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Al cabo de un año, siguen pendientes reformas en el campo de los derechos humanos

El gobierno provisional de Túnez no ha llevado aún a cabo la exhaustiva reforma que los manifestantes exigieron hacer hace un año en materia de derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional hoy.

Un año después de que el ex presidente Zin el Abidín ben Alí huyera del país, las autoridades han tomado algunas medidas positivas, como firmar importantes tratados de derechos humanos y permitir mayor libertad a los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos.

No obstante, Amnistía Internacional ha manifestado que las fuerzas de seguridad siguen en gran medida sin rendir cuentas y las víctimas de violaciones de derechos humanos están todavía esperando que se haga justicia.

“Ha habido alentadoras señales del gobierno provisional con respecto a la reforma de la situación de los derechos humanos –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Pero para muchos tunecinos el ritmo del cambio está siendo demasiado lento.”

“Hasta que no veamos una nueva Constitución que garantice los derechos fundamentales, la rendición de cuentas por los abusos cometidos y el establecimiento del Estado de derecho no podremos decir que hay voluntad política de llevar a cabo un verdadero cambio en materia de derechos humanos.”


Motivos de preocupación acuciantes
Amnistía Internacional ha manifestado que una prioridad urgente para las autoridades en 2012 es la reorganización radical de las fuerzas de seguridad. En marzo de 2011, el temido Departamento de Seguridad del Estado (DSS), responsable de años de abusos durante el gobierno de Ben Alí, fue abolido. No obstante, se teme sus miembros se hayan incorporado a otras fuerzas de seguridad, igualmente opacas y exentas de rendir cuentas.

Desde la caída de Ben Alí, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de manifestaciones y sentadas que han sido disueltas por la fuerza y en las que se ha golpeado a los participantes.La organización ha pedido al gobierno tunecino que haga públicas unas instrucciones claras sobre el uso de la fuerza y establezca un organismo independiente para vigilar la labor de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, Amnistía Internacional ha manifestado que el gobierno no ha respondido adecuadamente a la demandas de justicia por los abusos cometidos anteriormente, durante el alzamiento y en el contexto de la represión de los 23 años previos. Según cifras oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas durante el alzamiento de diciembre de 2010 y enero de 2011.

Aunque Ben Alí y sus familiares fueron juzgados –algunos in absentia– por corrupción y otros cargos en junio, los tunecinos tuvieron que esperar hasta noviembre para ver juzgar al ex presidente, también in absentia, junto con alrededor de 40 ex altos cargos, por los homicidios de manifestantes. Ben Ali continúa en libertad en Arabia Saudí, pese a los intentos de las autoridades tunecinas de conseguir su extradición.

Aún no ha presentado su informe la comisión creada para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durantes las protestas, y son pocos los autores de tales violaciones que han sido procesados.

Al principio, algunos mandos de las fuerzas de seguridad acusados de abusos se negaron sin más a ser interrogados, y aunque se iniciaron investigaciones sobre algunos casos en tribunales civiles, los jueces no se mostraron dispuestos a llevarlas a cabo de manera exhaustiva e independiente o no pudieron hacerlo.

Las familias de las personas muertas o heridas a manos de las fuerzas del gobierno han contado a Amnistía Internacional que muchos de los presuntos responsables continúan en libertad e incluso han sido ascendidos.

“Si es cierto que el gobierno quiere proteger los derechos humanos y establecer el Estado de derecho, no puede dejar de garantizar la verdad y la justicia a las familias de las personas muertas o heridas y hacer rendir cuentas a los responsables”, ha señalado Hassiba Hadj-Sahraoui.

Medidas positivas
Amnistía Internacional ha manifestado que la decisión de las autoridades tunecinas de firmar en 2011 varios tratados internacionales de derechos humanos que son clave fue una medida positiva. Túnez se sumó el año pasado a la Corte Penal Internacional y retiró sus reservas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

No obstante, muchas mujeres han expresado preocupación porque consideran que, durante la transición política, los partidos políticos las marginaron y presentaron sobre todo a hombres como candidatos a las elecciones.

Otra medidas positivas fueron la excarcelación de los presos políticos y de conciencia recluidos antes del alzamiento y el fin del hostigamiento sistemático y las restricciones de que eran objeto los ex presos políticos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no se ha puesto en marcha ningún programa de reparación y rehabilitación exhaustivas.

Tras el alzamiento, las organizaciones de derechos humanos se han podido reunir por primera vez libremente. La Liga Tunecina por la Defensa de los Derechos Humanos celebró en septiembre su primer congreso anual en más de un decenio, y asistió a él el primer ministro del gobierno provisional.

Tras las elecciones de octubre se formó un nuevo gobierno de coalición. Moncef Marzouki, activista de los derechos humanos y ex preso de conciencia de Amnistía Internacional, es ahora presidente provisional del país.

En una reunión con la sociedad civil tunecina, Moncef Marzouki firmó el Manifiesto por el Cambio de Amnistía Internacional, comprometiéndose a hacer valer 10 medidas clave en materia de derechos humanos.

Nueva Constitución
La organización ha manifestado que la redacción de la nueva Constitución es una oportunidad clave para incorporar los derechos humanos a las instituciones del país y ha pedido que el nuevo documento proclame el principio de no discriminación y la independencia del poder judicial.

“La Asamblea Nacional Constituyente tiene ante sí la enorme responsabilidad de romper con los abusos del pasado y garantizar que los derechos humanos se incorporan a la Constitución –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui–. Tiene que aprovechar la oportunidad de redactar la nueva Constitución de manera que garantice la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.”

“Los tunecinos no se contentarán con reformas parciales. Una prueba clave será la capacidad de las autoridades para hacer valer los derechos económicos y sociales con todas las dificultades que ello comporta.”

Información complementaria
El gobierno provisional ratificó en 2011 tratados internacionales de derechos humanos que son clave, entre ellos:

  • el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
  • el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
  • la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;
  • las autoridades han retirado reservas específicas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y
  • Túnez se convirtió en julio de 2011 en el 116º Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional