El conflicto en la región etíope de Tigré está al borde de una mortífera escalada después de que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, haya dado a los combatientes leales al Frente Popular de Liberación de Tigré un plazo de 72 horas para rendirse antes de que las fuerzas armadas emprendan un asalto a la capital de Tigré, Mekele. Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que antepongan la protección de la población civil y permitan el acceso de observadores de derechos humanos y organizaciones humanitarias.
“El conflicto en la región de Tigré ya se ha cobrado la vida de cientos de civiles, ha causado lesiones a muchos más y ha obligado a miles a huir a campos de personas refugiadas en el vecino Sudán. En vista de que las tropas federales han iniciado los preparativos para rodear Mekele, Amnistía Internacional recuerda a todas las partes del conflicto que el derecho internacional humanitario prohíbe atacar deliberadamente a civiles y bienes civiles, y que tales ataques constituyen crímenes de guerra. Los ataques indiscriminados y desproporcionados también están prohibidos”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Además de acatar esta prohibición, los altos mandos tanto del ejército nacional etíope como del Frente Popular de Liberación de Tigré deben adoptar medidas positivas para proteger a la población civil durante los combates, incluidas todas las precauciones posibles para evitar daños a civiles o infraestructuras civiles y para no situar tropas ni instalaciones militares cerca de lugares donde se concentre población civil.
Amnistía Internacional ve con especial preocupación las posibles víctimas mortales entre la población civil después de la aparición del coronel Dejene Tsegaye, portavoz del ejército, en la televisión estatal diciendo lo siguiente:
“Queremos enviar un mensaje a la población de Mekele: que se pongan a salvo de ataques de artillería y se libren de los líderes del Frente [...] Después no habrá piedad.”
Amnistía Internacional insta a todas las partes del conflicto a:
- No dirigir ataques contra instalaciones civiles, como hospitales, escuelas y centros religiosos, ni contra zonas residenciales.
- No situar campamentos u otras instalaciones militares en zonas civiles o en sus inmediaciones, y garantizar que no utilizan a civiles como “escudos humanos”.
- Evitar el uso de armas explosivas con efectos en una amplia superficie —como piezas de artillería, morteros y bombas aéreas no guiadas— en áreas urbanas y otras zonas densamente pobladas por civiles.
- Garantizar el acceso sin restricciones de las organizaciones humanitarias en todo Tigré, donde se ha obstaculizado el acceso a una ayuda humanitaria muy necesaria desde el comienzo de la ofensiva militar, el 4 de noviembre.
- Permitir el acceso de observadores de derechos humanos a Tigré.
- Solicitar el apoyo de actores regionales e internacionales para garantizar que se investigan debidamente los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario.
- Restablecer de inmediato las comunicaciones telefónicas y por Internet en Tigré respetando el derecho a la libertad de expresión.
