos tratos. Lo acusaron de planear una huelga general que iba a celebrarse en Monastir el 7 de mayo y de incitar a la gente a participar en ella.
Wahbi Ben Abdel Jalil Ammamou dijo que, mientras estaba bajo custodia policial, los agentes le propinaron puñetazos y puntapiés, y le golpearon con palos en todo el cuerpo durante al menos 20 minutos. Como consecuencia, sufrió una fractura en la nariz y lesiones en el estómago. Añadió que luego lo llevaron a un pasillo donde le hicieron desnudarse y le arrojaron agua fría. Dijo que le tuvieron en el pasillo dos horas y después lo llevaron a una sala con otros detenidos. Finalmente le pusieron en libertad hacia el mediodía del día siguiente.
La huelga general que se celebró en Monastir el 7 de mayo había sido organizada por los residentes de la ciudad para exigir oportunidades de empleo y expresar su decepción por el incumplimiento por parte de las autoridades de sus promesas de mejorar las condiciones de vida y desarrollar la zona.
Las recientes denuncias de tortura y otros malos tratos se producen en un momento en el que numerosos tunecinos se sienten frustrados ante lo que consideran elevados niveles de corrupción y desempleo, y la precariedad de las condiciones de vida. En los últimos meses ha habido varias protestas y huelgas, muchas de ellas organizadas por los sindicatos. Algunas se han teñido de violencia por la actuación de las fuerzas de seguridad. Según los informes, en febrero, las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza una manifestación organizada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos con gas lacrimógeno y porras, hiriendo a los manifestantes y a varios periodistas. En abril, el Sindicato de Titulados Desempleados organizó una manifestación para exigir oportunidades de trabajo. Las fuerzas de seguridad propinaron golpes y puntapiés a unos 35 manifestantes, que fueron puestos en libertad poco después.
Aunque en un grado diferente que durante el régimen del ex presidente Ben Alí, Amnistía Internacional ha recibido otros informes de tortura y malos tratos bajo custodia policial desde el alzamiento de 2011-2011. La mayoría de estos informes proceden de manifestantes que denuncian que fueron golpeados durante la detención o mientras estaban en centros de detención. Un ejemplo es el caso de Fouad Badrouci, estudiante de 17 años que fue detenido por la policía en la ciudad de Túnez en mayo de 2011 después de una protesta. Permaneció detenido un día, periodo en el cual le golpearon, le negaron comida y agua y le obligaron a permanecer en posturas incómodas. Cuando fue puesto en libertad tenía fracturas en la nariz, un brazo y una costilla.
A pesar de que el gobierno tunecino modificó en 2011 algunos artículos de la ley sobre la tortura para que la definición de “tortura y otros malos tratos” fuera más compatible con las normas internacionales, la ley sigue incluyendo un plazo de prescripción de 15 años. Las autoridades tunecinas deben informar con urgencia y claridad a todos los agentes de las fuerzas de seguridad que intervienen en arrestos, detenciones e interrogatorios de que la tortura y otros malos tratos no son aceptables en ninguna circunstancia, que quienes los cometan responderán ante la justicia y que las víctimas recibirán una reparación adecuada.
En mayo de 2011, el relator especial de la ONU sobre la tortura visitó Túnez y observó que seguían produciéndose casos de tortura y otros malos tratos. Sus recomendaciones incluían la necesidad de que el gobierno informase a la policía y a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de que la tortura y otros malos tratos no serán tolerados y de que quienes los cometan tendrán responsabilidad penal, así como la necesidad de asegurar que las salvaguardias contra la tortura se garantizan en la práctica.
Los actos de tortura y otros malos tratos son inaceptables en cualquier momento, pero suscitan especial preocupación cuando las autoridades tunecinas están redactando la nueva Constitución del país, una Constitución que debe consagrar derechos humanos fundamentales, como la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
