Londres.- Las fuerzas de seguridad presentes en Jammu y Cachemira no deben utilizar munición real salvo como último recurso para proteger vidas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Al menos 14 manifestantes han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones celebradas en Cachemira en los últimos cuatro días. Más de 150 personas han resultado heridas, entre ellas 22 miembros de las fuerzas de seguridad, en algunos de los enfrentamientos más violentos de los últimos años entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el turbulento valle de Cachemira.
“Algunas de las últimas manifestaciones han desembocado en violencia; aun así, las fuerzas de seguridad deben respetar y proteger el derecho a la vida en todo momento” afirmó Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Las fuerzas de seguridad sólo deben recurrir a las armas de fuego cuando sea inevitable para proteger vidas, y en la medida mínima necesaria, de conformidad con su propio manual y con las leyes y normas internacionales, entre ellas los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
“El número de casos de disparos con resultados mortales y sus circunstancias apuntan a que no siempre se ha hecho así” señaló Sam Zarifi.
Desde el viernes, 30 de julio, al domingo, 1 de agosto, nueve manifestantes murieron por arma de fuego en el curso de manifestaciones a manos de la policía estatal de Jammu y Cachemira y de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central. Hoy se han recibido informes de otras cinco muertes, entre ellas la de un manifestante que ha sucumbido a las heridas de bala que sufrió el sábado.
La violencia por parte de manifestantes en las últimas protestas ha incluido ataques contra una estación de tren y tres comisarías de policía. El domingo murieron cuatro personas en una explosión cuando los manifestantes prendieron fuego a la comisaría de policía de Khrew, cerca de Srinagar.
Amnistía Internacional es consciente de que las autoridades indias tienen el deber y la responsabilidad de proteger de ataques a la población y a funcionarios y bienes públicos, así como de investigar y procesar a los presuntos autores de delitos comunes reconocibles. El derecho a la libertad de reunión solamente es aplicable a las reuniones pacíficas. Los manifestantes que participan en abusos contra los derechos humanos deben responder de sus actos.
Del mismo modo, el derecho internacional dispone que todos los casos de disparos policiales deben ser investigados sin demora y con independencia, imparcialidad y exhaustividad. Los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos, con independencia de su rango, deben ser procesados con las garantías procesales que exigen las normas internacionales, y los sobrevivientes y los familiares de las víctimas deben recibir una reparación.
Información complementaria
A finales de mayo comenzó la última cadena de manifestaciones por la presunta ejecución extrajudicial de tres jóvenes en Machil, distrito de Baramulla. Las protestas arreciaron tras el homicidio de Tufail Mattoo, de 17 años, a manos de la policía el 11 de junio en Srinagar. Se han intensificado en sucesivos ciclos de protestas y nuevos homicidios por parte de las fuerzas de seguridad. Entre el 11 de junio y el 19 de julio, 17 manifestantes fueron víctimas de homicidio. Más de 300 personas –entre ellas 45 miembros de las fuerzas de seguridad– han resultado heridas hasta la fecha en las manifestaciones.
