La ONU deberá tener plenamente en cuenta la catástrofe de derechos humanos de proporciones épicas que se cierne sobre la República Centroafricana cuando estudie las opciones de mantenimiento de la paz en el país presentadas por su secretario general; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. La situación empeora a diario en la República Centroafricana, con ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas cometidos extensamente y con total impunidad por miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados por igual.
“La crisis se ha desbocado, a pesar de que la comunidad internacional lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.“Está muriendo gente en la República Centroafricana mientras hablamos y es preciso actual con la máxima urgencia. No hay tiempo que perder.” En un informe publicado el 30 de octubre, Amnistía Internacional denunciaba los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en gran escala en la República Centroafricana. Las imágenes por satélite que la organización publicó una semana después demuestran las atroces consecuencias de los abusos, que incluyen varios cientos de viviendas completamente quemadas e indicios de desplazamiento interno masivo. Las condiciones de seguridad se han deteriorado rápidamente desde diciembre de 2012, cuando la coalición de grupos armados Seleka lanzó una ofensiva contra el ex presidente François Bozizé. Desde que Seleka tomó el poder en marzo, la violencia de sus combatientes y de los grupos armados de oposición ha crecido en espiral y está fuera de control, y en gran parte del país impera una situación de desgobierno. Las tensiones y enfrentamientos entre los diversos grupos étnicos y religiosos van en aumento. La mayoría de la población es cristiana, como lo era el ex presidente Bozizé. El presidente actual, Michel Djotodia, y la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad son musulmanes, como los ex combatientes de Seleka, procedentes en su mayoría del noreste del país y de los vecinos Chad y Sudán. La República Centroafricana está invadida de armas pequeñas y armas ligeras: hasta 20.000 ex combatientes de la coalición Seleka, así como otros grupos armados, tienen gran facilidad de acceso al armamento. Hasta en la capital, Bangui, los ataques de grupos armados a la luz del día, incluidos homicidios de ex combatientes de Seleka y miembros actuales de las fuerzas de seguridad, son cada vez más frecuentes. En julio de 2013, la Unión Africana declaró que iba a enviar unos 3.500 soldados para proteger a la población civil de la República Centroafricana. A finales de octubre se habían desplegado unos 2.600. Francia también tiene tropas en la República Centroafricana y acaba de anunciar el despliegue adicional de fuerzas. “Es fundamental que el trabajo de la ONU con otros miembros de la comunidad internacional, concretamente la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados del África Central y Francia, garantice la adopción inmediata de medidas destinadas a establecer el orden público en el país”, ha dicho Salil Shetty. “La comunidad internacional debe actuar antes de que sea demasiado tarde para garantizar el fin de los abusos y que la República Centroafricana no sale catapultada al foco de la atención internacional por haberse convertido en una catástrofe de derechos humanos.”
