El gobierno australiano debe evacuar urgentemente a los 107 niños y niñas refugiados y sus familias atrapados en condiciones espantosas en Nauru, o aceptar la oferta de Nueva Zelanda de proporcionarles refugio seguro. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional mientras el Foro de las Islas del Pacífico llega hoy a su fin en Nauru. La reunión de cuatro días, en la que han participado líderes de toda la región, fracasó estrepitosamente a la hora de abordar las necesidades de las personas refugiadas, y el borrador aprobado de Comunicado del Foro no hace mención alguna a un mejor enfoque, orientado a los derechos humanos, de la política sobre refugiados. “La terrible situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru requiere una acción urgente, y el gobierno australiano aún puede cumplir con su responsabilidad evacuando a estas personas a Australia”, ha manifestado Roshika Deo, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oceanía. “No obstante, si Australia se niega a cambiar de rumbo, no debe interponerse en el camino de otros que están dispuestos a ofrecer a estas personas la protección que tan desesperadamente necesitan. Esta semana, el primer ministro de Nueva Zelanda reafirmó su oferta, mantenida desde hace tiempo, de aceptar 150 personas refugiadas al año procedentes de la isla de Manus y Nauru. Australia debe facilitar, no obstruir, este proceso.” Amnistía Internacional observa además con consternación el hecho de que los líderes de Oceanía no hayan abordado la cruel y abusiva política australiana sobre refugiados en la reunión del foro. Una carta abierta firmada conjuntamente la semana pasada por Amnistía Internacional y más de otras 90 organizaciones de la sociedad civil pidió a los líderes del Foro de las Islas del Pacífico que dieran prioridad a la creciente crisis de salud para los niños y niñas refugiados de Nauru, y reclamó el fin de esa vergonzosa política. “El Foro de las Islas del Pacífico era una oportunidad para que los líderes de la región dijeran basta y demostraran que ya no se quedarían de brazos cruzados mientras las abusivas políticas del gobierno australiano siguen poniendo en peligro más vidas”, ha manifestado Roshika Deo. “Esta oportunidad se ha desaprovechado por completo. En lugar de eso, hemos presenciado cómo el gobierno de de Nauru hacía despreciables declaraciones sobre la naturaleza presuntamente autoinfligida del daño a niños y hemos visto cómo se detenía a una periodista neozelandesa por hablar con un refugiado.” El sábado, el presidente de Nauru, Baron Waqa, afirmó durante una entrevista en televisión que las familias y los defensores de los refugiados estaban impulsando a los niños y niñas a autolesionarse, y dijo: “Es la manera de manipular el sistema, y probablemente cortocircuitarlo, sólo para llegar a Australia”. Estas declaraciones vinieron seguidas de la detención de la periodista de televisión neozelandesa Barbara Dreaver por la policía de Nauru el martes, después de que entrevistara a un refugiado.
Información complementaria El 19 de julio de 2013, Australia promulgó una política en virtud de la cual a toda persona que llegara por mar a cualquier lugar de Australia —incluido el territorio continental— se le prohibiría solicitar asilo en el país. En lugar de eso, esas personas serían trasladadas forzosamente a la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, o a Nauru, y ni siquiera a las que fueran reconocidas como refugiados se les permitiría establecerse en Australia. Más de 1.600 personas permanecen en la isla de Manus, Papúa Nueva Guinea y Nauru, y la mayoría están siendo evaluadas como refugiados. En virtud de un acuerdo bilateral por el que el gobierno de Estados Unidos aceptó asentar a un máximo de 1.250 personas refugiadas, casi 400 personas han sido enviadas a Estados Unidos hasta el momento. Sin embargo, es probable que cientos de personas permanezcan indefinidamente en la isla de Manus y en Nauru en condiciones terribles, sin planes claros para su futuro.
En Papúa Nueva Guinea, personas refugiadas y solicitantes de asilo han sufrido ataques violentos de residentes locales, contratistas y autoridades. En Nauru han trascendido informes generalizados de abusos físicos y sexuales, incluso contra mujeres, niñas y niños. Nauru y Papúa Nueva Guinea no pueden brindar protección a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y el gobierno de Australia se niega a aceptar su responsabilidad respecto a ellas a pesar de que continúan bajo su control efectivo en estos territorios.
