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Gambia: Soldados condenados a muerte en juicio secreto no deben ser ejecutados

Presidente de Gambia, Yahya Jammeh. (AP Photo/Rebecca Blackwell, FILE)

Las condenas a muerte impuestas a soldados acusados de participar en el intento de golpe de Estado de diciembre en Gambia constituyen una cruel violación del derecho a la vida y del derecho a un juicio justo, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.  

Un tribunal militar condenó a muerte a tres soldados y a cadena perpetua a otros tres después de un juicio el lunes 30 de marzo de 2015. El juicio se celebró en secreto; se impidió que los medios de comunicación y observadores independientes observaran los procedimientos.

“El sistema de justicia de Gambia adolece de profundas deficiencias y nos preocupa la imparcialidad del juicio, dado que se celebró en secreto”, ha afirmado Stephen Cockburn, director general adjunto para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. Muchos países de África Occidental están abandonando el uso de la pena de muerte, y es decepcionante que Gambia no haya seguido esta tendencia.”

Informes recibidos de este país indican que los soldados podrían haber sido declarados culpables de traición, conspiración, amotinamiento y ayuda al enemigo. Las últimas ejecuciones en Gambia se llevaron a cabo en 2012, cuando nueve presos (ocho hombres y una mujer) fueron ejecutados mediante fusilamiento.

En septiembre de 2012, el presidente Jammeh anunció la suspensión “condicional” de las ejecuciones, que se “anularía automáticamente” en caso de aumentar los índices de delincuencia. En marzo de 2015, durante un examen de un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), Gambia rechazó las recomendaciones de otros Estados de mantener la suspensión de las ejecuciones y abolir la pena de muerte.

Las condenas a muerte impuestas el lunes son las últimas de una sucesión de acciones regresivas de las autoridades de Gambia en relación con los derechos humanos. En enero, al menos 30 familiares de personas que presuntamente habían participado en el intento de golpe de Estado fueron detenidos sin cargos ni acceso a sus abogados. Algunos han sido liberados pero muchos continúan recluidos en régimen de incomunicación tres meses después. En noviembre de 2014 se impidió a funcionarios de las Naciones Unidas que investigaban informes de tortura visitar la prisión principal del país.

Amnistía Internacional pide que se conmuten las condenas a muerte por penas de prisión
, en espera de un nuevo que cumpla las normas sobre juicios justos aceptadas internacionalmente y no incluya la posibilidad de imponer condenas a muerte.

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