Ciudad de México.- Amnistía Internacional concluyó el martes, 7 de agosto, su visita de alto nivel a México con una reunión entre el presidente Felipe Calderón e Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. Anteriormente, se habían celebrado reuniones con los ministros pertinentes, legisladores, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil, sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales del estado de Oaxaca. En una conferencia de prensa, Irene Khan afirmó que "México aplica un doble rasero a los derechos humanos: los defiende ante la comunidad internacional, pero no garantiza su aplicación efectiva para todos los mexicanos." La visita de Amnistía Internacional tenía por objeto verificar el compromiso del nuevo gobierno con respecto a los derechos humanos y su voluntad de poner fin a este enfoque esquizofrénico. Las reuniones de Amnistía Internacional con el gobierno mexicano han sido abiertas y constructivas. El presidente Calderón reconoció la contribución de Amnistía Internacional a la promoción de los derechos humanos en México y reiteró su compromiso de respetarlos y defenderlos. Asimismo, se mostró dispuesto a escuchar las recomendaciones de Amnistía Internacional sobre sus iniciativas reformistas. No obstante, queda por ver cómo refleja y aplica el presidente los derechos humanos en sus próximas reformas políticas y legislativas. Amnistía Internacional insta al presidente a asumir un liderazgo claro y visible en la materia. En su anterior reunión con diputados y senadores y en la reunión del martes con el presidente Calderón, Amnistía Internacional les pidió que se aseguraran de que las reformas legales incluyan la de la Constitución, de forma que ésta reconociera expresamente las garantías internacionales de derechos humanos. El presidente accedió a apoyar una disposición de ese tipo.
Seguridad pública y reforma de la justicia penal Este gobierno ha convertido la seguridad pública en una cuestión de gran prioridad. La experiencia de Amnistía Internacional en todo el mundo y su trabajo de decenios en torno a México demuestran que la seguridad pública real y sostenible es inalcanzable si no se respetan los derechos humanos. La mejor forma de atajar el crimen organizado y la corrupción es mediante el respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. La transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales de los derechos humanos, son tan importantes para proteger la integridad de las instituciones del Estado contra el crimen organizado y la corrupción como para salvaguardar los derechos humanos del individuo. Por tanto, el gobierno es el primer interesado en asignar un papel central a los derechos humanos en su estrategia de seguridad pública. Las actuales carencias del sistema de seguridad pública y justicia penal de México dan lugar a detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, negación del proceso debido, celebración de juicios injustos, interferencias políticas en la administración de justicia e impunidad generalizada. Con frecuencia, las víctimas de estos abusos son las personas más pobres y vulnerables. Amnistía Internacional considera que las propuestas actuales del gobierno no cubren de forma adecuada los siguientes puntos:
- Mecanismos independientes e imparciales de rendición de cuentas para la policía y la procuraduría. Las iniciativas de reforma del cuerpo policial prevén un aumento significativo de sus atribuciones. Para garantizar que no se abusa de dichas atribuciones, es necesario que se refuercen en la misma medida los mecanismos de rendición de cuentas.
- Procesos judiciales que garanticen de forma efectiva y en todo momento la igualdad entre la defensa y la acusación, y que defiendan y respeten el principio de presunción de inocencia y todos los demás derechos inherentes al proceso debido. Ésta es la mejor forma de impedir fallos injustos, garantizar los derechos de la persona acusada y asegurarse de que los culpables reciben el castigo adecuado, para que las víctimas de delitos se beneficien de la justicia.
- Supervisión judicial de la policía y la procuraduría, a fin de prevenir prácticas abusivas, como la tortura y los malos tratos de sospechosos.
Amnistía Internacional recomendó al presidente la inclusión de estos principios en el paquete de reformas en curso. Por su parte, el presidente se mostró de acuerdo en lo relativo a la necesidad de supervisión y mecanismos de rendición de cuentas para la policía y las autoridades encargadas de investigar delitos, y solicitó más información sobre la experiencia de otros países.
El papel del ejército en la seguridad pública Amnistía Internacional tomó nota de las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, quien afirmó que se están tomando medidas para profesionalizar la policía y retirar al personal militar de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, la decisión del gobierno de ampliar el papel y la función del personal militar en la aplicación de la ley incrementa el riesgo de violaciones de derechos humanos e impunidad. De hecho, ya han salido a la luz varios casos. Amnistía Internacional resaltó lo siguiente:
- El empleo del ejército en operaciones policiales no es una solución sostenible a largo plazo;
- la cadena de responsabilidades y las normas de intervención del ejército en las operaciones policiales conjuntas deben quedar perfectamente definidas;
- el empleo de la fuerza por el ejército en operaciones policiales debe ser acorde a las normas internacionales de actuación policial;
- se deberá encargar al sistema de justicia civil la investigación de toda denuncia de violación de los derechos humanos.
A la vez que destacaba el papel del ejército a la hora de combatir el crimen organizado, el presidente Calderón escuchó los motivos de preocupación de Amnistía Internacional. En particular, declaró que la investigación de los delitos relacionados con los derechos humanos no deberá ser tarea sólo del sistema de justicia militar, sino también del civil.
Jurisdicción federal y estatal en casos de derechos humanos: el ejemplo de Oaxaca Si bien México es Estado Parte en numerosos tratados de derechos humanos, su aplicación ha sido deficiente, en gran medida debido a la división entre jurisdicciones estatales y federales. Con demasiada frecuencia, las autoridades de uno y otro nivel se han escudado en sutilezas constitucionales para evitar asumir sus responsabilidades a la hora de abordar la impunidad y los abusos. La falta de comunicación entre los poderes estatales y federales ha impedido que la promesa de los derechos humanos se convierta en realidad. En consecuencia, la protección o falta de protección de los derechos humanos para la población mexicana acaba por depender del estado en el que viven. Sin embargo, el gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos para todas las personas de México, al margen de la parte del país en la que residan. Una lotería de derechos humanos es inaceptable. Oaxaca es un claro ejemplo. Después de un año de seguimiento, detenidas visitas a Oaxaca y reuniones con funcionarios estatales y federales, sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, Amnistía Internacional documenta en su informe una constante de abusos policiales (como detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y hostigamiento) protagonizados tanto por agentes federales como estatales. Asimismo, la organización reconoce que, posiblemente, los manifestantes hayan cometido también delitos. Después de un año, siguen sin observarse avances palpables en el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos o delitos en Oaxaca. Con respecto a los órganos estatales, principales responsables de la investigación de abusos en Oaxaca, ellos mismos han sido acusados de violaciones de derechos humanos. Por su parte, las autoridades federales se han limitado a investigar algunos homicidios, y no han mostrado voluntad de emprender o garantizar investigaciones efectivas e imparciales sobre las numerosas violaciones de derechos humanos que han tenido lugar. Amnistía Internacional instó al presidente Calderón a garantizar que no haya impunidad en Oaxaca, ni para los autores de delitos durante las protestas ni para los funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional acogió con satisfacción la decisión de la Suprema Corte de Justicia de investigar los casos de Oaxaca y Atenco, y presentará información complementaria para dichas investigaciones. Sin embargo, estas investigaciones no anulan la responsabilidad de las autoridades federales y estatales de enjuiciar a las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos. El compromiso del presidente Calderón con los derechos humanos quedará demostrado cuando actúe de manera decidida para romper el ciclo de la impunidad que persiste en situaciones como las de Oaxaca y Atenco.
México y la protección internacional de los derechos humanos El panorama no es del todo desalentador. México ha desempeñado un papel positivo en la escena internacional, como por ejemplo en el reciente establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional instó al presidente Calderón a aprovechar ese historial positivo para asumir un papel protagonista en la lucha por la abolición mundial de la pena de muerte. México debe desempeñar un papel destacado en la promoción de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir la suspensión universal de la pena de muerte. Esta resolución podría representar un paso importante en el camino hacia la abolición total de la pena de muerte. Un mundo sin pena de muerte es posible si países como México están dispuestos a abanderar el proyecto. El presidente Calderón expresó su apoyo a esta iniciativa. Al asumir este desafío, el presidente Calderón no sólo ayudaría a 54 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, sino que detendría las ejecuciones en todo el mundo, incluidos países como China, Estados Unidos, Irak, Irán, Pakistán y Sudán.
Información complementaria Amnistía Internacional ha realizado una visita de alto nivel a México, que comenzó el 31 de julio. La composición de la delegación de Amnistía Internacional fue la siguiente: Susan Lee, directora del Programa Regional para América; Judit Arenas, presidenta de la Oficina de la Secretaria General; Rupert Knox, investigador sobre México; y Nancy Tapias-Torrado, adjunta de investigación y acción sobre México. Ésta ha sido la tercera vez que Irene Khan ha encabezado una visita a México desde 2003, y la primera desde la toma de posesión del nuevo gobierno. La delegación de Amnistía Internacional se reunió con el presidente Calderón, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de Seguridad Pública, miembros de la Suprema Corte, diputados y senadores, miembros de la sociedad civil y sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos. La delegación visitó Oaxaca y Guerrero. Además de las cuestiones ya mencionadas, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a tomar medidas para proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, incluidos los pertenecientes a comunidades indígenas. La organización se congratuló de las iniciativas legislativas para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia, pero expresó su preocupación por los persistentemente elevados niveles de violencia, asesinatos e impunidad, en especial en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. Además de Oaxaca, la delegación visitó Guerrero para reunirse con las personas afectadas por el proyecto de la presa de La Parota. Amnistía Internacional instó a las autoridades a garantizar el pleno respeto al derecho a la información y consultar realmente y de forma efectiva a las comunidades afectadas directa e indirectamente.
