Amnistía Internacional lamenta profundamente la decisión anunciada hoy por la Corte de Apelaciones estadounidense, según la cual los tribunales federales carecen de jurisdicción para ver recursos de hábeas corpus de los detenidos en Guantánamo. En una opinión dividida, la Corte afirmó que la Ley de Comisiones Militares, cuya entrada en vigor fue firmada por el presidente Bush en octubre del año pasado, priva con carácter retroactivo a los tribunales estadounidenses de jurisdicción para ver esta clase de peticiones.
“El derecho de todos los detenidos a impugnar la legalidad de su detención es uno de los principios más fundamentales del derecho internacional. El hecho de que un juez o el poder legislativo de cualquier país del mundo acepte la privación de esta protección básica contra la detención arbitraria, la custodia secreta, la tortura y otros malos tratos, es escandaloso y ha de ser cuestionado”, señaló Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.
Casi 400 detenidos permanecen recluidos en Guantánamo, algunos de ellos desde hace más de cinco años. Ninguna de estas detenciones indefinidas ha sido objeto de una revisión judicial. Los detenidos han sido víctimas de violaciones de derechos humanos graves, entre ellas desapariciones forzadas, detención secreta y “entrega”, tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
“Sólo hay que imaginarse lo que ocurriría si otro gobierno capturara a un ciudadano de los Estados Unidos, lo mantuviese recluido indefinidamente durante años y años y le negase su derecho básico a impugnar su detención. Ahora el gobierno estadounidense debe usar su imaginación para restaurar plenamente un principio indispensable del Estado de derecho”, señaló Rob Freer.
El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en tiempos de guerra y paz, y las obligaciones de un país en virtud de tratados de derechos humanos se aplican a su conducta dentro y fuera de su territorio, según los órganos expertos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, señalaron a los Estados Unidos el año pasado.
Todas las personas que permanecen retenidas en Guantánamo son víctimas de una detención ilegal y deben ser o bien acusadas de delitos comunes reconocibles y procesadas de plena conformidad con las normas internacionales en materia de juicios justos, o bien puestas en libertad con todas las garantías que les protejan de otras violaciones. El campo de detención de Guantánamo debe ser cerrado.
Amnistía Internacional continuará trabajando para que se revoque la Ley de Comisiones Militares, o se reforme sustancialmente, de conformidad con el derecho internacional.
