La Policía Nacional de República Dominicana debe plantearse urgentemente su forma de responder ante las protestas públicas en el marco de una amplia reforma de la actuación policial en la nación del Caribe, ha dicho Amnistía Internacional tras la muerte a tiros de un estudiante universitario el jueves en la capital, Santo Domingo.
Willy Florián Ramírez, estudiante de medicina de 21 años, murió el jueves a consecuencia de los disparos recibidos en los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes que se manifestaban contra una reforma fiscal muy polémica que había provocado protestas en todo el país en días anteriores.
Según testigos presenciales, los disparos de la policía alcanzaron a Florián cuando éste salía del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Policías fuertemente armados disparaban con munición real contra un grupo de manifestantes que salían del campus para unirse a otra manifestación en el Congreso. Después se produjeron enfrentamientos entre los estudiantes y la policía.
El jueves por la noche, el jefe de la Policía Nacional anunció que en la investigación del incidente habían sido arrestados 19 agentes, entre ellos el teniente coronel al mando de la operación.
“Este trágico incidente confirma la necesidad de una profunda reforma policial en la República Dominicana, como Amnistía Internacional y otras organizaciones dominicanas de derechos humanos llevan largo tiempo defendiendo”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional acoge con satisfacción que el presidente de la república haya exigido una investigación oportuna y completa sobre el homicidio de Willy Florián, cuya trágica muerte debe dar lugar a que se tomen medidas urgentes para impedir nuevos homicidios ilegítimos.
“Si bien la policía tiene la obligación de mantener el orden público durante las manifestaciones, nunca debe hacer un uso excesivo de la fuerza, y no debe emplear armas letales salvo como último recurso y únicamente en defensa propia o de terceros frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.”
Según testigos, tras los disparos que costaron la vida a Florián, la policía lanzó gas lacrimógeno contra las personas que intentaban acudir en su ayuda.
Las autoridades policiales afirman que en un vídeo de la manifestación se ve cómo uno de los manifestantes, con el rostro tapado, dispara con una pistola contra la policía, que responde lanzando disparos al aire y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
Según los informes, en los enfrentamientos también resultaron heridos dos policías, además de al menos tres estudiantes más y un cobrador de autobús.
Según una declaración emitida por la Policía Nacional, un proyectil extraído del cadáver de Florián ha sido enviado para su examen pericial a fin de compararlo con los utilizados por los agentes que hicieron frente a las protestas cerca de la UASD.
Tras los violentos incidentes, la universidad ha suspendido totalmente las clases hasta el próximo lunes 12 de noviembre.
Los abusos policiales, un problema endémico
Amnistía Internacional considera que el homicidio de Florián debe hacer reflexionar a las autoridades dominicanas sobre cómo se ha permitido a la policía del país que viole continuamente los derechos humanos con impunidad.
La organización ha documentado extraordinarios niveles de abusos de la policía dominicana, incluidos homicidios ilegítimos y tortura. En un informe de octubre de 2011 se citan decenas de casos de víctimas de homicidio a manos de la policía. Una décima parte de todos los asesinatos perpetrados en el país el año anterior fueron consecuencia de abusos policiales.
La policía mata o lesiona a demasiadas personas en las manifestaciones. Según los informes, en otra protesta que tuvo lugar también el jueves, esta vez en la ciudad de Barahona, agentes de la Policía Nacional dispararon contra una profesora, a la que hirieron de gravedad. También está en marcha una investigación sobre la presunta implicación policial en las muertes de cuatro personas durante las protestas de junio de 2012 en la localidad de Salcedo, cerca de la ciudad de Santiago, al norte del país.
“El Congreso Nacional, que debatirá en las próximas semanas la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, deberá integrar principios y normas que garanticen que la policía protege realmente los derechos humanos”, ha afirmado Zúñiga.
Una delegación de Amnistía Internacional viajará a la República Dominicana a finales de mes.
“Esperamos hablar con el presidente y otras autoridades pertinentes sobre la forma de aplicar una amplia reforma que transforme la policía en una institución respetuosa con los derechos humanos y capaz de proporcionar la verdadera protección que tanto necesita la gente en la República Dominicana”, ha afirmado Zúñiga.
