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Las autoridades locales recurren a desalojos forzosos para pagar inmensas deudas

La policía arresta a una mujer que trata de detener la demolición de un edificio en Kuancheng, distrito de Changchun Jilin en el noreste de China. 9 de junio de 2010. © Colmillo Xinwu / Color China Photo Foto / AP

Los propietarios son obligados a dejar sus casas con amenazas, violencia, e incluso, por el secuestro de sus hijos

Los desalojos forzosos y violentos van en aumento en China mientras las autoridades locales intentan hacer frente a inmensas deudas confiscando tierras para venderlas después en el marco de sospechosos tratos con promotoras inmobiliarias, ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha instado al gobierno a tomar medidas.

En un nuevo informe, titulado Standing Their Ground, la organización pone de relieve cómo, en los dos últimos años y con objeto de dar paso a las inmobiliarias, han aumentado considerablemente los desalojos forzosos, que son causa de descontento en China desde hace mucho tiempo.

Los gobiernos locales han contraído enormes deudas con bancos estatales para financiar proyectos de crecimiento y ahora dependen de la venta de suelo para pagarlas.

Como consecuencia de ello se han producido muertes, palizas, actos de hostigamiento y encarcelamientos de personas expulsadas de sus hogares en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas.

Algunas personas estaban tan desesperadas, que se han prendido fuego como drástica protesta de último recurso.

Sin embargo, el Partido Comunista, gobernante en China, continúa ascendiendo a los funcionarios locales que promueven el crecimiento económico con independencia de cómo lo hagan. La reurbanización del suelo a toda costa, sea para nuevas carreteras, fábricas o complejos residenciales, está considerada el medio más directo de conseguir resultados visibles.

“Las autoridades chinas deben detener de inmediato todos los desalojos forzosos. Es preciso poner fin a los incentivos políticos, los beneficios fiscales y los ascensos profesionales que animan a las autoridades locales a seguir adelante con sus prácticas ilegales", ha manifestado Nicola Duckworth, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

De 40 desalojos forzosos que la organización ha examinado detenidamente en el marco de su investigación, 9 dieron lugar a muertes de personas que protestaban o se oponían a ellos.

En un caso, ocurrido el 3 de marzo de 2010, una mujer de 70 años, Wang Cuiyan, fue enterrada viva por un escavadora cuando un equipo de entre 30 y 40 obreros fueron a demoler su casa en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei.

Las autoridades locales continúan aprobando o pasando por alto el hostigamiento al que someten las inmobiliarias a los habitantes de las zonas desalojadas, valiéndose de tácticas despiadadas para expulsarlos de sus hogares y vender sus derechos al uso de la tierra.

Raras veces se lleva a cabo la debida consulta o comunicación previa que exige el derecho internacional o se proporciona una vivienda alternativa, y las indemnizaciones que se ofrecen no alcanzan en absoluto el valor de mercado.

Las víctimas de los desalojos son objeto de campañas concertadas en las que se las presiona con medidas como cortarles servicios esenciales como el agua y la calefacción. Los funcionarios públicos que se oponen a las ventas de suelo se enfrentan a menudo a represalias.

Los gobiernos locales y las promotoras inmobiliarias contratan con frecuencia a matones que utilizan barras de hierro y cuchillos para amedrentar a la gente. Activistas del derecho a la vivienda, abogados e intelectuales chinos han confirmado que, como ha determinado Amnistía Internacional, la policía no investiga casi nunca estos delitos.

Ejemplo de tal violencia fue un suceso ocurrido el 18 de abril de 2011, cuando un centenar de hombres entraron en el pueblo de Lichang, provincia de Jiangsu, y atacaron a unos campesinos para expulsarlos de sus tierras. Sacaron a rastras y golpearon a alrededor de 20 mujeres.

El 15 de junio de 2011, la policía de la ciudad de Wenchang, provincia de Sichuan, incluso se llevó a un niño de 20 meses y se negó a devolverlo hasta que su madre no firmara una orden de desahucio.

Quienes oponen resistencia a los desalojos forzosos suelen acabar en la cárcel o en centros de reeducación por el trabajo.

Ejemplo de ello es el caso Li Hongwei, víctima de desalojo forzoso a quien las autoridades de la provincia de Shandong condenaron a 21 meses de detención en un centro de reeducación por el trabajo por pronunciar dos discursos de protesta en una plaza en mayo del año pasado.

En el municipio de Hexia, provincia de Jiangxi, una mujer fue golpeada y obligada a esterilizarse, el 17 de marzo de 2011, por haber presentado una petición a las autoridades acerca de su desalojo, mientras que otras personas que la acompañaron fueron golpeadas. Amnistía Internacional considera que esta esterilización forzada es un acto de tortura.

Debido a la falta de independencia de los tribunales chinos, quienes intentan impugnar un desalojo o pedir resarcimiento tienen pocas esperanzas de conseguir que se haga justicia. Además, los abogados son reacios a aceptar casos de este tipo por temor a sufrir las consecuencias.

Sin acceso a la justicia, algunas personas han recurrido a la violencia e incluso a la autoinmolación como último recurso.

Amnistía Internacional ha reunido información sobre 41 casos de autoinmolación ocurridos entre 2009 y 2011 solamente como consecuencia de desalojos forzosos, lo que representa un considerable aumento en comparación con los menos de 10 casos de que se tuvo noticia durante todo el decenio anterior.

Los desalojos forzosos siguen siendo uno de los principales motivos de descontento popular en China. El primer ministro chino, Wen Jiabao, ha reconocido la gravedad de la situación, y se han hecho algunos avances en la protección contra los desalojos forzosos conforme al derecho y las normas internacionales.

Una nueva normativa aprobada en 2011 dispone por primera vez que la indemnización a los propietarios no debe ser inferior al valor de mercado y declara ilegal el uso de la violencia.

Sin embargo, estas nuevas leyes y reglamentos siguen distando mucho de contener las disposiciones necesarias y se aplican sólo a las zonas urbanas.

Las comunidades rurales siguen siendo vulnerables a los desalojos forzosos, particularmente las que están cerca de zonas urbanas. Con la urbanización aumentando tan rápidamente en torno a ellos y dado que las indemnizaciones están basadas en el valor agrícola en vez de en el verdadero valor de mercado, los campesinos se ven a menudo obligados a abandonar las comunidades donde llevan toda la vida viviendo.

Otra importante deficiencia de la última normativa es que sólo brinda protección a los propietarios del suelo y no tiene en cuenta los derechos de los arrendatarios.

Los desalojos forzosos -la expulsión contra su voluntad de personas, familias o comunidades de sus hogares y de la tierra que ocupan sin acceso a protección jurídica ni de otro tipo- están prohibidos por el derecho internacional.

  • Amnistía Internacional pide a las autoridades que detengan de inmediato todos los desalojos forzosos y garanticen que se establecen salvaguardias adecuadas, conforme al derecho internacional, lo que incluye:
  • Aplicar medidas efectivas para garantizar a toda la población un grado de seguridad de tenencia que la proteja de los desalojos forzosos y otras amenazas y formas de hostigamiento.
  • Garantizar que nadie se queda sin hogar como consecuencia de un desalojo forzoso y que todas las personas que no pueden buscarse el sustento reciben una vivienda alternativa adecuada.
  • Garantizar que todas las víctimas de desalojo forzoso tienen acceso a la evaluación independiente e imparcial de su queja y a un recurso efectivo.
  • Sancionar y procesar a quienes utilicen la violencia durante el proceso de desalojo.


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